| 12/19/2017 11:18:00 AM

Priorizar las etnias sobre la minería ilegal fue un “craso error” de la Corte: ACM

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, dijo que en lo corrido de este año se generaron 3 fallos de tutela "estructurales" para la industria minera. Uno de ellos fue ratificar que los mineros ilegales, a pesar de serlo, no pueden ser expulsados si hacen parte de etnias protegidas.

“Esto marca un hito para nosotros en lo que va a ser el tema de la expulsión de la minería ilegal de nuestros territorios. Me parece que es un craso error de la Corte darle prevalencia a las etnias que a la ilegalidad”, comentó el directivo en una rueda de prensa realizada este martes en Bogotá.

Santiago Ángel Urdinola dijo que este tipo de mineros son ilegales "no importa de qué tipo de etnia o raza sean".

“Acá se dice que siempre y cuando ellos tengan esa protección cultural de etnia se tendrá que tener un tratamiento distinto al de la expulsión del título minero”, añadió Urdinola.

El dirigente gremial señaló que la industria minera sigue enfrentando en la falta de seguridad jurídica, generado mayoritariamente por "la creciente ola" de consultas populares y los conocidos fallos de tutela de la Corte Constitucional.

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“Sin duda, este problema ha frenado el potencial minero de 2017 y de los próximos años. Es así como se espera una reducción del PIB minero de más de 6% para el término de esta vigencia y se están retrasando inversiones por más de US$7.000 millones”, afirmó. 

Adicionalmente, destacó que los tribunales administrativos hayan declarado nulos los acuerdos antimineros de Urrao, Jericó, Ibagué, El Pital e Íquira, lo cual según él demuestra que se ha reconocido que las entidades territoriales no pueden prohibir actividades minero-energéticas sin aplicación de los principios de coordinación y concurrencia con la autoridad minera, además de atender el ordenamiento minero y ambiental que corresponde a autoridades nacionales. 

Justamente, uno de los fallos que impactaron a la industria tiene que ver con la delimitación de las zonas protegidas. 

“No es que nosotros fuéramos unas personas que no entendiéramos sobre el tema, hemos dado un mensaje: la industria minera no va y no puede trabajar en páramos”, comentó.

Urdinola afirmó que así como no cree en "el abuso de la participación" en las consultas populares, tampoco en la delimitación de ciertas áreas ambientales.

“Si esa delimitación se hizo con criterios técnicos no entiendo por qué la participación va a primar sobre eso”, insistió Urdinola al afirmar que se están desconociendo los estudios técnicos y científicos “serios”.

Finalmente, dijo que el tercer punto que le preocupa tiene que ver con los temas de producción. Específicamente frente a unos proyectos que ya estaban licenciados en el país y que han sido bloqueados por consultas populares.

“Es decir, cero seguridad jurídica sobre el licenciamiento en Colombia porque esto siempre se va a poder abrir en futuro vía tutela”, aseguró el directivo.

En vista de que los tres puntos críticos para la industria tienen que ver con acciones de tutela interpuestas por las comunidades, el directivo manifestó que le genera una gran preocupación el supuesto cambio de las reglas jurídicas a través de estas vías de acción.

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“La tutela es un mecanismo sin ningún control y por lo tanto esto puede llevar a cualquier parte, este tema siempre sale en la discusión con inversionistas”, añadió Urdinola.

Según datos entregados por la ACM, la inversión extranjera para la industria minera será de entre US$600 y US$700 millones al cierre de 2017.

El balance está lejos de ser positivo ya que este monto significaría una caída superior al 50%, dado que la proyección en inversiones era de US$1.500.

Por el lado de las exportaciones de minerales se espera que estas tengan un crecimiento por encima del 40% al cierre del año, apoyado en el incremento de precios en el mercado internacional frente a los del año pasado.

“La minería continua jalonando las exportaciones del país y se espera que al cierre del año las ventas externas sean cercanas a US$13.000 millones”, anotó el presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

Frente al PIB minero se estima que al cierre de 2017 se presentará una contracción de entre 6% y 7% producto del ajuste en la producción de carbón del interior, el mayor control a la producción de oro ilegal y a la contracción en la demanda para materiales de construcción.

Datos entregados por esa entidad muestran que en los últimos años se le ha realizado un seguimiento a 127 iniciativas para prohibir actividades minero energéticas.

Desde 2013 se han realizado 81 consultas populares, de las cuales 33 han sido aprobadas en Consejo, 11 se han realizado y se han suspendido 5.

De otro lado, se han realizado 46 acuerdos municipales. De esa cifra, 32 han sido aprobados, 9 objetados, 4 están pendientes de fallo y 5 fueron declarados ilegales o inconstitucionales.

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