Desconexión ministerial tendría en vilo el futuro de Uber y Cabify

Distintos actores alrededor de esta discusión y las mismas compañías involucradas, coinciden al afirmar que en Colombia la discusión sigue anclada por un tema de decisión política y desconexión ministerial.

Justamente este martes el presidente de la Federación de Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, afirmó en el evento Ecommerce Summit Colombia que “la tecnología acaba derrotando todo”.

“Airbnb le va a pegar un golpe duro a la hotelería pero no la va a reemplazar (…) tarde que temprano se va a tener que buscar un mecanismo para que todos puedan convivir”, afirmó el representante gremial.

Guillermo Botero explicó que esta misma situación está ocurriendo con Uber, lo que pasa es que “nadie se atreve a dar el paso (hacia la legalización de la plataforma) por el problema político” que podría generar.

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Consciente de las implicaciones que podría tener la legalización de esta polémica aplicación estadounidense, Botero afirmó que “todos los Gobiernos de turno empiezan a enredarse, tratan de arreglar el problema y en definitiva nunca hay solución".

“Aquí nos dijeron que el vicepresidente Germán Vargas Lleras arreglaba en cuestión de meses el tema de Uber y ahora que está de candidato (a la presidencia) con seguridad que no va a tocar el tema porque para qué, eso le levanta un número de taxistas importante en su contra”, ironizó Botero.

El presunto rifirrafe entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Transporte  ha tenido varios capítulos.

Y es que el MinTIC apoya el derecho que tienen todos los colombianos de usar aplicaciones móviles y por ello radicó en el mes de marzo un escrito oponiéndose a las medidas cautelares solicitadas para bloquear la utilización de ese tipo de plataformas.

En dicho escrito, radicado el día 23 de marzo con el número 58486, el MinTIC defiende el principio de Neutralidad de Internet contemplado en el artículo 56 de la ley 1450 de 2011, el cual afirma que el Estado no debe restringir el acceso y uso a cualquier contenido o aplicación a través de internet.

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Por otro lado el Ministerio de Transporte, presionado por la fuerza del gremio de taxistas, ha reiterado que aplicaciones como Uber y Cabify (en su modalidad de carros particulares) son ilegales porque no cumplen con la reglamentación establecida.

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Para definir esta situación, en marzo el Gobierno decretó que los vehículos que presten el servicio de transporte especial deben estar afiliados a una empresa debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte.

Tras dicha modificación quedó decretado que ningún vehículo particular, como lo viene realizando la compañía estadounidense en su modalidad Uber X pero también la española Cabify con su segmento Lite, “puede ser utilizado para la prestación del servicio público de transporte especial de pasajeros”. 

Hace unos días el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, reiteró que lo ilegal no son las plataformas en sí, sino el servicio que prestan utilizando vehículos particulares y no autorizados por la legislación colombiana para el transporte público de pasajeros cuando la ley lo prohíbe.

Así mismo, y en el marco de varias protestas que realizaron los taxistas en contra de las plataformas tecnológicas a principios de este mes, el ministro aseguró que el Gobierno  viene trabajando en una plataforma que va a permitir a los conductores de taxi mejorar las condiciones en la prestación de este servicio.

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“Nosotros estamos de acuerdo con el ministerio TIC de hacerle más fácil la vida al usuario, por eso estamos construyendo una plataforma para podérsela entregar a los taxistas de Colombia”, explicó el ministro.

Sin embargo la discusión está lejos de calmarse y más cuando el pasado mes de abril una juez del Tribunal Superior de Cundinamarca admitió que Uber había sido mal notificada de la demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte, por lo que el proceso que buscaba su desactivación fue desestimado temporalmente.

Ciertos ingredientes han agudizado más el tema, como el hecho de que a la plataforma Cabify le fuera notificada una multa por más de $500 millones que fue expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

A juicio de esa entidad, la plataforma española violó las normas sobre la prestación del servicio público de transporte automotor especial y al servicio público de transporte individual de pasajeros.

Para conocer la posición de la compañía frente a esta multa, Dinero entrevistó al director general de Cabify Colombia, Camilo Sarasti. Esta es su perspectiva.

Foto: Director general de Cabify Colombia, Camilo Sarasti.

¿Por qué consideran que no se ha podido concretar el tema de la legalización?

Infortunadamente en Colombia no existe la voluntad política para acabar con el negocio de los cupos que están concentrados en las manos de pocas personas muy poderosas. Cerca del 90% de los taxistas no son dueños de sus cupos, y en el caso de Bogotá se levantan todos los días debiendo $180.000 al propietario. Lo que se necesita es voluntad política y no la hemos visto hasta ahora.

¿Consideran que existe una desconexión al interior del Gobierno?

En 50 años no ha habido una demanda de un ministerio contra otro. Si el gobierno tomara una posición pondría a los dos ministerios a dialogar y no dejaría que esto llegara a un tribunal que no puede legislar acerca del tema.

¿Cuántas multas han recibido en Colombia?

El pasado martes recibimos nuestra primera multa por más de $516 millones. La vamos a apelar y llevarla a los tribunales para que la justicia decida si la Superintendencia de Puertos y Transporte tienen jurisdicción sobre una empresa de tecnología. Las empresas que son vigiladas por la Supertransporte le deben pagar una tasa y reportar información al VIGIA. Cabify Colombia SAS nunca ha hecho ninguna de estas dos cosas, por lo que no entendemos por qué ahora tendrían competencia para vigilarnos.

¿Han pensado en escalar este caso a nivel internacional para poder lograr la legalización?

Preferimos trabajar en conjunto con el Gobierno nacional y el Congreso de la República para reglamentar el tema. Nos preocupa que después del transporte sean empresas como Airbnb o Netflix las que sigan con multas. Es muy grave que el gobierno de Colombia se vaya en contra de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Aquí no solo es un tema de Cabify sino que el Estado se dedique a defender monopolios anticuados.

¿Qué opinión tienen con respecto a la creación de la categoría de taxis de lujo?

Los taxis de lujo no son la solución. El decreto que los habilita salió hace un año y no existe el primer taxi de lujo rodando en las calles colombianas. La razón es sencilla: el decreto mantiene el sistema de cupos, lo cual obliga a chatarrizar un taxi viejo para habilitar uno de lujo, y además exige que las empresas de taxi inviertan tiempo y dinero en algo que no saben hacer, desarrollar aplicaciones.

 *En últimas, este limbo en falta de decisión y reglamentación por parte del Gobierno llevará a la ley de la selva. Nadie se atreve a meterse en esta contienda porque los taxistas son grandes electores. ¿Y los ciudadanos qué? Eso no parece importarle a nadie en el Gobierno central.