Le llegó la hora al gasto

Después de varias semanas de discusiones y consensos acerca de cómo debía ser el ajuste fiscal, el gobierno se decidió por una reforma tributaria bastante menos ambiciosa que la propuesta inicialmente, a la vez que aumentó sus pretensiones de recorte de gasto. La filosofía detrás de toda esta estrategia es la de aliviar a la economía de una mayor carga tributaria que podría afectar el crecimiento, y concentrar las energías en ajustar el tamaño del Estado.



Esto es perfectamente consistente con los múltiples diagnósticos que se han hecho sobre el origen del desequilibrio fiscal y pone en perspectiva la solución del problema de las finanzas públicas.



Un enfoque bastante lógico, además, si se tiene en cuenta que en los últimos diez años se han hecho seis reformas tributarias con resultados muy poco satisfactorios. En efecto, mientras que los gastos del sector público aumentaron 19 puntos del PIB entre 1990 y el 2001, los ingresos lo hicieron en apenas 6 puntos, una desproporción que difícilmente podrá corregirse mediante más impuestos.



De acuerdo con el informe que presentó recientemente la Misión del Ingreso Público contratada por el ministro Santos, precisamente para estudiar la situación de las finanzas públicas, para garantizar la sostenibilidad de la deuda se requiere un ajuste de casi 3,0% y 4,5% del PIB, dependiendo del supuesto que se haga sobre crecimiento económico y del monto de inversión en seguridad.



Si se tiene en cuenta que con la reforma tributaria se piensa recaudar un 1% del PIB, el resto del ajuste, es decir, de 2% a 3,5%, deberá venir de la reducción del gasto, lo cual es un reto bastante grande para el gobierno, pero muy bienvenido. Es lo que el mercado está esperando desde hace años y lo único que lograría que los inversionistas recuperaran la confianza en el país. De hecho, en la espera, el país no solo perdió su calificación grado de inversión (Baa3), sino que descendió dos posiciones en la escala, a Ba2, y está muy próximo a una nueva descalificación. Para las calificadoras Moody's, Fitch y S&P, la falta de acción en el tema del ajuste ha aumentado el riesgo soberano de Colombia y, por este motivo, han puesto la calificación del país en perspectiva negativa.



Las razones son muy claras y en esto no hay que equivocarse. Mientras Colombia no haga la tarea que garantice que hacia adelante podrá honrar los compromisos de la deuda pública, tanto los mercados como las calificadoras seguirán escépticos. Esto queda claro por los movimientos de los spreads (prima sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos) de la deuda externa latinoamericana en las últimas semanas.



Todos sin excepción aumentaron a raíz de los problemas políticos en Brasil, pero todos, salvo los de Colombia, se recuperaron parcialmente a raíz del aval por US$30.000 millones que el Fondo Monetario Internacional le otorgó a Brasil. El spread del bono colombiano que en enero se cotizaba a 591 puntos básicos, hoy se cotiza a 957 puntos, ligeramente inferior al spread de la deuda venezolana que está en 1.073 puntos básicos y que tiene una calificación de B2. El spread del papel colombiano está reflejando el riesgo implícito en el mismo, el cual seguirá aumentando en tanto no se hagan las reformas necesarias para corregir el desequilibrio fiscal.



La reforma



La reforma tributaria del ministro de Hacienda, Roberto Junguito, exige del sector empresarial un sacrificio que resulta excesivo, si se tiene en cuenta que el aumento previsto de 3,5 puntos en la tarifa del impuesto de renta, que hoy está en 35%, recaerá exclusivamente sobre los mismos contribuyentes que pagaron el impuesto de 1,2% al patrimonio. Una tarifa de renta tan alta no es conveniente y mucho menos en momentos en los que se requiere aumentar la inversión para estimular el crecimiento.



Lo más equitativo, en lugar de caerles siempre a los mismos, habría sido aumentar la base de contribuyentes del impuesto de renta, para así poder reducir las tarifas. La disposición a pagar impuestos aumenta en la medida que los contribuyentes sienten que hay equidad en el sistema. Si no es así, se logra el efecto contrario, que finalmente termina en una mayor informalidad y evasión.



Por otra parte, por formar parte de la lista de posibles contribuyentes, el aumento del impuesto recaerá también sobre los asalariados, quienes --a pesar de no declarar renta-- se verán afectados, vía una mayor retención.



La reforma incluye además la eliminación de algunas exenciones tributarias, a la vez que incorpora algunas nuevas en sectores prioritarios para el presidente Uribe, como los hoteles, el río Magdalena y la energía eólica.



En el candente tema del IVA, la reforma es bastante tímida. A pesar de la recomendación de la Misión de aumentar la base para lograr así un mayor recaudo, el gobierno optó por un escenario intermedio en el que introduce una nueva tasa de IVA de 8% que aplicará a productos que actualmente están exentos y que no afectan la canasta familiar.



De otra parte, para el control de la evasión, la reforma establece un aumento en la eficiencia de los recaudos para lo cual prevé un fortalecimiento de la Dian y cárcel para los evasores.



Por último, la reforma prevé un aumento importante de los tributos de las entidades territoriales. Esto con el fin de que puedan compensar la reducción en los ingresos proveniente del acto legislativo del año pasado que redujo las transferencias a las regiones. Así, la reforma establece que los municipios podrán aumentar los impuestos de vehículos, predial, alcohol, tabaco e incluso aumentar en un 5% la sobretasa a la gasolina.



Mediante la reforma, el gobierno aspira a recaudar $1,5 billones para el gobierno central, equivalentes a 0,7 puntos del PIB, 0,3 de los cuales provendrán de la ampliación de la base del IVA, 0,2 de la sobretasa al impuesto de renta, 0,1 de la mayor eficiencia en el recaudo y 0,1 del aumento de los gravámenes arancelarios. El aumento en los recaudos de las entidades territoriales se estima en $500.000 millones.



Para el recorte del gasto, el gobierno incorporaría un artículo en el referendo que presentará a la opinión pública en enero de 2003, en el cual propone la congelación de los gastos de funcionamiento del sector público e incluso de un recorte de los mismos de un 10%. Este, sin embargo, no está listo aún. Si el gobierno falla en esta iniciativa, no tiene más remedio que encontrar la manera de hacerlo, pues el ajuste en el gasto hay que hacerlo... a las buenas o a las malas.