Se reactivan obras en Bucaramanga

Este acuerdo, para garantizar los principios de estricto apego a la ley y de protección a los recursos públicos, será sometido al concepto de la Procuraduría General de la Nación y a la aprobación del Tribunal de Arbitramento encargado de dirimir las controversias contractuales de las partes.

El acuerdo establece precisas disposiciones para agilizar y facilitar la compra de los predios faltantes para la construcción de la obra, así como para el pago de aquellos que se encuentran pendientes de saneamiento.

Igualmente define como plazo máximo para la terminación de las obras faltantes, 14 meses contados a partir del momento en que el Tribunal apruebe el acuerdo.

De esta forma y gracias al concurso de la Procuraduría General de la Nación como facilitador y promotor del acuerdo de reactivación, se espera cumplirle a la región y superar los problemas de ejecución del contrato que llevaron a su paralización.

Los temas sobre los cuales no hubo acuerdo entre las partes serán dirimidos por el Tribunal sin que este hecho afecte la ejecución de las obras, salvo en el Tramo 5 (Café Madrid - La Cemento) sobre el cual se tomará una decisión definitiva una vez se conozca la decisión judicial, aclarando que en cualquiera de los escenarios la ANI garantizará una solución que permita la conectividad del sector y de la región.

Entre los temas sobre los cuales no se llegó a un acuerdo se incluyen las pretensiones de la ANI, fundadas en los hallazgos fiscales de la Contraloría General de la Nación, por el desplazamiento de inversión de las obras y mayores pagos realizados a la concesión por concepto de peajes e intereses, así como las del concesionario relacionadas con la activación del alcance progresivo y el rebalanceo del contrato.

Este es otro ejemplo de la política contractual del Gobierno de buscar acuerdos con los concesionarios y contratistas sobre el principio de priorizar las obras dado su carácter de servicio público, siempre y cuando los mismos se efectúen con el debido control de las autoridades disciplinarias, fiscales y judiciales para preservar el patrimonio público.