La SIC, pieza fundamental en el Gobierno Duque

Un buen ejemplo de ello es el papel que juega la SIC para la Economía Naranja, entendida como el conjunto de actividades económicas que tienen como insumo principal la creatividad, el intelecto, la investigación y la innovación. Por ello, la promoción, difusión y adecuada protección de la propiedad intelectual es un elemento fundamental que constituye el cimiento mismo de la Economía Naranja. Casi que se podría afirmar que no hay Economía Naranja sin propiedad intelectual.

Por lo anterior, desde la SIC se debe buscar que cada vez más colombianos registren sus invenciones, marcas, diseños industriales y demás derechos. Pero, sobre todo, hay que avanzar para que esos registros no se queden en un simple título, sino que se conviertan en una verdadera fuente de riqueza, a través de la monetización, licenciamiento y cobro de regalías, incluso como garantía para obtener financiación, de manera que los titulares le saquen “todo el jugo” a los derechos de propiedad intelectual, política que tiene que ser llevada a las regiones como parte de los diálogos empresariales regionales que se están promoviendo.

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En la misma línea se encuentra la misión de la SIC como autoridad de protección de los datos personales, labor que cobra mucha más relevancia en un mundo cada vez más digital, tanto para la vida personal y social de los ciudadanos, como para las empresas y el entorno de los negocios. De un lado, se debe garantizar el mandato constitucional y legal de proteger los datos personales de los ciudadanos, especialmente los derechos de los niños como base fundamental de la familia y sujetos de especial protección. Del otro, la SIC debe tener especial cuidado en no convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la economía digital, y contribuir para que Colombia se convierta en un líder regional en emprendimiento digital, inteligencia artificial, robótica, desarrollo de software, internet de las cosas, entre otras.

Para finalizar, la SIC debe seguir construyendo sobre lo construido en materia de protección de la libre competencia y los derechos de los consumidores, que constituyen la columna vertebral de nuestra economía de mercado y van en línea con la política de promoción de Legalidad y Transparencia. La Superintendencia debe seguir combatiendo férreamente los carteles empresariales, y en especial, reforzar el Grupo Élite que persigue prácticas corruptas en los contratos estatales, para que los recursos públicos se inviertan en satisfacer las necesidades de los ciudadanos y no se pierdan en las manos de los corruptos.

Por: Felipe García Pineda

Aspirante Superintendencia de Industria y Comercio

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