Gobierno crea una ‘fábrica’ de software y aplicaciones para entidades

Las entidades del Gobierno Nacional y territorial por fin tendrán un proveedor público y natural del software y aplicaciones móviles. Esto no solo ahorrará miles de millones de pesos en este tipo de servicios que se contratan en la actualidad con terceros, sino que permitirá estandarizar este tipo de sistemas.

Hablamos de la recién creada Agencia Nacional Digital (AND), tan nueva como indispensable para los nuevos desafíos tecnológicos del siglo XXI.

En diálogo con Dinero, la directora de la AND, Mayerly Díaz, explicó en qué va la creación de la entidad y cuáles serán los propósitos de la misma.

“Ya tenemos los primeros desarrolladores que se especializan en las soluciones tecnológicas que usarán las entidades públicas”, dijo Díaz.

La idea es facilitar los trámites de los ciudadanos con el Estado. Por ejemplo, la AND trabaja en un aplicativo para agilizar la asignación de subsidios de vivienda de interés rural que hace el Gobierno en varias regiones del país. En otras palabras, un campesino se podrá inscribir vía internet (si no tiene acceso a la web en el domicilio lo puede hacer en un kiosko Vive Digital) para iniciar ese trámite.

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En teoría, lo que se busca es que ese campesino ya no tenga que hacer el papeleo con la cadena interminable de entidades, pues la AND se encargará de coordinar los trámites en línea con todos los organismos relacionados.

Se trata de una idea muy buena pero compleja en su implementación, pues es necesario que todas esas entidades tengan afinados los trámites en línea y con un solo sistema. Que hablen el mismo ‘idioma’ tecnológico.

Díaz también dijo que otra de las funciones de la AND es constituir un sistema que permita a los ciudadanos realizar sus trámites ante las entidades públicas vía internet. Para eso, se trabaja en la implementación de la carpeta ciudadana, que no es más que una base de datos personal con la que las personas pueden adelantar sus trámites de manera virtual. Se podrán pagar servicios, pedir papeles, tramitar una pensión o subsidio y hasta adelantar licitaciones públicas, entre otros.

El desafío de seguridad es grande, teniendo en cuenta lo que sucedió hace unas semanas con Facebook y la filtración indebida de datos personales de unos 87 millones de usuarios.

“Estamos conscientes de ese tipo de hechos y por eso trabajamos muy fuerte para garantizar a la gente que su información personal va a estar protegida. Cada ciudadano tendrá la potestad de autorizar a qué empresa pública o privada le permite el acceso a su información”, dijo Díaz.

Mayerly Díaz aseguró que su equipo trabaja por estos días -y a tres meses de terminar el Gobierno- en diseñar los manuales técnicos que permitirán llevar estos planes a la realidad.

También explicó que este tipo de servicios ciudadanos en línea funcionará con operadores privados, algo similar -aunque no igual- a lo que sucede hoy con la planilla integrada de aportes parafiscales (PILA).

En el caso de la AND, los operadores que cuenten con la tecnología y la experiencia, podrán ofrecer sus servicios a bancos, EPS y demás empresas interesadas en participar en este tipo de servicios o recaudos en línea. Díaz explicó que el manejo de la base de datos personal, más conocido como carpeta ciudadana, no tendrá costo para el ciudadano y mencionó una asignación por persona de 5GB y una única clave.

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Entre los operadores que ya han mostrado interés en participar en el proyecto digital están: GSE, Certicámara, Telefónica, Indra, RUNT, Carvajal y Sistemas y Comunicaciones, entre otros.

La Agencia mencionó que se trabaja en el tipo de tecnología que se usará para la autenticación de los usuarios, en otras palabras, para verificar que la persona que hace el trámite sea la misma que se registró y que no se trate de una suplantación. En ese sentido, se evalúan tecnologías como huella digital, lectura del iris, reconocimiento de voz y hasta la lectura electrónica del mapa de las venas, único también en cada persona.

La AND es la respuesta del Gobierno a una tendencia que se había mantenido por años y que se centraba en digitalizar los servicios al interior de las entidades públicas, pero sin tener en cuenta las necesidades del ciudadano. Ahora, el punto central será esto último.

Así mismo, la información pública (no la personal) podrá ser utilizada en la construcción de política pública. Por ejemplo, si se detecta que en una ciudad determinada aumentó una determinada enfermedad (no hay que pasar de vista que la carpeta ciudadana podrá tener la historia clínica) es posible anticipar una política para reducir o combatir ese tipo de afectaciones a la salud. Los usos de esa data con casi infinitos en este tema de política pública.

En los próximos años el mayor desafío no será construir las bases de datos o los programas para cruzar la información entre entidades públicas y privadas. Eso está inventado. El tema central será convencer y demostrar a los usuarios que su información estará protegida y que no será usada para otros propósitos. Este temor no es infundado teniendo en cuenta lo que ha pasado en Colombia y otros países, pero tampoco nos podemos perder la oportunidad de contar con una herramienta que puede facilitar los trámites y evitar tanta cola y papeleo tedioso. El desafío es ese.

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