El talante presidencial y las regiones

Los 32 gobernadores que se posesionan este primero de enero lo saben bien y se han venido preparando a conciencia para asumir los retos que trae consigo la segunda década del milenio. Por eso han hecho un empalme productivo con sus antecesores y han venido proyectando sus planes de desarrollo con objetivos ambiciosos y razonables.

En esta transición ha sido fundamental el respaldo del presidente de la República, hombre de regiones y cuyo talante ha sido forjado en medio de la aplicación de soluciones concretas en tiempos de crisis.

Recordemos que cuando formulaba su Plan de Desarrollo con marcado acento regional, el Jefe del Estado estructuró en conjunto con su saliente ministro de Salud el Acuerdo de Punto Final que está saneando las finanzas del sector y aliviando cargas que resultaban muy pesadas para las entidades territoriales.

No hay que ir mucho más allá en el tiempo para encontrar cómo el primer mandatario abonó el terreno para que? diera fruto la iniciativa de los gobernadores de contribuir a solucionar la crisis de infraestructura de la educación superior con aportes adicionales provenientes de las regalías. Tampoco como varios temas de impacto territorial hacen parte de la agenda de la Gran Conversación Nacional.

Volvamos a nuestro punto de partida para hacer énfasis en que un poco más de la mitad de los nuevos gobernadores guiarán los destinos de entidades territoriales que disponen de atributos técnicos y presupuestales que garantizan su buena salud administrativa. Sin embargo, para otros quince la tarea será más compleja e inversamente proporcional a la disponibilidad de sus recursos.

Pensando en ellos, en los departamentos más pequeños y con mayores necesidades, la Federación Nacional de Departamentos apoya y acompaña técnicamente una valiosa iniciativa concebida por el presidente Ivan Duque y ejecutada por Findeter que consiste en dotar a esas entidades y a 93 municipios de una especie de ‘kit’ para su desarrollo sostenible.

En beneficio de esos territorios el proyecto incluye una cartilla con criterios y orientaciones para sacar adelante 1.296 proyectos de infraestructura social ya identificados, que demandarán inversiones cercanas a los $11 billones.

La ejecución de los proyectos contarán con asistencia permanente para asegurar su viabilidad y cumplimiento.

Desde el comienzo de su gestión los gobernadores y alcaldes beneficiarios de la aplicación de esta metodología dispondrán de una hoja de ruta con la que no necesitarán contratar la formulación de sus planes de desarrollo y formularse metas a distinto plazo con la certeza de que su aplicación los llevará incluso a obtener victorias tempranas, logros tangibles durante los primeros cien días de sus administraciones.

Se trata, por supuesto, de respaldar su vocación de éxito a lo largo de su gestión. De brindarles herramientas para aprovechar los nuevos insumos con los que cuentan sus entidades para su desarrollo: una Ley de regiones que estimula los esquemas asociativos, la reestructuración del sistema financiero de la salud y las reformas en ciernes al Sistema General de Participaciones.

El Pacto 2020, como fue denominada la metodología, permitirá sacar mayor rédito a las posibilidades que se abren con el “acuerdo de punto final” para rescatar la salud pública y mejorar las rentas destinadas a ese servicio fundamental.

Con mayor preparación en el ámbito de la gerencia pública los departamentos, sin distingo de tamaño y fortalezas, tendrán una vocería más activa frente a la Ley de Regalías que debe radicar el Gobierno Nacional para que contenga, entre otras, las siguientes consideraciones para los territorios: protagonismo en los procesos, recursos para generar capacidades, priorización inteligente de inversiones, agilizar el trámite en la aprobación de proyectos y evitar infraestructura construida sin financiamiento.

Podrán también salir del estancamiento que se ha advertido históricamente en las rentas departamentales por trastornos en el proceso de descentralización fiscal.

El Pacto 2020 propone una alineación de la agenda de trabajo de las administraciones entrantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- adoptados en el año 2015.