Home

País

Artículo

El Superfinanciero, Gerardo Hernández, fue destituido e inhabilitado por el Procurador General en fallo de primera instancia.

Análisis

¿Por qué el Súper paga los platos rotos?

Dinero realizó un análisis de las implicaciones que tiene la destitución de Gerardo Hernández como Superintendente Financiero por parte de la Procuraduría General de la Nación.

28 de noviembre de 2013

Resulta difícil creer que el hombre que en noviembre de 2012 ordenó la intervención de la comisionista de Interbolsa, y le dio noticia a la Fiscalía sobre la existencia de un convenio delictivo entre directivos de la firma y particulares, para especular con animo de lucro personal, con el precio de las acciones de Fabricato, tenga ahora que irse abruptamente de su cargo.

La víctima de esta paradoja es Gerardo Hernández, Superintendente Financiero, a quien el Procurador General, Alejandro Ordoñez, acaba de sancionar con destitución del cargo y de imponer además, una inhabilidad que prácticamente acaba con su carrera en el sector público.

Nadie en el mercado de valores se atrevería a creer que Hernández, un técnico de alta escuela, que construyó un buen nombre desde su paso por la gerencia del Banco de la República, sea alguien proclive a la corrupción. Sin embargo, los operadores del sector bursátil saben bien que las omisiones en la vigilancia de esa actividad, son tan gravosas como las acciones de quienes proceden de manera no ortodoxa.

Ahí, a juicio del Procurador, estuvo el gran pecado de Hernández. Existe evidencia documental en el sentido de que desde finales de 2010 (él llegó al cargo en septiembre de ese año) el organismo a su cargo comenzó a recibir información detallada sobre fluctuaciones inusuales en los precios de varias acciones que cotizadas en bolsa, entre ellas la de Fabricato, y sobre una sospechosa concentración de operaciones repo usadas para financiarlas.

Los reportes provenían en su mayoría del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) un organismo de carácter particular que ha pretendido, sin éxito, convertirse en una emulación de un modelo semejante que opera en Estados Unidos.

Lo que el AMV le advertía a Hernández, este tenía la posibilidad de verlo en tiempo real. De hecho los monitores de la Superintendencia están conectados con los de la Bolsa de Valores, y no se hubiera necesitado que alguien asumiera una lectura sobre la fluctuación de las acciones que el propio organismo de vigilancia hubiera podido ejecutar en tiempo real.

No obstante la gran falla que parece haber cometido Hernández es haber dejado intacta la nómina de superintendentes delegados que encontró al asumir su cargo. De ella hacían parte algunos funcionarios que ya habían traspasado la puerta giratoria y que venía en de trabajar para Interbolsa.

También otras personas que aunque no tuvieron vínculo formal con la firma más grande del mercado si parecen haberse puesto al servicio de sus intereses.

A esta última categoría pertenece por ejemplo, Luis Fernando Cuadrado Zafra, Superintendente Delegado para el Mercado de Valores. En su caso también juegan las paradojas: Aunque este hombre era el encargado de conocer en primer instancia lo que ocurría, se mantuvo callado, existen pruebas de que engavetó los informes que recibía, y aun así el Ministerio Público le impuso una sanción demasiado leve comparada con la que tendrá que asumir Hernández.

Cuadrado, en efecto, sólo fue castigado con una suspensión de diez meses, al cabo de la cual podrá regresar a sus funciones, en medio de un tufillo de impunidad disciplinaria en torno a su misión.

Existen también otros botones para la muestra. Dos funcionarios que manejaban información privilegiada sobre las operaciones de Interbolsa fueron absueltos de cargos aunque es posible que tarde o temprano resulten vinculados a procesos penales.

El abrupto retiro de Hernández será, con todo, la más grande y dolorosa lección que los órganos de vigilancia del mercado tendrán que aprender para el futuro.

Jorge Gonzalez
Jefe de Investigación de la Revista Dinero