Dos exsuperintendentes de Salud, a responder por crisis de Saludcoop

La novela por el descalabro financiero de la EPS Saludcoop inicia un nuevo episodio por cuenta de un fallo que acaba de proferir la Contraloría General de la República contra dos ex superintendentes de Salud y a tres interventores de la entidad en liquidación.

En primera instancia, la decisión afecta a los Superintendentes Nacionales de Salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo, quienes ejercieron sus cargos para la época en que se registró la crisis, así como también contra quienes actuaron entonces como agentes interventores: Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval. Estos funcionarios, junto a la propia EPS Saludcoop en liquidación, deberán responder por $91.133 millones en lo que han sido calculados los perjuicios generados a la Nación con sus actuaciones. Sin embargo, todavía tendrán una segunda instancia para presentar sus descargos.

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Los funcionarios a los que la Contraloría encontró responsables fiscales tenían a su cargo la vigilancia y posterior intervención de Saludcoop, la EPS que se desplomó en medio de un escándalo por sus manejos financieros.

La decisión del ente de control estableció que hubo una desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.

El fallo, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, cobija además a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación, encontrada responsable fiscal.

La Contraloría determinó que los recursos que debían destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, y que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), se utilizaron para realizar gastos que no tienen relación con el objeto social de la EPS intervenida. Estos recursos se usaron por ejemplo para hacer pagos a vinculados económicos y contratos de leasing (estos para comprar inmuebles y equipos médicos).

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En otras palabras, la plata que debía utilizarse para asegurar los riesgos de los afiliados a la EPS Saludcoop, se habría utilizado en gastos que no tenían ninguna relación con este propósito.

De hecho, el ente de control asegura que esta práctica irregular de gastar los dineros parafiscales en conceptos ajenos a su destinación constitucional específica, ya había sido cuestionada por la Supersalud y por la propia Contraloría, antes de la intervención de la EPS Saludcoop y, sin embargo, persistió en esa nueva etapa.

La cuantía inicial del fallo de responsabilidad fiscal es de $69.069 millones, que traído a valor presente (indexado) se convierten en $91.133 millones.

Todos los declarados responsables fiscales son objeto de embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias, dijo el ente de control.

En el caso de los tres agentes interventores de Saludcoop EPS declarados responsables fiscales (Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval), la CGR les atribuyó conducta gravemente culposa y consideró que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.

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También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarmay y Corporación IPS Saludcoop), en el segundo.

La compañía Axa Colpatria Seguros S.A. tiene la póliza de manejo global que cubriría a los dos exsuperintendentes de Salud, hasta por un valor de $1.400 millones.