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| 1/18/2019 12:01:00 AM

¿Les llegó el 'tatequieto' a las consultas populares anti-petróleo?

El Gobierno Nacional está a punto de expedir el procedimiento de “coordinación y concurrencia” con el que se pone a tono con lo exigido por la Corte Constitucional para la aprobación de nuevos proyectos petroleros.

El procedimiento busca convertirse en una forma adecuada de coordinación entre las comunidades y los mandatarios locales para que una nueva exploración petrolera cuente con el apoyo suficiente de las personas que se encuentran en las áreas de influencia.

Según el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, la expedición de este procedimiento permitirá iniciar la coordinación con las autoridades y comunidades de 43 municipios que están en el área de influencia de los primeros 20 bloques que el gobierno va a ofertar a partir de febrero y que espera adjudicar en junio de este año.

El tema es sensible porque muchas comunidades han manifestado su inconformidad con la realización de actividad minera o petrolera en sus ciudades. Por eso se convocaron a muchas consultas populares para que los ciudadanos se pronunciaran sobre el tema: en todos los casos ganó el “no”; esto significa que no querían que hubiera extracción primaria de recursos naturales en sus regiones. Ese fue el caso de Cajamarca, Pijao y Fusagasugá, entre otras ciudades que le dijeron no a las actividades petroleras y mineras.

Finalmente, la Corte Constitucional dirimió la polémica el año pasado en una sentencia que estableció, entre otras cosas, que ni los municipios pueden impedir la exploración en sus territorios por la vía de la consulta popular ni el Gobierno puede imponer un proyecto. Por eso pidió que se estableciera un mecanismo de “coordinación y concurrencia”, para evitar que esta clase de situaciones se siguiera presentando. Ese es el mecanismo que el gobierno está próximo a divulgar.

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El presidente ejecutivo de la Asociación de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, explicó que es positivo que el Gobierno expida ese procedimiento, aunque pidió que fuera socializado con la industria para determinar la conveniencia del mismo.

Aseguró que luego del fallo de la Corte Constitucional quedó en claro que cualquier consulta popular que diga no a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos es ilegal. Vera señaló que todavía no hay conciencia clara de lo que esta sentencia significa, pues, por ejemplo, el alcalde de Yopal está promoviendo otra consulta popular para impedir que se haga explotación minera y petrolera en esa región. “El alcalde promovió una consulta popular en unas veredas específicas para oponerse a la actividad de Gran Tierra, que tiene un pozo, Prosperidad 1, que ya había sido motivo de una acción popular”.

Insistió en que ese mandatario local no ha entendido que a la luz de la sentencia de la Corte, “no puede haber prohibición de actividades vía acción popular. El alcalde la propuso y el consejo finalmente la aprobó”.

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Para Vera, es claro que en ese caso como en las otras acciones populares será necesario demandar los resultados ante la rama contencioso administrativa, para que declare su nulidad jurídica.

Actualmente la industria se encuentra a la expectativa de esta normativa y de cómo se desarrollará la adjudicación, pues la oposición de muchas comunidades y el desarrollo de consultas populares se habían convertido en un obstáculo para el desarrollo de operaciones.

El gobierno tiene afán igualmente, porque los resultados en materia de exploración durante los últimos cuatro años fueron prácticamente nulos, pues no se han asignado nuevas áreas y eso ha hecho que la actividad se reduzca de manera importante. Además, el país tiene la amenaza evidente de que se agoten sus reservas, pues actualmente el petróleo disponible en Colombia alcanza para 5,7 años.

Tanto el gobierno como los empresarios del sector y las comunidades esperan que por esta vía se pueda llegar a acuerdos sobre el futuro de la industria extractiva en Colombia.

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