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COYUNTURA/Para los negocios

Entre lo monetario y lo fiscal

El Banco de la República envió una clara señal de que no puede seguir soportando solo, el control de la revaluación y la inflación. El Gobierno tiene que reducir el déficit fiscal.

4 de julio de 2008

Hace poco más de un año que la Comisión Independiente de Gasto Público se pronunció sobre las medidas que le recomendaba al Gobierno para reducir la deuda pública, moderar el exceso de demanda, combatir la inflación, atenuar el proceso de revaluación del peso, asegurar un crecimiento sostenible, generar empleo formal y proteger el bienestar de las familias colombianas. Todo ello, según la Comisión, se lograría a partir del ahorro, orientado a la reducción del gasto para así disminuir el déficit fiscal y el monto de la deuda pública.

No obstante, el Gobierno hizo caso omiso a las mismas y un año después la economía se encuentra recalentada, la inflación se ha acelerado y la revaluación parece no tener límites. El Banco de la República, que tiene en sus manos el control de la política monetaria, ha hecho todo lo que está de su parte para contrarrestar estas tendencias al aumentar la tasa de interés de intervención e imponer controles administrativos, pero para lograr el efecto esperado requiere que el Gobierno ajuste sus gastos. Es por ello que el Banco decidió dejar inalterada la tasa de interés en 9,75% e insistió al Gobierno en la importancia de reducir el déficit fiscal.

El Gobierno, por su parte, parece haber recibido con buena disposición el consejo del Banco y ha expresado públicamente que hará un recorte fiscal de $1,5 billones en el presupuesto general de 2008, cifra que coincide con las recomendaciones hechas por la Comisión de expertos un año atrás. Sin embargo, no se ha pronunciado respecto a la recomendación de reducir la deuda pública en $7,25 billones ni sobre cómo asegurará la sostenibilidad futura de las fuentes de financiamiento del déficit.

La Comisión recomendó dicho recorte para evitar que todo el peso del ajuste recayera en el sector privado y para lograr un manejo anticíclico de la política fiscal. Y sugirió acatar la segunda recomendación, consiguiendo los recursos para prepagar deuda mediante la venta de la participación de la Nación en ISA (56% del capital de la empresa), de las acciones equivalentes al 25% del capital de Isagen; y de la participación en Urrá y Corelca. Aunque el Gobierno ha avanzado en la venta de dichas participaciones y otras más, el destino de los recursos no ha sido empleado únicamente en pago de deuda pública, sino como una fuente de financiamiento del déficit.

De esta forma perdió una valiosa oportunidad de fortalecer la política fiscal y por esta vía controlar la revaluación y disminuir la presión inflacionaria. ¿Recortar el presupuesto sin una estrategia clara de reducción de deuda logrará los mismos efectos que se buscaban hace un año? Todo depende de la forma como aproveche las fuentes de financiamiento del déficit en la coyuntura actual. Hasta el momento, ha desaprovechado la reducción de la deuda que se generó con la revaluación porque no hizo prepagos importantes. Así mismo, los recursos provenientes de la venta de activos tuvieron distintas destinaciones, como ya se mencionó, en lugar de haber sido utilizados en una política de largo plazo como reducir deuda, que es lo que recomendaba la Comisión.

Sostenibilidad

Es claro que el Gobierno tiene que replantear el destino de los recursos que obtenga por privatizaciones. Entre los años 2002 a 2007 ha habido privatizaciones por valor de $6,56 billones, pasando de $2.200 millones al inicio del periodo, a $5,8 billones en el último año y la mayoría de estos recursos se ha destinado a financiar el déficit. Pero esta vía de financiamiento es insostenible en el largo plazo porque los activos son limitados y solo pueden ser vendidos una vez.

Por otro lado, la deuda externa y el pago de sus intereses se han visto beneficiados por la revaluación desde el punto de vista fiscal porque han disminuido en pesos; además, los gastos en moneda extranjera, en los que las importaciones de equipo militar tienen un peso importante, se han reducido por esta misma razón y, aunque la revaluación ha tenido un efecto negativo porque los ingresos del exterior también se vieron disminuidos en pesos, en el balance la diferencia es positiva para el Gobierno y por lo tanto este superávit debería aprovecharse para pagar deuda y no como fuente de financiamiento del déficit. El efecto de la revaluación es transitorio. Es la primera vez que el país vive un ciclo revaluacionista tan duradero.

De otra parte, el Gobierno está a tiempo de aprovechar los ingresos por mayor pago de dividendos por parte de Ecopetrol y el aumento en el pago de impuestos de esta petrolera, que se han incrementado por los altos precios del petróleo. Aunque los subsidios a la gasolina que paga el Gobierno también han aumentado, en el neto el efecto es positivo y se espera que se mantenga el próximo año. 

Lo que falta 

El Gobierno ya anunció que dos terceras partes del recorte se conseguirán reduciendo inversión y la tercera parte restante disminuyendo gastos de funcionamiento de la Nación, sin afectar el presupuesto de la Seguridad Democrática, de los proyectos de infraestructura y de los programas sociales del Estado. Pero debe ser más específico en los gastos que va a recortar para poder medir mejor el impacto de la medida.

También es conveniente que, si lo hubo, se revele el proceso mediante el cual se llegó a la definición del tamaño del ajuste en $1,5 billones. El Gobierno debe ser explícito en las razones que lo llevaron a esta medición y que contemplan su factibilidad. Si tal proceso y tales razones no existen, es necesario que se hagan los estudios pertinentes. A futuro, dichos análisis deben realizarse antes de ser anunciados públicamente porque, entre otras, generan reacciones especulativas en algunos mercados.