El tortuoso camino de la subasta de espectro

A mediados de octubre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó los requisitos establecidos para participar en el proceso de asignación de permisos para el uso del espectro en tres bandas (de 700, 1.900 y 2.500 MHz.) en la subasta que en principio estaba programada para el 12 de diciembre de este año.

Ha sido una de las movidas más esperadas en el sector de telecomunicaciones, no solo porque generaría una mayor inclusión en el acceso a banda ancha a una población estimada en 20 millones de personas, sino también porque serviría para dinamizar la inversión y el crecimiento de un sector que en los años recientes ha estado opacado. De hecho, la subasta llega tras uno de los pocos triunfos legislativos del gobierno Duque: la aprobación de la Ley TIC.

Sin embargo, el pasado 8 de noviembre, el Gobierno declaró desierto el proceso. El 5 de noviembre se vencía el plazo inicial que había dado el Gobierno para que llegaran las propuestas de los interesados, pero solo aterrizó la de Claro. En ese momento, el MinTIC decidió ampliar ese plazo hasta el 12 de noviembre, un mes antes de la subasta, pero cuatro días antes su determinación fue declararlo desierto. Sin embargo, rápidamente reaccionó y publicó para comentarios un nuevo proyecto de resolución, que se discutía al cierre de esta edición y que contemplaría hacer público el precio base, hecho que no estaba en la subasta original y que había despertado toda la polémica.

¿Cuál fue la historia? Algunos jugadores como Tigo (Millicom) y Movistar (Telefónica) habían manifestado sus inconformidades al proceso inicial, mientras que Claro había declarado su decidido interés de participar en la subasta. El 5 de noviembre pasado, la Junta Directiva de UNE EPM Telecomunicaciones no aprobó la participación de su filial Colombia Móvil (Tigo UNE) en esta operación.

La regulación prevé para bandas bajas un tope de espectro de 45 MHz, lo que implica que dos de los actuales operadores que ya tienen espectro allí (Claro y Movistar, cada uno 25 MHz), solamente podrían participar por 20 MHz adicionales en la frecuencia de 700, mientras Tigo, que actualmente no tiene espectro en bandas bajas, podría hacerlo hasta por 45 MHz, que es el tope existente.

Luego de conocerse las condiciones, Tigo manifestó su desconcierto. “No conocemos el precio base de la subasta. El requisito mínimo para que un operador analice si participa o no; así es imposible estructurar una propuesta”, indicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo. Y agregó: “Están experimentando con la asignación de la banda de 700 MHz. Nos están pidiendo entrar a ciegas a pujar por el recurso clave para cerrar la brecha digital en Colombia. Como están las cosas hoy, el desarrollo de la subasta tambalea”, dijo el directivo.

Incluso, la inconformidad escaló: Mauricio Ramos, CEO de Millicom, le envió directamente una carta al presidente Iván Duque en donde advierte que las condiciones del proceso de subasta de no revelar el valor de reserva o precio mínimo, “se alejan diametralmente de las mejores prácticas internacionales para la asignación de espectro y genera enorme e innecesaria incertidumbre para la toma de una decisión de inversión extranjera en el país de esa magnitud”.

Agregó en su misiva que 17 de los 25 comentarios en el proceso de socialización de la subasta argumentaron la necesidad de conocer el precio base. Y dijo que autoridades como 5G Américas, GSMA, Aetha, Analysys Mason, Nera –que contrató Telefónica– y hasta documentos de la Ocde han advertido que la necesidad de revelar los valores de reserva es necesaria en la subasta. “Encontramos inexplicable no revelar el valor separándose por lo tanto y de forma tan radical de las mejores prácticas de transparencia internacionalmente utilizadas siempre en estos procesos (…) solicitamos que se haga público el valor de reserva del proceso de subasta (…) ”, concluye en su carta Ramos.

Precisamente, el tema de competencia ha tomado vigencia en medio del debate de la subasta. Además de la no publicación del precio mínimo, otro hecho despertó rechazo en el proceso: que la antigua Comisión de Regulación de Telecomunicaciones dejó pendiente una decisión en torno a la posible dominancia de Claro en el mercado de servicios móviles, determinación que quedó en manos de la nueva autoridad regulatoria, tras la entrada en vigencia de la Ley TIC, pero que aún no se define.

Desde antes de que se conocieran los términos de este proceso, y ante la determinación de dejar a la nueva institucionalidad regulatoria la decisión en materia de dominancia de Claro, tanto Tigo como Movistar han manifestado sus preocupaciones porque el mercado, en su concepto, se siga concentrando.

En su momento se criticó que se avanzara en la subasta sin haber definido este tema porque Claro ya fue declarado dominante en el servicio de voz y se estaría trasladando al de servicios móviles. De hecho, en octubre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la multa por $87.000 millones que en 2013 le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a Claro, entonces Comcel.

Pero Claro se defiende. En una columna publicada en El Tiempo, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, advierte que algunos agentes del mercado están torpedeando los procesos de modernización del sector “alegando que el tamaño de Claro no les permite competir libremente”.

“Llegan los competidores hasta el extremo de alertar un posible monopolio. En una situación de monopolio, un solo productor satisface la demanda de todos los consumidores. Ello le permite la posibilidad de determinar el precio y la cantidad que más le convienen al monopolista a costa de extraer recursos del consumidor. Este claramente no es el caso del mercado de datos móviles en Colombia, como lo indica el hecho de que las tarifas del Megabyte han caído 70% y los colombianos consumen 5 veces más datos que hace 5 años y 50% de los usuarios cambian de operador todos los años”, dice Archila en su columna y agrega que hoy hay 9 prestadores de servicios móviles, cuando hace un poco más de 5 años había solo 3, claro indicador –en su concepto- de un mercado en plena competencia.

Sin embargo, pocos días después de la publicación de la columna, estuvo en Colombia José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), y aseguró que Colombia necesita de mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones, pues los tres más grandes tienen más de 70% de participación. Y sin dar nombres, destacó que en servicios de datos móviles la concentración es mayor porque una sola empresa tiene 54% de las líneas de datos prepagados.

Al cierre de esta edición se esperaba el avance en el nuevo proceso para que la subasta no quedara en el aire.