La Asamblea Constituyente de 1.991

La última gran reforma que se hizo a la Constitución expedida en 1.886 fue durante el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, en 1.968. Antes se hicieron otras, como la de 1.905 con el general Rafael Reyes a la cabeza del gobierno y la de 1.910, a raíz de su inesperada fuga de la Presidencia de la República. Vino luego la muy célebre de 1.936, propiciada por el partido liberal durante el gobierno de “la revolución en marcha” que presidió el doctor Alfonso López Pumarejo. También se hicieron reformas en 1.945. En diciembre de 1957 se reformó la Constitución por medio de un Plebiscito aprobatorio de los acuerdos partidistas que dieron origen al período del Frente Nacional.

La etapa preconstituyente.
Cuando se iniciaba otra etapa de nuestra democracia con la presidencia del doctor Alfonso López Michelsen, ---en 1.974 terminó la alternación de los partidos en el gobierno pero se mantuvo la paridad hasta 1978---, el Presidente de la República propuso al Congreso la convocatoria de lo que se llamó la pequeña Constituyente, para introducir necesarias reformas institucionales en asuntos relacionados con la justicia y la administración pública. El Congreso aprobó su convocatoria, pero la Honorable Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Acto Legislativo, por vicios de forma en su trámite.

El siguiente gobierno, presidido por el doctor Julio Cesar Turbay Ayala, presentó al Congreso un proyecto de Acto Legislativo para lograr la anhelada reforma. Cada vez se consideraba de la mayor importancia actualizar la legislación constitucional. Las Cámaras le dieron aprobación y comenzaron a ejecutarse las nuevas disposiciones, pero de nuevo la Honorable Corte, por las mismas razones que dieron al traste con la anterior reforma, la declaró contraria a la Constitución e inaplicable.

Había que insistir. Por eso en 1988, el doctor Virgilio Barco Vargas, nuevo Presidente de la República, también le propuso al Congreso una importante reforma a la Carta Política. El trámite de primera vuelta se dio rápidamente y sin contratiempos. En la segunda vuelta constitucional surgió en la Cámara de Representantes un hecho perturbador: algunos parlamentarios propusieron agregar otro artículo, mediante el cual se disponía convocar un plebiscito para que el pueblo se pronunciara sobre la extradición de colombianos.

El gobierno, el Partido Liberal y muchos medios de comunicación, consideraron que esa inesperada propuesta era propiciada por el narcotráfico, por lo que se opusieron resueltamente a su aprobación. El Ministro de gobierno, doctor Carlos Lemus Simons, y el director del Partido Liberal, expresidente Turbay Ayala, pidieron a la Cámara la negación del referido precepto. No fueron escuchados. La reforma, con la modificación mencionada, fue aprobada en el quinto y en el sexto debate. Solo quedaban por tramitar los dos reglamentarios del Senado de la República.

En la Comisión Primera del Senado la discusión fue intensa. El país se mantuvo al tanto de la situación por informaciones continuas que proporcionaban los medios de comunicación. Hubo prolongados diálogos del gobierno con los partidos y de estos con sus bancadas, en medio de gran confusión y nerviosismo pues ocurrían continuas presiones y acosos del narcotráfico sobre el Congreso. Ya no había duda de que los extraditables buscaban un pronunciamiento popular que pudieran manipular, para obtener la cancelación de la extradición que estaba vigente desde el asesinato del Ministro Lara Bonilla. Concluido el debate en la Comisión Primera, fue aprobado el artículo inconveniente. Solo tres Senadores votamos en contra.

En la plenaria del Senado la discusión fue áspera, vehemente, de mucho vigor, de enormes contrastes. Por ser mayoría, la responsabilidad del resultado corría por cuenta del liberalismo, partido de gobierno. En las discusiones preliminares se apreció un gran respaldo al proyecto. Para tratar de modificar la situación el Partido Liberal se jugó una última carta convocando de urgencia su Junta de Senadores, la que en materia de solidaridad con el gobierno dejó mucho que desear. Por esa razón el Ministro de Gobierno, en los últimos instantes de la discusión parlamentaria, retiró la propuesta. Se frustró otro proyecto de reforma constitucional.

La negativa del gobierno a propósito de un plebiscito sobre la extradición y la lucha que las autoridades adelantaban contra el narcotráfico, incrementaron las situaciones de violencia ejecutadas por los capos de la droga. Había sido asesinado el importante dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, posible candidato de la izquierda a la Jefatura del Estado. Cuando apenas comenzaba la campaña presidencial para las elecciones de 1990, fue asesinado el representante a la Cámara y candidato de oposición, Dr. Bernardo Jaramillo Ossa. Luego, en desarrollo de la consulta liberal, fue asesinado el doctor Luis Carlos Galán, quien con toda seguridad iba a ser el candidato del Partido. Incluso, ya se apostaba a su favor como próximo Presidente de la República.

Fue enorme la indignación del País. Uno de los sectores más dolidos por la muerte de Galán y por la tragedia nacional de la violencia fue el estudiantil, que decidió organizarse para protestar contra los violentos y exigir soluciones a las autoridades. A la vigorosa juventud que con indignación reclamaba autoridad y paz le pareció que Colombia necesitaba unas fuertes reformas institucionales que propiciaran la convivencia, fortalecieran la justicia, le dieran un vuelco a la administración pública y crearan las condiciones para ponerle fin al conflicto armado. Colombia requería una nueva Constitución, dijeron, y se lanzaron a la calle a reclamarla con vehemencia.

Según las normas de entonces solo el Congreso de la República podía reformar la Constitución. Los universitarios invocaron la presencia comunitaria con el objeto de que exigiera la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Para abrirle camino a la propuesta, entendiendo que el pueblo es soberano, plantearon a los ciudadanos que se aprestaban a elegir Corporaciones Públicas mediante el procedimiento de depositar papeletas en la urna, que incluyeran una adicional pidiendo un plebiscito constituyente. Así surgió el proceso de “la séptima papeleta”.

Entre tanto, el nuevo liberalismo acogió el nombre del doctor Cesar Gaviria Trujillo para que lo representara en la consulta liberal, según propuesta presentada por el hijo mayor del doctor Galán Sarmiento, Juan Manuel, en el discurso que pronunció en el cementerio de Bogotá para despedir a su padre asesinado.

El 11 de Marzo de 1.990 se realizó la elección para elegir el nuevo Congreso de la República. Ese mismo día se definía la consulta popular del partido liberal sobre candidatura presidencial. El liberalismo ganó la elección de congresistas y el doctor Gaviria Trujillo fue escogido como candidato a la Jefatura del Estado con una votación impresionante, muy por encima de las expectativas de su colectividad. Mucha gente de otras orientaciones partidistas votó para rendir homenaje al mártir asesinado por la mafia de Pablo Escobar.


La séptima papeleta.
La iniciativa estudiantil tuvo acogida en distintos círculos sociales, juveniles y empresariales. Los políticos, con valiosas excepciones, no le prestaron mayor atención y prefirieron correr el rumor de que se trataba de una actividad propagandística, con fines políticos, absolutamente ilegal. No estaba autorizada por las autoridades electorales, realmente, pero el entusiasmo de la juventud universitaria fue notable y convenció a muchas personas para que depositaran la papeleta en la urna.

Transcurrido el debate, junto a las noticias sobre la composición del nuevo Congreso Nacional y el nombre del candidato liberal, se hicieron abundantes informaciones sobre los resultados de la papeleta promovida por la juventud. Los periodistas proporcionaron cifras muy diferentes, que oscilaban entre dos y cinco millones de sufragios. Eran especulaciones surgidas del entusiasmo con que la juventud hizo presencia en distintos sitios del País a lo largo de la jornada electoral. La séptima papeleta apareció en todas las mesas de votación, pero nunca se contó porque no era procedente. Sin embargo, fue un hecho político trascendental a partir del cual quedó la sensación de que el pueblo colombiano solicitaba la convocatoria a una Asamblea popular que reformara la centenaria Constitución de 1.886.


Presidente Barco convoca a un plebiscito.
Sobre este fenómeno pensaba el gobierno del Presidente Barco con interés y curiosidad. Luego de muchos análisis, de enormes controversias, de posiciones encontradas que surgieron de todos los estamentos nacionales, el doctor Barco y quienes lo acompañábamos en el gobierno nos definimos a favor de convocar un plebiscito para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la conveniencia de convocar una Corporación que asumiera la tarea de hacer las reformas.

¿Pero cómo, si la Constitución vigente solo permitía reformarla por medio del Congreso de la República?

Después de estudiar la compleja situación, se llegó a la siguiente conclusión. La mayoría de los análisis sobre el constitucionalismo indicaban la necesidad de un cambio institucional profundo. En ello estábamos de acuerdo el movimiento de la Séptima Papeleta, muchos políticos, la academia, el gobierno, sectores sociales, muchísima gente, pues considerábamos que se requerían modificaciones para abrir la democracia, crear un modelo económico y de desarrollo incluyente en el que la participación fuera realidad, modificar de fondo el sistema judicial, fortalecer las instituciones públicas, superar el alzamiento armado, propiciar convivencia y dotar al Estado de instrumentos efectivos para combatir la delincuencia. Si ello era así, y evidentemente lo era, ameritaba apelar a la legislación sobre orden público, que permitía tomar decisiones excepcionales. Además, no se encontró otra vía ni ningún otro procedimiento.

Paradójica situación, si se tiene en cuenta que una de las peticiones más encarecidas que se hacían para justificar la convocatoria de una reforma constitucional, tenía que ver con la abolición del Estado de Sitio, consagrado en el art. 121 de la Carta. Por los antecedentes, por los atropellos que durante un siglo se cometieron bajo el amparo de esta norma odiada por los demócratas, era la más razonable de las peticiones. Pero no había más remedio. Si se quería salir adelante, tocaba declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la nación.

Así se hizo mediante el decreto N° 927 del 3 de Mayo de 1.990. Faltaba someterlo a control constitucional.

Por cierto en esos anteriores días, el 26 de Abril de 1.990, fue asesinado otro candidato presidencial, Carlos Pizarro Leóngómez, comandante del M-19, grupo insurgente recién incorporado a la lucha política democrática.

Los debates en la Corte Suprema fueron intensos. El país vivió grandes momentos de ansiedad e incertidumbre por lo contradictorias que eran las informaciones que se filtraban sobre las discusiones en el alto Tribunal.

Recuerdo que estábamos en el proceso de paz con el EPL, agrupación guerrillera que hacía mucho tiempo estaba propugnado por una Asamblea Constituyente, como punto prioritario para suscribir los acuerdos. Por medio de uno de los contactos que estaba en la vida civil les sugerí que le escribieran a la Honorable Corte haciéndole ese planteamiento. Les pareció apropiado. La declaración me fue entregada personalmente y a gatas me vi para hacerla llegar a la Corporación Judicial sin que sus miembros supieran que el gobierno nacional tenía algo que ver con ello, porque podrían denunciar que estábamos haciendo una presión indebida. Al final, el pronunciamiento fue favorable y se pudo hacer la convocatoria ciudadana para el mismo día en el que se iba a elegir presidente de la República, el día 27 de Mayo. Como ya quedó anotado, las elecciones presidenciales las ganó el doctor Cesar Gaviria Trujillo. En el plebiscito ganó el SI con 4´991.887 votos, contra 226.451 votos por el NO.

A partir de entonces llovieron opiniones sobre la manera de realizar la consulta. Se hicieron constantes reuniones con los Partidos y se trabajó intensamente sobre los distintos aspectos de la reforma. Por entonces se hablaba de una Asamblea Constitucional, en la que se tomarían decisiones sobre los temas que no pudieron definirse en los gobiernos anteriores. La euforia era enorme. También las especulaciones y las expectativas. Al frente de la novedosa situación estuvo desde un principio el recién elegido Presidente de la República. El 2 de Agosto se logró un acuerdo político sobre las materias que debían estudiarse en la Asamblea.

Luego, ya en ejercicio del cargo, el Presidente Gaviria también utilizó la legislación de orden público para dictar el Decreto N° 1.926, sobre alcances y funcionamiento de la nueva Corporación, que fue a examen constitucional. Para sorpresa de muchos, la Honorable Corte sentenció que proviniendo la convocatoria de una decisión asumida por el pueblo soberano, en funciones de constituyente primario, se trataba de una Asamblea Constituyente, con amplias facultades para reformar todos los temas que estimara apropiados, incluso para expedir una nueva Constitución Nacional. El pronunciamiento de la Honorable Corte fue el 9 de Octubre.

Elección de la Constituyente.
La elección de sus integrantes se fijó para el día 9 de Diciembre de 1.990. Serían 70, elegidos por circunscripción nacional, sistema electoral inédito en nuestras costumbres electorales. El país estaba contento, pero en el sector político existían repartos, desconfianza y poca credibilidad sobre la importancia, procedencia y dimensión de la Constituyente.

Los congresistas de la época no le prestaron mucha atención ni le dieron la dimensión que tenía. Habían sido elegidos recientemente con una votación sin precedentes y no tenían más remedio que esperar a que pasara esa “ventolera reformista” para continuar legislando. La verdad es que no existía ningún antecedente cercano que sirviera para valorar la convocatoria de la Constituyente y sus consecuencias, que algunos veíamos trascendentales, máxime después de los pronunciamientos de la Honorable Corte. Pero ni por esas. En su gran mayoría los jefes políticos tradicionales decidieron postular a intelectuales, académicos y personas de mucha nombradía, a los que luego no apoyaron con la decisión y energía como acostumbraban a hacer sus propias campañas. No cayeron en cuenta que se trataba de elegir una Corporación esencialmente política, con el más importante de los encargos públicos: elaborar la Constitución Nacional.

Organizaciones políticas como el M-19, recién incorporado a la vida democrática, y personalidades como Álvaro Gómez Hurtado, comprendieron la importancia del momento. El Partido Conservador escogió al más sobresaliente de sus miembros para que encabezara la lista de candidatos, expresidente Misael Pastrana Borrero, e incluyó en ella a insignes personajes del conservatismo, todos líderes en el nivel nacional. Sectores de las etnias y de las comunidades religiosas advirtieron que se trataba de una oportunidad sin precedentes. Pero los grandes electores de todos los partidos prefirieron seguir en el Congreso. De más de trecientos legisladores, solo tres decidimos renunciar a nuestra condición de Senadores para buscar una curul en la Constituyente: Jaime Castro, Diego Pardo Koopel y yo. Nadie lo hizo en la Cámara de Representantes.

Los demás se quedaron esperando que llegara Julio de 1.991 para continuar sus labores ordinarias. Fue una decisión políticamente incorrecta.

La campaña se dio entretenida, sin la emotividad ni la presencia popular características de las elecciones ordinarias. Todas y todos los candidatos presentábamos propuestas sobre el Estatuto Constitucional que necesitaba Colombia. El punto más común: eliminar el Estado de Sitio. También suprimir la cooptación en el sistema de elección de Magistrados, crear la Corte Constitucional, establecer la Vicepresidencia, alcanzar el equilibro de los poderes públicos, acabar el bipartidismo, lograr la paz, definir la libertad de cultos, crear la Fiscalía, en fin, innumerables propuestas que llamaban la atención de la ciudadanía. Uno de los temas que se comentó ampliamente, respecto del cual se definieron compromisos públicos con la satisfacción de amplios sectores cívicos, sociales y políticos, fue el de la no extradición de colombianos.

La fecha de las elecciones transcurrió muy tranquila. La sorpresa del día se produjo cuando empezaba a anochecer. El Ejército había ocupado, en una operación de asalto sin cercanos antecedentes, la zona conocida como Casa Verde, en el sur del país, donde se suponía que vivían los jefes superiores de las Farc. El descontento fue enorme. Varias veces se había comentado la posibilidad de ocupar ese lugar, considerado un santuario del grupo guerrillero, pero nadie podía imaginarse que fuera a ocurrir precisamente ese día, cuando se estaba eligiendo el más importante cuerpo legislativo de Colombia a lo largo de todo un siglo, el cual tendría como uno de sus propósitos esenciales lograr la paz con la guerrilla. Nadie descifraba el mensaje que se pretendió enviar con esta acción, que por cierto resultó un fracaso desde el punto de vista militar A estas alturas sigue siendo un misterio.

En la elección de miembros de la Constituyente hubo 3´710.557 votos. Los resultados sorprendieron, por la baja votación y por la forma como quedó integrada la Asamblea. El partido liberal, en operación “avispa”, eligió 25 delegatarios. El M-19 en una sola lista encabezada por Antonio Navarro Wolf, sacó 19. Salvación Nacional, a la cabeza de la cual estuvo Álvaro Gómez Hurtado, 11 constituyentes. 5 eligió la lista del Partido Social conservador con la cabeza del expresidente Misael Pastrana Borrero. Las otras curules fueron ocupadas por voceros de la UP, indígenas, cristianos y algunas expresiones independientes. Pocas mujeres, algunos jóvenes, mucha gente nueva. A los 70 elegidos se sumaron 2 constituyentes en representación del EPL ---integrado a la lucha política democrática---, designados por el Presidente de la República. También el Presidente, quien disponía de facultades legales para hacerlo, designó 1, con voz pero sin voto, en representación del grupo exguerrillero Quintín Lame y otro, también solo con voz, en representación del Partido Revolucionario de los Trabajadores ---PRT---.
Organización, funcionamiento y Presidencia colegiada.

Por primera vez en muchos años el Partido Liberal no era mayoría absoluta en una Corporación pública. Por primea vez hacían parte de una Asamblea política expresiones no partidistas que representaban etnias y religiones. Por primera vez se hizo una elección por circunscripción nacional. Por primera vez se utilizó el procedimiento del tarjetón. Después de 105 años se iba a expedir una nueva Constitución.

El Partido Liberal pretendió la presidencia de la Asamblea, con el argumento de que, después de todo, era la minoría mayoritaria representando algo más de la tercera parte de los miembros. La respuesta fue un acuerdo al que llegaron las bancadas del M-19 y de Salvación Nacional, para hacer mayoría. Esta alianza extrañó mucho porque un par de años antes el M-19 había secuestrado al doctor Gómez Hurtado. Buscaban impedir que el liberalismo, con Cesar Gaviria en la Presidencia de la República, dominara políticamente la Constituyente. Los dos sectores sumaban 30 curules y a ellos se agregaron la mayoría de los independientes, completando más de la mitad de la Corpporación, suficiente para designar directiva y dominar las votaciones.

Pero no era tan fácil desestimar la presencia del liberalismo en la Asamblea y su importancia en la política nacional. Hubo propuestas y protestas. Iniciativas, reclamos, sugerencias y al final un acuerdo que a casi nadie le pareció procedente: una presidencia tripartita, compuesta por Álvaro Gómez Hurtado de Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolf del M-19 y Horacio Serpa Uribe del Partido Liberal. Fue el primer acuerdo y el más importante de todos, pues de este se desprendieron muchos, a los que se llegó en el propósito unánime de cumplir de manera edificante el mandato de elaborar una Constitución democrática, incluyente, pluralista, que interpretara a todas y todos los colombianos y permitiera lograr satisfactorios acuerdos de convivencia con los sectores guerrilleros que seguían levantados en armas.

A propósito de la insurgencia, estimulada la Constituyente por la vinculación a la vida democrática de varias de las organizaciones guerrilleras, con representación propia en la Corporación, se debatió varias veces la necesidad de hacer contacto con las Farc y el Eln para pedirles a sus jefes que se expresaran sobre el contenido de la nueva Constitución. Después de todo, el logro de la paz era uno de los objetivos más urgentes y preciosos del país. Incluso se habló de invitarlos a exponer sus argumentos y razones en el seno de la propia Asamblea.

Nunca se pudo concretar esta idea. Pero se presentaron unos acontecimientos en los que la Asamblea, por medio de delegados, tuvo importante protagonismo. Un grupo de personas afectas a la insurgencia, estimuladas por el Constituyente Alvaro Leyva Durán ---infatigable luchador por la paz--- se tomó la Embajada de Venezuela y allí estuvieron, conversando con ellos, un grupo de voceros de la Constituyente. De esas charlas surgió la importancia de sostener un diálogo más amplio con diferentes sectores representativos de la sociedad colombiana, el cual se desarrolló en Cravo Norte, donde directamente estuvo la guerrilla. Las conversaciones así sostenidas derivaron en el proceso de paz de Caracas, entre el gobierno del presidente Gaviria y la Coordinadora Guerrillera.

Las deliberaciones constitucionales fueron intensas, emotivas, ininterrumpidas, a veces apasionadas, siempre entusiastas. En esas 74 personas estuvo representada Colombia entera. Un expresidente de la República, los hijos de dos expresidentes, exministros, exgobernadores, excongresistas, hombres y mujeres, católicos y protestantes, indígenas, negros, veteranos y jóvenes, costeños e interioranos, ricos y pobres, doctos, académicos, gente del común, militantes de todas las doctrinas, exguerrilleros. Todas y todos a una, entusiasmados por cumplir, examinando las realidades nacionales, superando seculares diferencias para encontrar consensos, en armonía, pensando de manera especial en el bien común.

Los grandes debates.
Hubo intensas polémicas. El preámbulo de la Carta demandó bastantes análisis y la discusión sobre si la Constitución se expediría en nombre de Dios o del pueblo, demandó bastante tiempo. Fue interesante y prolongado este debate, en el que surgieron argumentos y explicaciones teológicas, filosóficas, históricas, religiosas, laicas, democráticas, toda una gama de planteamientos serios, responsables, respetables, al fin de los cuales se alcanzó un amplio consenso para expedirla “en nombre del pueblo………, bajo la protección de Dios”.

Otra discusión interesante fue sobre el derecho a la vida, dado que algunos, con razón, explicaban que era un derecho natural, no concedido por las leyes de los hombres. Prevaleció el pragmatismo: “Si no se le respeta incluyéndolo en el Código mayor, como será si no aparece”. Aprobado.

El debate sobre la extradición fue intenso e interesante. Se venía aplicando y contra ella luchaban los narcotraficantes porque preferían “una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. Habían cometido toda clase de barbaridades, asesinatos, secuestros, sobornos y ciertamente tenían intimidado al País. Por vía administrativa se había reglado que no se aplicaría a quienes se entregaran a la justicia, cedieran al Estado sus bienes logrados ilegítimamente y se comprometieran a no volver a delinquir. Como antes se anotó, en la campaña electoral se examinó ampliamente el tema y la mayoría de los aspirantes nos habíamos manifestado a favor de la no extradición de nacionales. Fue lo que al final del debate constituyente se resolvió, incluyendo una cláusula por virtud de la cual se determinó que, por supuesto, serían juzgados en Colombia.

Como consecuencia de la referida decisión se entregó a las autoridades el capo mayor, Pablo Escobar, quien fue recluido con varios de sus conmilitones en la cárcel denominada La Catedral. Sobre este espinoso asunto se ha especulado bastante, hasta el punto de decirse que los narcos compraron los votos de los constituyentes. Incluso se pasó un video en el que uno de los miembros de la Asamblea aparecía en el momento de recibir un dinero, a título de soborno. No hubo tal. El video fue una patraña a la que se prestó desdorosamente el único constituyente que no habló a lo largo de toda la deliberación de 5 meses, de nombre Augusto Ramírez, elegido por el M-19, procedente de Puerto Boyacá. Así lo reconoció el señor Joe Toff, representante de la DEA en Colombia, en declaración que concedió a raíz de su traslado. La mayoría de los Constituyentes, por diferentes razones, no éramos partidarios de la extradición, y así lo habíamos expuesto con la mayor claridad en diferentes oportunidades y lugares. Valiosos miembros de la Asamblea se opusieron a la decisión, con elocuentes y variados argumentos.

En esa época compleja, la mayoría de los colombianos, políticos, gobernantes, empresarios, académicos, periodistas, ciudadanos, por las causas que fueran, estaban en contra de la extradición. Cuando la norma se aprobó hubo un alivio general.

Muchos otros temas fueron objeto de intensos debates y contradicciones. Se discutió sobre la doctrina de la seguridad nacional, por ejemplo, y se planteó la necesidad de reconocer a la Policía su vocación natural de ser una fuerza armada de naturaleza civil. La libertad religiosa fue objeto de juiciosos análisis. También lo relacionado con la responsabilidad de los medios de comunicación, lo relativo a monopolios, los servicios públicos, la administración de justicia, la independencia de las ramas del Poder Público. Como cosa especial, se discutieron los alcances de la Gran Asamblea, de la cual algunos predicaron que era “omnímoda y omnipotente”.

Sobre estos argumentos se debatió con frecuencia, especialmente cuando se planteaba la revocatoria de algunos poderes, como la Contraloría, la Procuraduría y, aún, la Presidencia de la República. A muchos no nos pareció que hasta allá se debiera llegar, pero fue inevitable el debate sobre la revocatoria del Congreso. Mucho se insistió en ello. Un día dijo Antonio Navarro que venía “una tractomula con cinco millones de firmas” pidiendo que se cerrara el Congreso. Con seguridad se varó en el camino, pero lo cierto era que una importante mayoría, dentro de la cual se anotaban algunos liberales, estaba resuelta a hacerlo.

Existía gran preocupación en el gobierno, el que a lo largo de las deliberaciones estuvo representado por el Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, quien cumplió una formidable labor. Yo compartía esa preocupación y una noche, frente a la realidad de la mayoría por la revocatoria, el Presidente Gaviria convocó a una reunión, a la que entre otras personas asistimos Álvaro Gómez, Antonio Navarro, el Ministro de Gobierno, el doctor Alfonso López Michelsen director del Partido Liberal, el Presidente de la República y el suscrito. No había nada que hacer diferente a la aceptación de la revocatoria. Pero les resultaría caro a los proponentes. A instancias del doctor López Michelsen, se aceptó que los Constituyentes estaríamos impedidos para aspirar al nuevo Congreso. No era ético que los mismos empeñados en revocarlo fuéramos a reemplazar a los desplazados. No fue fácil lograr que los propios constituyentes se cortaran la coleta, pero lo logramos. Meses después, en la nueva elección, el M-19 y Salvación Nacional, cuyos jefes no aparecieron en las listas, fueron derrotados.

Otro debate interesante se dio con motivo de la reelección presidencial. Veníamos de un régimen en el que era posible, período por medio. Algunos insistieron en que se permitiera la reelección inmediata, teniendo en cuenta que no había sido posible aumentar el período del mandato a cinco o seis años. Mayoritariamente consideramos que la reelección frenaba la renovación, creaba anillos de poder difíciles de superar, facilitaba la creación de dinastías. Pero los liberales estimamos que debíamos conocer la opinión del Presidente Gaviria, lo que me fue encomendado como cabeza de bancada. Fui a su despacho y le consulté al respecto, explicándole que si él era partidario de la reelección, los constituyentes liberales, independientemente de nuestras personales creencias, no tendríamos inconveniente en aprobarla. En pocas palabras, que lo enaltecen, respondió que no era partidario de la reelección. Procedimos en consecuencia. En 2.005 fue reformada la Constitución y aprobada la reelección inmediata. Hechos vividos han dado la razón a la Constituyente.


Las principales reformas.
Poco a poco, con esfuerzo, con dedicación, con mucha disciplina, trabajando sin horario, sin dilaciones, día a día, todos interesados, todas y todos consecuentes y juiciosos, renunciando muchas veces a criterios y puntos de vista personales o partidistas con el fin de lograr acuerdos, fuimos construyendo la nueva Carta Fundamental. Aprobamos la independencia y autonomía de la Rama Judicial, creamos la Corte Constitucional, se eliminó la cooptación y se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, se creó la Fiscalía General de la Nación. Se independizó la Procuraduría General de la Nación y se dio nacimiento a la Defensoría del Pueblo. Se eliminó el control previo en la Contraloría y se dieron mayores atribuciones a los órganos de control, disponiéndose la creación de la Auditoría y la Contaduría Generales de la República. Se aprobó la Organización Electoral como órgano del Poder Público.

Siguiendo con el cometido de lograr el mayor equilibrio entre las Ramas, se eliminó el Estado de Sitio y se reglamentaron los Estados de Excepción. No se contempló la facultad que tenía el Consejo de Ministros de ordenar la captura de quienes, cuando operaba un Estado de Urgencia, se consideraban un peligro para la estabilidad de las instituciones. Se prohibieron los consejos de guerra para los particulares, se creó la Junta Directiva del Banco de la República con independencia, se aprobó la Junta Nacional de Televisión y se tomaron decisiones sobre el funcionamiento del Congreso Nacional, creándose la moción de censura. Se atribuyó al Consejo de Estado la facultad de disponer la pérdida de la investidura de los parlamentarios. Se eliminaron los auxilios parlamentarios y se estableció un exigente régimen de incompatibilidades e inhabilidades para los aspirantes e integrantes del Congreso Nacional.

Se estableció que Colombia fuera una república unitaria, descentralizada, con autonomía de las Regiones, las cuales se reconocieron junto con las Provincias y las Entidades Territoriales Indígenas, como factores indispensables en el ordenamiento territorial. Se declaró que Colombia es un Estado Social de Derecho. Se acogió el criterio de la Soberanía Popular, por lo cual existen el cabildo abierto, la consulta popular, el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular, el voto programático y la revocatoria del mandato.

En materia de derechos se aprobó una carta muy especial en la que se prescribió la igualdad de género, religiosa, de etnias; se declaró que somos un país multiétnico y pluricultural; se estableció una especial dimensión para los derechos fundamentales y se acogieron los sociales, económicos y culturales. Se creó la Tutela, como instrumento para garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales. También se crearon las Acciones Populares y Colectivas.

Se tomaron determinaciones para superar el criticado bipartidismo y para lograr el mejoramiento de las costumbres políticas. Se establecieron parámetros para garantizar el ejercicio de la oposición y se ordenó la elaboración de un Estatuto especial que consignara la materia, que aún no se ha expedido.
En Colombia no hay censura, se dejó plasmado expresamente. A los medios de comunicación se les asignó una responsabilidad social y se garantizó plenamente el derecho a informar y a ser bien informado.

Se garantizaron igualmente los derechos laborales y se remitió a la ley la expedición del Estatuto del Trabajo. Tampoco se ha elaborado.

De la paz se prescribió que “es un deber y un derecho de irrenunciable aplicación”. Colombia sigue a la espera de que se cumpla tan especial mandato.

Sobre economía se asumieron importantes decisiones. Se tomó de la reforma de 1936, impulsada como ya se dijo por el Presidente Alfonso López Pumarejo, la definición de que “la propiedad es una función social, que implica obligaciones”, y se le agregó que tiene funciones ambientales. De la actividad empresarial se dejó sentado que tiene funciones sociales. Se determinó que el Estado tiene la dirección de la economía y se consagró el principio del intervencionismo de Estado. Se creó el criterio de la propiedad social cooperativa. Y se estableció que el “interés común prima sobre el interés particular”.

Si bien, como era de esperarse, se reconoció la propiedad privada y la libertad de empresa, no sé de dónde sacan algunos la opinión de que nuestra Constitución acogió sin límites los fundamentos del neoliberalismo, tan en boga durante la época en la que sesionó la Constituyente.
La Constituyente se preocupó por el tema ambiental. Más de 30 artículos de la Carta propugnan por la defensa de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Tenemos una Constitución especialmente ecológica, siendo de resaltar que en buena parte se debe a la preocupación y diligencia del constituyente y ex Presidente de la República, Misael Pastrana Borrero.

Importancia de la nueva Carta.
Muchas otras determinaciones se tomaron para, finalmente, elaborar una obra seria, progresista, democrática, moderna, garantista, a tono con las corrientes humanistas de la sociedad mundial. Hay quienes la critican y otros se han dedicado a modificarla por medio de Actos Legislativos, bastantes sin ninguna justificación, en cambio de legislar sobre tantos aspectos necesarios que se mantienen inéditos. Con frecuencia se le cuestiona porque muchas de sus prescripciones no se han cumplido, en especial la paz, que no se ha conseguido.

Olvidan los detractores de la C.N. que las reformas y las soluciones no llegan solo cuando se modifica el constitucionalismo o se aprueban las leyes. Hay que aplicar las normas, respetarlas y hacerlas respetar. Asumirlas con compromiso. Conocerlas a fondo. Mucho de ello ha faltado. Hace poco, por ejemplo, se cuestionó al Presidente de la República por tratar de buscar la paz abriendo un proceso de conversaciones con la guerrilla en La Habana. Se le criticó que ni se había comprometido electoralmente a hacerlo, ni había recibido un mandato expreso para obrar en ese sentido. Error, horror. Según ya se dijo, al tenor de la Constitución buscar la paz es un deber irrenunciable y obligatorio.

Qué hubiera sido del país sin la nueva Constitución. A buen seguro nos hubiera ido bastante mal haciendo frente, con las viejas normas, a las graves situaciones que sufrimos en las dos últimas décadas y con el recrudecimiento de todas las formas de violencia, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, delincuencia común. La lucha contra la corrupción hubiera sido imposible. Con un sentido diferente de la democracia, sin consciencia sobre los derechos humanos, sin controles adecuados contra los abusos de poder, con una justicia dependiente y sin capacidad de luchar contra el crimen, en estado de sitio permanente, emitiendo papel moneda sin freno ni medida, con solo los partidos tradicionales, con una administración pública totalmente centralizada, sin un compromiso cierto y claro de superar la desigualdad y la pobreza, sin Tutela, las cosas hubieran sido a un precio diferente.

No estamos tan bien como quisiéramos. Pero sin que seamos el país más feliz del mundo, tampoco es que estemos del todo mal. Pudiéramos estar peor. La Constitución de 1.991 nos dio un nuevo modelo de democracia, dotó al país de instrumentos modernos y adecuados para superar las crisis económicas, es un dique de contención contra los desbordamientos de poder político, mejoró muchos comportamientos públicos, empezó a crear responsabilidad pública y privada sobre la conservación de la naturaleza y el respeto al medio ambiente, y nos convirtió en una sociedad moderna capaz de codearse solventemente con las más avanzadas del mundo.

Habemus Constitución.
En todos estos asuntos pensamos los Constituyentes durante aquellos 150 días de frenesí. Más allá de cualquier crítica, porque ni éramos sabios ni infalibles, fuimos capaces de no sucumbir a la tentación de abusar de nuestras atribuciones, que en verdad habrían sido tan amplias como hubiésemos querido. No cedimos a la propuesta de ampliar el plazo para el cual fuimos convocados, por ejemplo. No generamos anarquía institucional como casos se vieron después en otros procesos constituyentes de la región. La nuestra no fue una Constitución a la medida de un sector de la población, para golpear al otro sector. La Asamblea nunca se consideró omnipotente. Y sus miembros nos esforzamos por cumplir bien y oportunamente la tarea para la cual fuimos elegidos.

Cuando estábamos por concluir las funciones, aprobados ya de manera definitiva la mayoría de los artículos que compondrían la nueva Constitución, la Asamblea confirió al doctor Carlos Lleras de la Fuente, asistido por varios compañeros constituyentes, la labor de revisar todo el trabajo, localizar adecuadamente los mandatos, volver coherentes las distintas materias, cuidar que estuviese bien definida la filosofía del nuevo Estatuto, hacer correcciones de estilo, en una palabra, consolidar filosófica, política, jurídicamente, la obra próxima a expedirse. Ninguna persona más adecuada. Solo que para guardar bien el articulado y protegerlo de cualquier intento malsano de modificaciones inapropiadas o extemporáneas, se hizo uso de un computador, los cuales en aquella época no eran tan comunes. Para mayor cuidado, el trabajo se encriptó y guardó bajo clave. Hubo explicable esmero en la vigilancia. Tanto, que cuando se fue a buscar el articulado, no apareció. No hubo poder humano que permitiese recuperar el trabajo. Por fortuna se habían conservado los borradores y con ellos y el consagrado trabajo de los comisionados, se pudo salir adelante.

Bastante se estuvo pensando en dejar una obra especial, un monumento, algo significativo que representara a todo el País y fuera una recordación de la Constituyente. Un legado adicional a la expedición de la Carta, un recordatorio del trabajo constitucional. No sin grandes discusiones y con muchas propuestas diferentes, prevaleció la idea de crear por mandato constitucional una Corporación destinada a la recuperación del Rio Magdalena, la mayor riqueza nacional y la que más auténticamente representa a todo el País. Así nació la Corporación para el Desarrollo del Rio Grande de la Magdalena.

Faltando unos minutos para cerrar definitivamente las deliberaciones, pidió la palabra el Constituyente Alberto Zalamea, quien con la solemnidad y seriedad que le eran características presentó la siguiente proposición: “Adoptase como Constitución de la República de Colombia, la expedida en el año de 1.886”. Tengo idea de que fue el único Constituyente que no firmó el texto de la nueva Carta Fundamental.

El último día, luego de concluidos los trabajos, la promulgación de la Carta se hizo en el Capitolio Nacional, con el señor Presidente de la República y el alto gobierno, Magistrados, altos mandos militares y policiales, cuerpo diplomático, Obispos y Pastores, representantes del sector social y comunitario, medios de comunicación, todo el notablato nacional. Los constituyentes, bajo la dirección de la Presidencia colegiada, anunciaríamos de viva voz la promulgación del nuevo Estatuto Constitucional y luego cada uno firmaría el primer ejemplar de la gran Obra, cuyos artículos se habían mandado a caligrafiar en el mejor de los estilos. Así lo hicimos juiciosamente y el país tuvo, por fin, una nueva Constitución Nacional.

Ocurrió, eso sí, que no entregaron a tiempo el trabajo de escribir a mano, en letra especial, los respectivos artículos, y terminamos firmando unos papeles en blanco.

No faltaron los denuncios por fraude y falsedad ideológica contra los constituyentes. También fue demandada la legalidad de la nueva Constitución. Primó la sabiduría de la Justicia y a estas alturas la Constitución de 1.991 ha sobrevivido a infinidad de reformas, mantiene su filosofía social, conserva el talante democrático que la justifica y no se resigna a ser remplazada sino por una gran causa que congregue el interés y la voluntad de todas y todos los Colombianos.

Horacio Serpa Uribe
Constituyente 1.991