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Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco. | Foto: Fenalco

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Ley para pagar facturas a máximo 60 días: ¿por qué se opone Fenalco?

Dinero habló con Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, para que explicara por qué desde ese gremio no ven con buenos ojos la iniciativa que limita a 60 días el pago de facturas a proveedores.

5 de febrero de 2019

Casi que unanimidad se ha promovido desde diversos sectores para el proyecto de ley denominado “Pago a plazos justos”, que propone que compradores no demoren más de 60 días en pagar facturas a sus proveedores y que se discutiría en cuanto arranquen las sesiones ordinarias de la nueva legislatura del Congreso.

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Pero a la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), como que no le ha gustado la idea. Así lo ha expresado Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, en entrevistas radiales y en sesiones de socialización en el Capitolio Nacional.

Dinero lo buscó para saber por qué Fenalco se opone a la iniciativa que segunda una parecida –y muy aplaudida- que se promulgó en Chile.

Dinero - ¿Cómo ven desde Fenalco el proyecto de ley denominado “Pago a plazos justos” que se tramita en el Congreso?

Eduardo Visbal: Nos preocupa mucho que las relaciones comerciales entre privados se pretendan reglamentar por la vía legal, porque este tipo de intervenciones que se aparentan, se presentan bien y son muy populares, son rígidas e inmodificables, todo lo contrario, precisamente a la gran flexibilidad que existe entre un proveedor y un comprador. En un país en el que se hacen millones de transacciones comerciales anualmente, es imposible reglamentarlas.

Este tipo de intervenciones tienen un costo, no son gratuitas. Como se dice popularmente: “no hay almuerzo gratis”. Cuando se está negociando una mercancía, el precio define el plazo: a más plazo, más precio y viceversa.

Otra situación que nos parece inconveniente, consiste en que no se debe uniformar todo pago en un plazo porque no es lo mismo proveer un producto perecedero, como las frutas y verduras que tienen alta rotación, que proveer una producto de la industria liviana o proveer bienes de capital, de alta tecnología, línea blanca, electrodomésticos, entre otros, cuya rotación es mucho más lenta.

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Poner por la vía legal a pagar a todos en un plazo fijo y rígido, es desconocer las realidades empresariales y comerciales, y lo que podría ser más delicado, sería situar en posición de antagonistas a unos proveedores y compradores que milenariamente han acordado sus plazos de pago a través de la negociación que es voluntad entre las partes.

D- Defensores del proyecto dicen que este no es un proyecto que beneficiaría solo a las pymes, sino también a la relación entre las grandes compañías y sus proveedores ¿está de acuerdo?

E.V. - Es muy importante destacar que este no es solo un asunto de comerciantes, sino que es también uno de industriales y proveedores de servicios.

La gran industria es la que menos necesita de este tipo de intervenciones ya que sus relaciones con grandes comercios y grandes proveedores cuentan con reglas claras y se fijan bilateralmente. No tendría sentido obligar a grandes conglomerados que paguen o les paguen a determinados plazos, cuando todo eso depende de sus estrategias comerciales y sus capacidades financieras.

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Por el contrario, consideramos que podría afectar mucho a las micro, pequeñas y medianas industrias manufactureras. Estas, para poner un producto o mercancía en un mercado, necesitan adquirir materias primas que deberán pagar en el plazo prefijado en la ley, para posteriormente manufacturar, almacenar, despachar y vender, proceso que dura varios meses, más la facturación para retornar el valor de la venta. En este lapso, no tendría espacio para negociar los plazos de las materias primas e insumos, viendo afectada su operación. En pocas palabras, les tocaría pagar pronto y recibir tarde.

D- ¿Creen que de ser aprobado este proyecto de ley tendría algún impacto en la economía nacional?

E.V. - Podría deslizar a muchos a la informalidad, pondría en situación de conflicto a proveedores y compradores y generaría millones de situaciones de incumplimiento que harían muy difíciles las relaciones comerciales.

Proponemos que se adopten por parte de cualquier gremio, asociación o liga de empresarios el Convenio de Buenas Prácticas Comerciales que opera satisfactoriamente desde 2003, el cual ha servido para arreglar los problemas que se han presentado entre proveedores y compradores, de manera amable, amigable y directa, sin intervenciones de terceros que tendrían altos costos, especialmente para los pequeños empresarios.

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