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A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas. | Foto: Semana

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Descubren “cartel de la vigilancia privada”

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos en contra de ocho empresas de vigilancia privada que al parecer estarían incurriendo en prácticas anticompetitivas.

28 de enero de 2015

Las ocho implicadas en este tipo de prácticas fueron (1) GUARDIANES; (2) STARCOOP; (3) COBASEC; (4) CENTINEL; (5) EXPERTOS; (6) INSEVIG; (7) SEJARPI; y (8) SECURITY MANAGEMENT GROUP.

De acuerdo con la Información suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ante la presunta cartelización empresarial (colusión o acuerdos anticompetitivos) en 252 procesos de contratación pública, adelantados ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional, se determinó formular pliegos en contra de estas firmas.

Según las investigaciones de la Superintendencia, los acuerdos ilegales se habrían realizado durante los años 2010, 2011 y 2012.

En el proceso, la Superindustria formuló PLIEGO DE CARGOS contra 32 personas naturales, entre accionistas, administradores, empleados y ex empleados de las mencionadas sociedades y cooperativas de seguridad privada.

Vale la pena señalar que la investigación preliminar que dio origen a este PLIEGO DE CARGOS se inició en el año 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según la cual varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública.

Tras dicha denuncia, se adelantaron las primeras visitas administrativas por parte de la Superindustria en el año 2012 y se advirtió que los presuntos actos de cartelización se habrían presentado no solo en la licitación del ICBF, sino en 252 procesos de contratación estatal en más de 149 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

La investigación actualmente cuenta con un delator en su condición de ex representante legal de una de las compañías investigadas, quien se acogió al Programa de Beneficios por Colaboración, confesó su participación y aportó pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento del presunto cartel empresarial.

Esta es la primera vez en la historia de Colombia que la Superindustria como autoridad de la libre competencia, suscribe acuerdos de colaboración con personas naturales que delatan la existencia de un presunto cartel empresarial. Hasta ahora, la Superindustria solo había suscrito acuerdos de beneficios por delación con empresas o personas jurídicas.

Según la investigación, las presuntas empresas cartelistas terminaron participando en mínimo 100 licitaciones y lograron ganar 25 de ellas por un valor superior a los $63.000l millones.