Sigue detenido el debate sobre las plataformas de movilidad

Pasó más de un semestre de idas y venidas en busca de acuerdos. Pero finalmente el proyecto de ley que buscaba reglamentar las plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, entre otras, se hundió en el Congreso.

No tuvo debate ni trámite y ahora algunos esperan que para la próxima legislatura pueda retornar y avanzar. Eso permitiría definir la situación de casi 130.000 familias, cuyos ingresos dependen, en gran parte, de ese trabajo.

Hubo otras movidas en el tema de esas plataformas. Primero, varios representantes a la Cámara le solicitaron a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, reglamentar estas plataformas tecnológicas temporalmente, mientras dura la emergencia. Sin embargo, el Gobierno no acogió esta propuesta.

Y, segundo, un fallo del Tribunal Superior de Bogotá tumbó una de las decisiones más polémicas de finales del año pasado, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió por vía jurisdiccional prohibir a Uber operar en Colombia. Según el tribunal, la acción prescribió porque el demandante, Cotech Taxis Libres, conocía de Uber pero solo demandó después de dos años de su llegada al país.

En su momento, la SIC levantó una polvareda y generó suspicacias por las circunstancias en que tomó su decisión: en plenas protestas sociales en las que brillaba por su ausencia el gremio de taxistas, enemigos naturales de Uber. Además, como cosecuencia, esta demandó a la Nación en estrados internacionales por US$250 millones.

Precisamente, el representante Mauricio Toro, del Partido Verde, denunció que el gobierno nacional tiene una clara estrategia para oponerse a las plataformas de transporte y al avance de su regulación. Señaló la fallida decisión de la SIC para bloquear Uber, revocada por el Tribunal Superior de Bogotá; y, por otra parte, la estrategia del Ministerio de Transporte para hundir el Proyecto de Ley No. 292 que reunía el consenso en el Congreso.

El escenario ha estado caliente. Por ejemplo, Uber pidió casi una reglamentación individual y exclusiva para ella. El Gobierno, por su parte, les cobra impuestos a las plataformas, aunque las considera una actividad ilegal. Además, también está pendiente la reglamentación del artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye la seguridad social para las plataformas de economía colaborativa.

La historia

En el segundo semestre del año pasado comenzaron a surgir varias iniciativas para reglamentar y formalizar el trabajo de las plataformas de transporte en el país, en un debate que ha avanzado en el mundo. Incluso el propio gobierno alcanzó a mencionar su interés de presentar un proyecto de ley.

Sin embargo, solo llegó uno: el de Mauricio Toro, del Partido Verde, y Edwin Ballesteros del Centro Democrático, representantes de dos orillas distintas. A este proyecto se empezaron a sumar otros, como Gabriel Santos y Horacio José Serpa, hasta conformar una coalición multipartidista.

Aparecieron, a finales de 2019, los paros, las tensiones y presiones políticas y sociales, y la polémica decisión de la SIC. Entonces varios congresistas se reunieron con el Gobierno, representado por Ángela María Orozco, ministra de Transporte, los viceministros del sector, la Superintendencia del ramo y Víctor Muñoz, consejero presidencial económico y de Transformación Digital. Allí hubo tensión porque el Gobierno dejó entrever la posibilidad de presentar un proyecto de ley, pero los congresistas de varios partidos no vieron con buenos ojos esa iniciativa y consideraron que iba contra la autonomía del Congreso.

Al final lograron un acuerdo para que el Gobierno respaldara el proyecto de ley ya presentado, hiciera comentarios y quedaron planteadas unas mesas de trabajo.

En febrero, el Ministerio de Transporte hizo las primeras consideraciones sobre el proyecto de ley enfocadas varios aspectos. En primer lugar, la naturaleza del servicio de transporte público y, por tanto, la inconveniencia de modificar el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 como pretende el proyecto. Segundo, las autoridades de supervisión respecto del servicio de transporte a ofrecer, así como de la operación de la plataforma. Tercero, las condiciones de acceso al mercado. Cuarto, la importancia que los conductores reúnan las mismas condiciones de los de servicio público de transporte, como la categoría de la licencia de conducción. Quinto, las especificaciones del vehículo autorizado. Sexto, las obligaciones del operador de la plataforma tecnológica y octavo, el régimen de responsabilidad contractual y extracontractual, así como las garantías –pólizas de seguro– exigibles, entre otras.

Las mesas comenzaaron a trabajar, pero no avanzaron al ritmo que algunos congresistas esperaban. Y llegó el coronavirus, que impactó a muchas de las familias que dependen del transporte –taxistas y conductores de plataformas–-, cuyos ingresos se redujeron. Además, muchos de ellos no hacen parte de los programas sociales y no están en estratos vulnerables.

Sin embargo, en medio de la pandemia empezó a apareceruna ventana de oportunidad. Sectores económicos comenzaron a reactivarse, otros nunca cerraron, en medio de un transporte público que debe mantener la distancia social y operar al 35%.

Esa situación abrió la posibilidad que, en forma temporal y al amparo de los decretos de emergencia económica, se pudiera habilitar y reglamentar la operación de las plataformas para que junto con los taxis atendieran la demanda de transporte, que no alcanzan a cubrir las bicicletas, patinetas ni los transportes masivos.

Incluso 17 representantes a la Cámara de la Comisión VI propusieron esta alternativa en una carta dirigida a la ministra Orozco, apenas a una semana de terminar las sesiones ordinarias del Congreso. Argumentaban que otros países lo han hecho, contribuye a disminuir el riesgo de contagio por la alta demanda en la movilidad e igualmente se constituye en una fuente de sustento para las familias de un sector en crisis.

Orozco, en respuesta a la carta, advirtió que corresponde al Congreso de la República regular la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos particulares intermediado a través de plataformas tecnológicas. Argumentó que “requiere determinaciones por ley por la naturaleza propia del servicio y el régimen legal colombiano, no mediante regulación expedida por el Gobierno nacional. De allí que no pueda proceder una reglamentación temporal por parte (sic) de este Ministerio, aunado a que con ello podría generarse incertidumbre jurídica para los agentes del sector transporte, especialmente para los usuarios”.

Durante estos meses realizaron audiencias públicas con taxistas, dueños de cupos, conductores de plataformas, plataformas, empresas de taxis y usuarios. También entre asesores de los congresistas y del Ministerio de Transporte en busca de consensos para darle vida al proyecto en el Congreso. Pero no lo lograron.

Para el representante Toro, impulsor del proyecto, el Ministerio de Transporte dilató la discusión del “único proyecto de ley que ha logrado consenso de todos los sectores políticos del Congreso”. La emergencia sanitaria aplazó la agenda trazada por el Congreso y el Ejecutivo, pero en las últimas semanas habría sido posible retomar una mesa técnica de concertación entre autores, ponentes, Comisión VI de Cámara, Ministerio de Transporte y Superintendencia del ramo. Cuando la concertación pudo avanzar en 80% del articulado, el Ministerio se levantó de la mesa e impidió lograr un acuerdo para avanzar en la ponencia y posteriormente debatirla. Lo hizo a sabiendas de su inminente hundimiento por el fin de la legislatura el 20 de junio, señaló el congresista.

“Esta decisión arbitraria de la ministra de Transporte generó un fuerte rechazo de todos los miembros de la Comisión VI de Cámara de Representantes, que la semana pasada emitieron un comunicado firmado por todos sus miembros en el que responsabiliza a la ministra por esta estrategia de bloqueo y hundimiento del Proyecto de Ley, mientras públicamente se había comprometido a apoyarlo e impulsarlo, haciendo énfasis en que el Ministerio ni siquiera cumplió su responsabilidad de radicar concepto técnico sobre el contenido del proyecto, como deben hacer todos los Ministerios”, agregó Toro.

Y fue más allá: “La conclusión es que el Gobierno de Iván Duque está intimidado por el sector taxista y, claramente, su discurso de avance tecnológico y diálogo por las plataformas no es más que una fachada. Porque todas sus actuaciones, tanto de la Superindustria indebidamente, como del Ministerio de Transporte para torpedear el proyecto de ley, solo demuestran la verdadera voluntad de impedir que Colombia avance hacia regular las plataformas de transporte, y permita a miles de familias continuar con una fuente de ingresos digna y legal. Además desconoce el derecho de los ciudadanos a elegir en qué medio se quieren movilizar”.

Al cierre de esta edición el Ministerio de Transporte no se había pronunciado sobre las acusaciones del representante Toro. Pero en comunicaciones recientes ha defendido su posición. “Ahora bien, de cara al trámite legislativo es necesario resaltar que esta cartera ministerial ha estado participando en las mesas de trabajo que se venían realizando alrededor del proyecto, haciendo los aportes técnicos y jurídicos necesarios para acompañar el proceso legislativo, con el fin de que la incorporación de la economía colaborativa, en el transporte público de pasajeros, se hiciera en condiciones que garanticen la seguridad y calidad del servicio a los usuarios, en medio de un marco de legalidad y equidad para todos los actores del sector transporte”, dijo la ministra Orozco en la carta de respuesta a los representantes a la Cámara.

¿Qué viene? Ya el representante Toro anunció que presentará de nuevo el proyecto de ley en la próxima legislatura que se inicia el 20 de julio. Pero no será una tarea sencilla: la iniciativa del Congreso está enfocada en que se trata de transporte privado. Pero el Gobierno insiste en que es transporte público y que las plataformas deben ajustarse a esas exigencias. Allí, la distancia es grande.

Incluso, para equilibrar las cargas de taxistas y plataformas algunos han propuesto quitar exigencias y discutir el tema de los cupos en los taxis, en vez de incluirlos en la operación de las plataformas. Es decir, hacer más liviana la operación para todos.

El proyecto se hundió, pero el país tendrá que abordar este debate sin presiones de ningún lado. Y, sobre todo, en busca del mejor servicio, seguramente muy limitado, para los usuarios en medio de la pandemia.

El lío internacional

En el Gobierno lideran el tema de las plataformas de movilidad el Ministerio de Transporte, la Consejería Presidencial Económica y de Transformación Digital y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Esta última entidad, en principio, estaría presente por la demanda internacional que instauró Uber contra Colombia por US$250 millones, tras la decisión de la SIC de expulsar esa plataforma del país, posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Bogotá.Pero la demanda no sería la única causa.

En el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2019 estaría otro argumento: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió denuncias en Colombia sobre una serie de acciones que buscarían bloquear plataformas tecnológicas de movilidad colaborativa mediante procesos administrativos y judiciales. En el proceso de la SIC contra Uber la Superintendencia dispuso el bloqueo inmediato de la aplicación Uber en Colombia. 

La decisión obligaría a Uber a suspender de forma inmediata su aplicación en el territorio colombiano a través de las páginas web vinculadas la empresa. Por otro lado, la SIC también obligaría a las empresas prestadoras de internet y a las operadoras de celulares a bloquear la aplicación de Uber.

En su Declaración Conjunta sobre libertad de expresión en internet realizada en 2011 por los relatores especiales de la Comisión Interam,ericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU indican que la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a los medios de comunicación.

“El principio de neutralidad es de diseño de internet, por el cual se maximiza la utilidad de las redes, tratando a todos los “paquetes de datos” en forma igualitaria sin distinción alguna. Como sostuvo la Relatoría Especial, la neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión, y es transversal a los principios rectores", dice el informe. Tal principio persigue que “la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de internet no esté condicionada, direccionada o restringida por medio de bloqueo, filtración o interferencia”.