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La investigación estableció, según la Fiscalía, que el contrato 543 del 15 de abril de 2020 fue celebrado de manera directa con el sobrino del entonces funcionario Elberto Meza Mora, “quien supuestamente proyectó el concepto técnico de la convocatoria y la invitación pública para favorecer a su familiar”. | Foto: Guillermo Torres

JUSTICIA

Fiscalía imputa a vinculados a presunto contrato irregular de salud en Cúcuta

La Fiscalía General imputó a la exsecretaria de Salud de Cúcuta, junto con dos exfuncionarios más y un contratista, por un presunto contrato irregular para abastecer a los centros hospitalarios de la ciudad con insumos médicos para enfrentar la covid-19.

12 de septiembre de 2020

El contrato, según ha informado la Fiscalía, fue suscrito por $1.081 millones “de manera directa y en medio de presuntos sobrecostos en el valor unitario de los productos a adquirir”.

Por estos hechos, “la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de requisitos legales" a los implicados.

Entre los señalados está la exsecretaria de Salud de Cúcuta, María Constanza Arteaga Hernández; dos exfuncionarios de la misma entidad, Elberto Meza Mora y Gely Paola Torres Garibello; y al contratista José Nicolás Alvarado Meza. "Los cargos no fueron aceptados por los procesados”, dijo la entidad en un comunicado.

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La investigación estableció, según la Fiscalía, que el contrato 543 del 15 de abril de 2020 fue celebrado de manera directa con el sobrino del entonces funcionario Elberto Meza Mora, “quien supuestamente proyectó el concepto técnico de la convocatoria y la invitación pública para favorecer a su familiar”.

Asimismo, se constató que “Gely Paola Torres Garibello habría realizado el análisis financiero de las propuestas comerciales para garantizar el direccionamiento del contrato, al tiempo que se desempeñó como supervisora del mismo. Estas actuaciones ilícitas, al aparecer, fueron avaladas por quien fuera la secretaria de Salud de Cúcuta, María Constanza Arteaga Hernández”.

Los señalados implicados en la conducta ilegal suscribieron un otrosí para reajustar los precios de los productos que no tenían IVA y estaban incluidos en el contrato original. La modificación disminuyó el valor del contrato a $912’182.000”, agregó la Fiscalía.

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