El director de esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Felipe Fonseca, dijo a Dinero que en la actualidad el país tiene aproximadamente 3‘691.000  millones de predios rurales que han sido identificados.

Sin embargo, el gran reto del país sigue siendo la informalidad del campo ya que el 54,3% de los predios rurales del país se explotan sin títulos, lo que equivale a casi 49 millones de hectáreas.

La mayoría de ellas situadas en zonas altoandinas como Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Cauca, Santanderes y Tolima.

Estos territorios siguen en la informalidad bien sea porque están en proceso de sucesión o porque existen conflictos en la división de las herencias, lo cual imposibilita al juez a formalizar el título.

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De otro lado, Fonseca explica que la informalidad también se da por la ocupación de los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, varios de los cuales han sido adjudicados a campesinos de bajos recursos para su aprovechamiento.

“Esa relación con la tierra es lo que el Estado ha determinado como el gran desafío en materia de posconflicto. Es acompañar a la población del campo a que formalice su situación frente a la tenencia y ocupación de la tierra”, manifiesta Felipe Fonseca.

El directivo afirmó además que “el acceso y la formalización de la propiedad rural es la punta de lanza de la reforma rural en el posconflicto”, ya que “el título de propiedad es la llave que abre la puerta al desarrollo rural agropecuario”.

Y es que según explica, la informalidad en cualquier actividad económica es “como un semáforo en amarillo”, pues se debate en una línea delgada entre la posibilidad de avanzar hacia la prosperidad o estancarse en la ilegalidad.

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Justamente, uno de los propósitos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) es planificar la formalización de la actividad campesina desde distintos frentes.

Una de las iniciativas más recientes de esta organización, junto con la unidad de investigación de la Universidad del Rosario de Bogotá, fue la realización de un estudio sobre la informalidad en los contratos agropecuarios. 

Básicamente, el equipo de investigación identificó un conjunto de transacciones informales que usualmente se realizan en el campo sin ningún respaldo jurídico. Es decir, contratos o acuerdos de palabra que “contribuyen a esa inseguridad jurídica de la que se habla en el campo”, explicó Felipe Fonseca.

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“Muchos de ellos (los contratos) son de palabra y se dan en condiciones que se replican año a año, es decir, los cánones de arrendamiento, por ejemplo, nunca se ajustan a norma alguna ni al Índice de Precios de Consumo (IPC) como sí ocurre comúnmente en las zonas urbanas y rurales”, declaró.

Fue así que por medio de un análisis en las regiones, ambas instituciones se pusieron en la tarea de identificar los tipos de transacciones más comunes que se realizan en la Colombia rural.

El director de UPRA dice que en las unidades de producción agropecuaria analizadas hay un total de 2‘561.000 hectáreas, en las cuales se identificó la aplicación de algún tipo de contrato agropecuario.

En el 74,44% de la totalidad de ese terreno se identificó que había alguna figura de arrendamiento, mientras que en el 12% había algún tipo de usufructo, en el 11% se había concertado una aparcería y 3% comodato.

Para contribuir con la formalización del campo, UPRA identificó 11 tipos de contratos individuales o colectivos para diseñar un formato oficial y ponerlo a disposición de los campesinos e inversionistas del sector rural.

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Luego de identificar estas transacciones u operaciones campesinas durante el trabajo de campo, UPRA publicó una cartilla titulada ‘Contratos Agropecuarios. Conceptos y Minutas’ que describe el clausulado, los términos y conceptos de estos documentos.

De los 11 tipos de contratos que se identificaron, UPRA diseñó una minuta o contrato en papel con cuatro tipos de ellos (Arrendamiento, comodato, aparcería y usufructo sobre bienes inmuebles).

“Este formato va a estar dispuesto en la página web de Upra y en las oficinas del Banco Agrario de Colombia en todo el país de manera gratuita”, complementó Felipe Fonseca y añadió que en las zonas del país en las cuales sea difícil acceder a un computador y una impresora se entregará el formato físico a quienes lo soliciten.

Estos son algunos de los contratos que estarán disponibles para los campesinos:

Contrato de arrendamiento: A través del arrendamiento, un propietario o poseedor de un inmueble rural lo entrega a otra persona para que lo use, habite y/o se apropie de los frutos que produce, a cambio de pagar un precio, denominado canon.

Contrato de comodato: El comodato involucra a dos personas. Una llamada comodante, quien entrega un bien en forma gratuita para que se destine a un uso determinado; la otra parte, llamada comodatario, quien recibe el bien y tiene la obligación de devolverlo una vez haya agotado el uso para el que se entregó.

Aparcería: Es un contrato mediante el cual el dueño de un predio acuerda con la otra parte el aprovechamiento, en mutua colaboración, de un fondo rural o una porción de este con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten del aprovechamiento sostenible del mismo.

Usufructo: Consiste en la capacidad de gozar de un inmueble rural con la responsabilidad de conservarlo y restituirlo en sus mismas condiciones o devolver las mismas calidades en caso de que el mismo fuera intercambiable.

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