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Samuel Moreno fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá. | Foto: AP

Carrusel de la contratación

Juez envió a Samuel Moreno a la cárcel

Un juez penal ordenó el viernes detener al suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien es investigado por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras de infraestructura en la capital colombiana.

23 de septiembre de 2011

Moreno, un abogado y economista de 51 años, estaba sentado junto a sus abogados y de espaldas al público en el juzgado penal en el centro capitalino cuando el juez Jorge Polidoro Bernal ordenó su detención.

La defensa de Moreno de inmediato solicitó hablar ante el juzgado para rebatir la decisión e hizo una larga muestra de alegatos, el juez mantuvo su postura.

Tras la ratificación del juez, Moreno caminó hacia la salida del recinto en compañía de dos policías y dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, para ser llevado hasta la sede central de la Fiscalía a fin de ser reseñado y sometido a pruebas médicas. Su traslado a la cárcel sería el sábado o en los próximos días.

La Alcaldía de Bogotá es el segundo puesto de elección más importante del país después de la Presidencia debido a que es la mayor ciudad de Colombia. De hecho, varios alcaldes capitalinos fueron después presidentes de la República.

Ahora Moreno estará detenido mientras se inicia su enjuiciamiento formal, en un proceso que para llegar a un fallo definitivo puede demorar meses.

La Fiscalía había pedido la detención de Moreno por considerar, entre otras razones, que existían riesgos de que obstruyera la investigación judicial debido a que aún conserva influencia en la administración del distrito, lo cual fue aceptado por el juez.

Moreno ha negado los cargos que le imputó la Fiscalía de "interés indebido en la celebración de contratos", "peculado por apropiación a favor de terceros" y "concusión".

La Fiscalía ha dicho que el funcionario, a quien la Procuraduría suspendió del cargo en mayo mientras se determina su responsabilidad en el caso, se expone a unos 15 años de prisión.

Tras la suspensión en su cargo, la Alcaldía quedó interinamente en manos de Clara López, quien había sido secretaria de Gobierno de Moreno y eran del mismo partido: el izquierdista Polo Democrático Alternativo.

El Polo confirmó la expulsión de sus filas de Moreno el 20 de septiembre pasado. El mandato de cuatro años de Moreno culmina el 1 de enero del 2012.

De acuerdo con la Fiscalía, firmas contratistas de obras apoyaron a Moreno como candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2007 y también respaldaron a su hermano Iván Moreno al Congreso en los comicios legislativos de 2010 a cambio de la adjudicación de obras.

La Fiscalía no ha detallado el monto de ese presunto financiamiento electoral a los Moreno, nietos del ex presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Iván Moreno está en prisión desde fines de abril por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Tras conocerse el fallo, analistas consultados telefónicamente dijeron que la detención era un hecho grave para la ciudad porque dejaba al descubiertos ilegalidades.

El senador del Polo, Alexander López, afirmó en diálogo telefónico que "duele naturalmente que ocurra esto, pero...la justicia tiene que actuar".

"Uno lamenta la situación de una persona en términos que no es bueno, ni para él y para su familia, que pierda la libertad así sea una investigación (sin fallo definitivo)...,", agregó el senador.

Según la Fiscalía, en los irregulares contratos para obras de infraestructura --como calles y avenidas--el erario fue desfalcado en unos 1.222 millones de dólares. Esas obras sufrieron retrasos, otras no fueron concluidas en el tiempo convenido en el contrato y hasta ahora se desconoce exactamente qué ocurrió con los millonarios fondos entregados a las empresas.

La defensa de Moreno ha dicho que de acuerdo con las autoridades electorales, ante las que los candidatos deben certificar el origen de los fondos de sus campañas, dos contratistas citados como prueba por la Fiscalía no aparecen como financistas de la campaña del alcalde.

Pero el juzgado "considera que es inaceptable que el alcalde...no hiciera seguimiento a estas obras" para ver si se ejecutaban y si había o no sobreprecio en ellas.

El juzgado puso en duda además que se hubiera dado el delito de concusión porque para imputarlo la Fiscalía citó el testimonio de uno de los empresarios enjuiciados, Miguel Nule, quien dijo que en mayo del 2010 el alcalde le pidió 5.000 millones de pesos (unos 2,6 millones dólares) a cambio de favorecerlo en una decisión que debía tomar un instituto de obras distrital. El juzgado dijo que según los testigos de ese encuentro, aunque vieron al alcalde y a Nule juntos, no los vieron hablar.

No se ha mencionado si se han revisado las cuentas del alcalde o de sus parientes u otras transacciones financieras para determinar si efectivamente se hizo alguna operación en ese monto mencionado por Nule o si el financiamiento a su campaña pudo no haber sido declarado.

Esta ciudad de unos ocho millones de habitantes tiene 20% de sus 15.000 kilómetros de vías sin pavimentar y eso aún cuando maneja el presupuesto más alto del millar de alcaldías del país: unos 6.000 millones de dólares anuales, según han dicho ex alcaldes.


AP