El Estado como cliente

En épocas de una creciente oferta competitiva, una contracción de la demanda industrial y una tendencia empresarial a la eficiencia en costos, el tema del Estado como cliente cobra gran importancia. Sin embargo, por años, la contratación estatal, aunque ha sido el sueño inalcanzable de grandes, pequeños y medianos empresarios, también se ha estereotipado dentro de la cultura de la ineficiencia estatal y la poca transparencia en los procesos de adjudicación.



Los sobornos, propinas y abusos en los precios son la queja común de los empresarios cuando de contratar con el Estado se trata. Según los resultados de la segunda encuesta de Probidad, que Confecámaras ha realizado durante los últimos dos años, los empresarios pyme del país opinan que más del 60% de las veces tienen que dar sobornos para ser favorecidos en un concurso licitatorio en el sector público. Esta percepción se ha mantenido relativamente igual respecto a los resultados obtenidos en la primera encuesta, hace dos años. Los participantes están conscientes de que esta modalidad es tan común, que ya hablan de rangos de porcentaje del contrato que debe pagarse de manera clandestina para conseguir la venta. El 70% de los empresarios pyme dicen que ese porcentaje oscila entre el 0 y el 20%. Aun así, contratar con el Estado es "un mal necesario" y los empresarios lo saben; por esto, durante los últimos dos años, el 80% de las pyme vendieron en algún porcentaje bienes o servicios al Estado.



Esta corrupción y la falta de transparencia se suman a la ineficiencia del Estado en los procesos de contratación. Colombia compra en bienes y servicios al año más de $26 billones, y el sobrecosto en este proceso llega al 20% de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República. Es decir, si se mejoraran los procedimientos y se redujera la corrupción, se podrían ahorrar más de $5 billones anuales, necesarios en otros sectores.



En general, los problemas de ineficiencia y corrupción son comunes a toda América Latina, región que de acuerdo con cálculos del BID gasta entre 10 y 15% del PIB en la adquisición de bienes y servicios para el Estado, porcentaje que equivaldría a un total regional de US$250.000 millones al año.



Un largo camino hacia la transparencia



La búsqueda de la modernización y agilización de los procesos de contratación estatal ha sido una preocupación constante en la historia del país, sobre todo cuando en la actualidad se asigna el 38% del PIB a recursos públicos. Sin embargo, durante la última década, el tema tocó fondo y el país estableció el Estatuto de Contratación, más conocido como la ley 80 de 1993. El propósito de la ley es disponer las reglas que rigen los contratos estatales, bajo los principios de transparencia, economía y responsabilidad.



En este proceso de modernización, empresarios, gremios, asociaciones y el gobierno han determinado que la transparencia se basa en la información: saber quién está demandando y saber quiénes están ofreciendo y cuál es la mejor oferta en condiciones de equidad y sana competencia. La disponibilidad de información perfecta genera competencia y, como en todo ambiente competitivo, el más beneficiado es el consumidor; en este caso, el país.



Desde 1998, la Contraloría General de la República lidera el Sistema de Información de la Contratación Estatal (SICE). El SICE pretende agrupar todas las licitaciones y contrataciones directas o de menor cuantía de los 1.300 centros de compra del Estado con disponibilidad absoluta por medio de la web. Además, conforma una gran base de oferentes, en la cual deben aparecer todas aquellas personas naturales o jurídicas que quieran contratar con el Estado y sus correspondientes precios de referencia. "En resumen, el SICE permitirá a cualquier proveedor saber quién compra, qué compra, cuándo lo compra y mediante qué proceso", comenta José Felix Lafaurie, vicecontralor de la Nación.



De acuerdo a la Contraloría, solo 65 de los 1.300 centros de compra del Estado y 5.000 de los 100.000 proveedores que se esperan para el 2004, están hoy en el SICE.



Aun así queda la incógnita de si este mecanismo de sistematización de la información va a romper con la corrupción e ineficiencia que caracteriza las compras estatales. No hay que olvidar los bajos índices de acceso a internet de las pyme de nuestro país. De acuerdo con informaciones del BID, México fue el pionero en Latinoamérica en la implantación de un sistema en línea para la difusión y administración de compras estatales por medio de su portal www.compranet.gob.mx. Para el 2000, alrededor del 40% del presupuesto de adquisiciones del gobierno federal estaba siendo procesado por internet, con un ritmo de solicitud de pliegos de 150.000 mensuales.



¿Contratar o licitar?



La contratación estatal se resume en dos grandes figuras: las licitaciones públicas y la contratación directa, ambas regidas por el Estatuto de Contratación (Ley 80 del 93), pero con diferencias en cuanto a las exigencias.



La licitación pública es la figura por la cual las entidades del Estado, definidas en la ley de contratación, adquieren bienes o servicios por valor superior a la cuantía mínima establecida. Esto implica que no todas las compras estatales se realizan por concurso público.



En Colombia, menos del 4% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio están inscritas en el Registro Unico de Proveedores (RUP), de acuerdo con datos de la Contraloría. Este mínimo número es el que está en condiciones de concursar en licitaciones, ya que para licitar es indispensable el RUP.



Este dato confirma que encarar una licitación no es tarea fácil para la empresa ni desde el punto de vista comercial ni financiero. Desde el punto de vista comercial, la empresa debe estar consciente de las implicaciones de tiempo y requerimientos técnicos que una licitación involucra. De acuerdo con la II Encuesta Probidad, el 50% de los empresarios pyme dedica entre el 10% y el 50% de su tiempo a la preparación de la propuesta, mientras la gran empresa solo el 35%.



Desde el punto de vista económico, la solvencia financiera de la empresa es requisito para hacer frente a un contrato de este tipo. En primer lugar, debe comprar los pliegos de la licitación, que a manera de ejemplo pueden ir desde $100.000 hasta $5.000.000, sin ser este un rango oficial. Además, toda licitación debe estar acompañada de una póliza de cumplimiento, la cual no es reembolsable en caso de no ganar. Es decir, entre la compra de pliegos, la póliza y el costo laboral se puede hablar de un requerimiento neto de $7 millones a $10 millones, solamente para poder concursar y sin que haya ninguna garantía sobre la adjudicación.



En caso de que la empresa gane el concurso licitatorio, debe proyectar la necesidad de recursos financieros para iniciar y enfrentar el contrato. Aunque los plazos de pago deben estar explícitamente establecidos en los términos de referencia de la licitación, hay que contar con que la ineficiencia del Estado puede provocar demoras en los pagos, que si bien van a ser saldadas posteriormente con multas e intereses, no garantizan la liquidez ni la estabilidad de la compañía mientras esto pasa. En la actualidad, para un número muy reducido de contrataciones con el Estado se está implementando el Sistema Integrado de las Instituciones Financieras (SIIF), un sistema automático de pagos en línea. Se espera que para el 2004 el 100% de los procesos de pago del SICE se realicen por medio del SIIF.



La segunda figura son los esquemas de contratación directa para compras de menor cuantía. Esta cuantía es diferente para cada ente del Estado y corresponde a cualquier valor por debajo del tope mínimo que genera una licitación. La contratación directa puede ser una gran oportunidad para los empresarios pyme, pues demanda menos requisitos y disponibilidad de dinero que las licitaciones. Su resolución es mucho más rápida, pues una vez cerrada la convocatoria de contratación, la adjudicación se hace en los 3 ó 4 días siguientes.



Sin embargo, la contratación directa es muy pobre en materia de divulgación y comunicaciones. La ley solo exige que la información se publique en la cartelera de contrataciones de cada entidad durante 3 días hábiles, lo que restringe ampliamente su conocimiento, promueve la corrupción, incrementa los costos de las contrataciones y lesiona la libre competencia. De acuerdo con la Encuesta de Probidad, realizada por Confecámaras, en los últimos dos años, más del 55% de los empresarios micro, pequeños, medianos y grandes considera que los procesos de contratación de las entidades públicas locales son poco transparentes y moderadamente confiables.



Colombia y sus empresarios están conscientes de los altos costos que la opacidad en los procesos de contratación le produce a la economía del país. De acuerdo con la II Encuesta de Probidad, más del 80% de los empresarios de todos los tamaños da prioridad a la lucha contra la corrupción como primer factor para aumentar la competitividad de sus compañías. Los esfuerzos que se realicen para masificar la información repercutirán directamente en la transparencia de las contrataciones y en el aumento de eficiencias y calidad de nuestros proveedores, para que se tengan suficientes razones para decir que el Estado colombiano compra colombiano.