Invertirán $25.000 millones en justicia penal militar

Pinzón hizo este anuncio en un acto conmemorativo del Día de la Justicia Penal Militar, en el que indicó que la intención de su cartera es respaldar esos esfuerzos con un acto legislativo que se debate en el Congreso y tiene como fin afianzar la seguridad jurídica para los integrantes de las Fuerzas Militares.

"Estamos comprometidos en impulsar el acto legislativo que fortalece la justicia penal militar, en poner en ejecución las leyes estatutarias y ordinarias que pongan en ejecución dicha reforma constitucional y en aumentar recursos para mejorar infraestructura y capacitación de los funcionarios judiciales", dijo.

El ministro consideró que es "muy importante" aclarar el marco de acción de la fuerza pública y ofrecer tranquilidad al establecerlo en los límites de la Constitución de 1991 y de las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, Pinzón también consideró que hay que reconocer que "los miembros de la fuerza pública deben tener la posibilidad de actuar decididamente cuando de manera legítima estén enfrentando amenazas contra el pueblo colombiano".

Precisamente el ministro del Interior, Fernando Carrillo, insistió el pasado martes en la necesidad de aprobar el mencionado acto legislativo, que comprende un capítulo sobre el "fuero militar" que calificó de "crucial".

El Congreso determinará qué temas ocuparán la agenda legislativa durante el proceso de paz que el Gobierno colombiano abordará con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir del próximo 8 de octubre en Oslo y después en La Habana.

El proyecto de justicia penal militar ha sido debatido en cuatro sesiones y tiene pendientes otras tantas, y deberá ser aprobado antes del 20 de diciembre, cuando terminará la actual legislatura.

En la anterior, que culminó el pasado 20 de junio, el proyecto del fuero militar no logró prosperar, por la preocupación de algunas bancadas por la posibilidad de que delitos como genocidio, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento infantil, quedaran impunes.


EFE