La incapacidad del Gobierno ante problemas sociales

La protesta, que comenzó el pasado 19 de agosto, fue manejada al comienzo por el Gobierno sin la importancia requerida, hasta que los bloqueos de carreteras por parte de los campesinos llevaron al mandatario a reconocer, en la segunda semana de la huelga, que las de los labriegos "son reclamaciones válidas".

"Ha sido un manejo absolutamente errático e improvisado de la situación. Inicialmente el presidente subestimó el paro y llegó a negar su existencia cuando se sabía desde hace meses que fuerzas sociales se estaban movilizando, algunas teledirigidas por las FARC desde La Habana", dijo a Efe el analista político Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario.

El desconocimiento de la huelga por parte del presidente, que cuando la protesta cumplía una semana afirmó que "el tal paro nacional agrario no existe", enardeció a los campesinos, lo que le llevó a entonar un mea culpa dos días después en un visita a Tunja, capital del departamento de Boyacá y epicentro de las protestas.

En esa visita, Santos aceptó iniciar negociaciones con representantes de los labriegos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, proceso que sólo hoy, después de cuatro días de prolongadas reuniones, arrojó un primer acuerdo para levantar los bloqueos, cuando el presidente dijo que, ante la falta de resultados, había ordenado el regreso a Bogotá de sus delegados.

Según Torrijos, Santos sabe que del manejo que dé a esta protesta social depende la continuidad del diálogo en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que ha apostado todo su capital político, y por eso ha caído en dudas y contradicciones que no contribuyen a una solución.

"Esta actitud obedece justamente al miedo de romper de manera directa o indirecta la negociación con las FARC y esto ha llevado al país al caos y la anarquía", agregó el analista en alusión a la parálisis en las carreteras y a los disturbios que ayer llegaron hasta el centro mismo de Bogotá.

Para los analistas, el desafío planteado por campesinos que piden bajar el precio de los combustibles y de los fertilizantes, control a las importaciones agrícolas por la vía de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y más créditos, entre otras medidas, y la incapacidad del Gobierno para resolver la si