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| 4/11/2012 7:00:00 AM

Gobierno prestará US$10 millones para fortalecer su defensa jurídica

A través de un documento Conpes, el Gobierno fue autorizado para tomar un crédito que le permita financiar su programa de Defensa Jurídica del Estado y así hacerle frente a las demandas por más de $1.028 billones, que representan el doble del PIB.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) autorizó a la Nación a contratar un crédito externo con la banca multilateral, con el objetivo de financiar el programa de Defensa Jurídica del Estado.

El objetivo del programa es mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica de la Nación, de manera que se reduzca la vulnerabilidad de la misma por fallos desfavorables.

El Conpes argumenta que desde el 2000 se ha venido discutiendo la necesidad de esbozar una política pública orientada a controlar los procesos que se adelantan contra la Nación, sistematizar la información y unificar las estrategias de defensa.

“Colombia presenta una alta litigiosidad frente a las acciones, hechos, omisiones, actos y contratos en que se encuentra involucrado el Estado. En particular existen más de 200.000 procesos en curso que representan en sus pretensiones más de $500 billones”, dice el documento.

Sin embargo, según cálculos del mismo Gobierno, las demandas pueden superar incluso los $1.000 billones, que para dimensionar la cifra, son comparables con dos veces el Producto Interno Bruto (PIB).

Además, según diagnósticos hechos por los órganos del control, las demandas existentes contra el Estado representan en términos financieros una cifra muy superior al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2012 que es de $165 billones y seis veces mayor a los ingresos corrientes con que cuenta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el mismo período que apenas ascienden a $87 billones.

Pero la incertidumbre sobre las cifras proviene de que en la actualidad no existe una información confiable que determine con precisión el estado procesal en que se encuentra el 100% de los procesos que cursan contra el Estado.

“Esto impide conocer el número y calidad de abogados que representan los intereses estatales y la valoración del pasivo contingente que permita determinar cuáles de esos procesos están en grave riesgo de pérdida y cuáles no”, reconoce el Gobierno en el Conpes.

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