Naturgy le responde a la Contraloría por caso Electricaribe

Luego del anuncio de la Contraloría General de la República de imputar responsabilidad fiscal por $187.227 millones a Electricaribe “por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social, Foes, que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016”, se conoce hoy un comunicado de prensa de Naturgy en donde se rechaza tal decisión.

La Contraloría había explicado esta semana que los recursos del Foes son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe, explicó el ente de control.

Naturgy rechazó y desmintió esta decisión de la Contraloría que fue publicada en varios medios de comunicación. “Tal como se ha explicado de manera extensa a las autoridades, estos subsidios en todo momento se usaron, con fundamento en la normatividad vigente, para cubrir los gastos de operación en las denominadas Zonas Especiales. Aun cuando la actuación anunciada aún está en curso y no hay una decisión en firme de la Contraloría General de la República, confiamos en que la Entidad, garantizando el debido proceso, no va a dejar de reconocer que Electricaribe utilizó los recursos del Foes de manera transparente y teniendo en cuenta los fines sociales para los cuales estaban destinados de acuerdo con la regulación aplicable al esquema de medición y facturación comunitaria en las Zonas Especiales”, explicó la entidad mediante un comunicado emitido en la ciudad de Madrid este 3 de septiembre.

Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) también dice que “causa especial extrañeza que las mismas autoridades colombianas de la época (Ministerio de Minas y Energía, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría General de la Nación) en el ejercicio de sus funciones, avalaron el esquema que solo ahora después de la intervención y en el marco del litigio internacional, se resalta como ilegal”.

También explica que, en un amplio número de resoluciones, sentencias e informes, tanto el Ministerio de Minas como la Superintendencia de Servicios Públicos y la misma Contraloría, avalaron la forma de aplicación del Foes y reconocieron que dichos recursos se usaron para atender los gastos propios de la operación y del servicio en la Costa Atlántica. Máxime en un contexto socioeconómico donde el impago de las facturas y el robo de energía se generalizaban sin que el marco regulatorio, las medidas legales o las fuerzas de seguridad dieran una respuesta adecuada a las necesidades del servicio”.