| 8/27/2018 10:29:00 AM

Hidroituango, de nuevo en el centro del debate por informe de la Contraloría

Un informe sobre una auditoría de la Contraloría General de la República sobre el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, su incidente y la respuesta ante la emergencia generó la reacción de la Anla y EPM.

La Contraloría General de la Nación reveló un informe sobre una auditoría de control en el proyecto hidroeléctrico de Ituango, Antioquia, en el que aseguró que el licenciamiento ambiental del mismo “estuvo plagado de errores” y cuestionó las acciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El organismo de control empezó por señalar que la Anla le dio en 2009 la licencia ambiental a EPM para que iniciara el proyecto de una hidroeléctrica en Ituango, Antioquia, pese a que ya se sabía que la zona registra varias fallas geológicas y por esa época se habían reportado derrumbes.

Sin embargo, la Anla le recordó a la Contraloría que la licencia la emitió realmente el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pues la agencia ni siquiera existía. Esta se creó en 2011 y asumió el conocimiento y monitoreo del proyecto hidroeléctrico apenas hasta 2012.

La Contraloría también destacó que al no contar con los estudios necesarios para el proyecto, la licencia ambiental tuvo que ser modificada 12 veces en función de las circunstancias, por lo que el “proyecto que se encuentra en construcción es distinto al licenciado”.

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Pero la Anla tiene una lista de apenas 9 resoluciones que modificaron la licencia ambiental que se expidió en 2009, 10 años después que la empresa paisa solicitara el permiso para construir la presa.

Aquí podrá encontrar la resolución

De acuerdo con el ente de control, además ni la Anla ni el Ministerio de Ambiente o el de Minas tienen al personal indicado para revisar los documentos técnicos y estudios necesarios para este tipo de proyectos, lo que dificulta aún más su seguimiento.

Para la Contraloría, otro de los fallos de la Anla fue la ausencia de un adecuado seguimiento al proyecto, así como la aprobación de unos estudios técnicos que no contenían la información suficiente.

Nuevamente, la Anla señaló en su defensa que por ley entre sus labores realmente no está conocer “los diseños de obra y detalles de la Infraestructura de la represa de Hidroituango, ni hace seguimiento a los materiales, bocetos o cronogramas, ya que por disposición legal no le corresponden esas labores”.

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Por otro lado está la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) que EPM construyó en lugar de las compuertas de los túneles de desviación y que resultó colapsando por un derrumbe y creando la emergencia ambiental ya conocida.

De acuerdo con la Contraloría, EPM no tenía licencia para la construcción del SAD y cuando la Anla visitó las obras del proyecto, no advirtió nada al respecto pese a que este llevaba para ese momento más del 80% de ejecución.

EPM respondió que la construcción de su proyecto siempre ha contado con el debido acompañamiento de las autoridades competentes.

La Contraloría también advirtió que la Anla perdió el control del proyecto hidroeléctrico y añadió que los procesos sancionatorios contra la empresa ante la situación han sido demasiado lentos.

Pero para la autoridad ambiental, de las 9 investigaciones sancionatorias que inició, 6 ya están terminando la etapa probatoria, “por lo que se espera que a final de año se produzcan decisiones de fondo”.

Por último, el ente de control destacó que la construcción de Hidroituango no tuvo la participación ciudadana que debía, pues jamás se llevó a cabo una consulta popular que era necesaria por tratarse de una zona en la que habitan comunidades indígenas.

Pero tanto la Anla como la Contraloría reconocieron que se trató de una error del Ministerio del Interior, que certificó que en la zona no habitaban comunidades indígenas ni afrodescendientes.

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