Oscuro contrato en movilidad

Las inconsistencias y los problemas que giraron en torno a la renovación y expedición de licencias de conducción pusieron en evidencia los traumatismos tecnológicos y de atención a los usuarios de los Servicios Integrales para la Movilidad, los conocidos como SIM en Bogotá.

Aunque la situación se presentó en gran parte del país, en la capital colombiana los inconvenientes fueron más grandes evidentemente por el mayor número de ciudadanos que requerían hacer el trámite.

Pero pese a los problemas de atención la Secretaría de Movilidad del Distrito, a mediados de febrero de 2014, decidió prorrogar el contrato por seis años más al consorcio encargado.

Se trata del contrato 071 del SIM el cual se prorrogó dos años antes de su vencimiento. No hubo estudios técnicos y financieros y el consorcio tiene irregularidades de registro en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Dentro del consorcio hay empresas como Taborda Vélez que poseen la gran mayoría de los contratos de movilidad en el país y sobre los cuales hay presuntas irregularidades investigadas por las contralorías regionales.

Ya sobre el contrato adjudicado por la secretaría se puede decir que se cometieron al menos cuatro presuntas irregularidades, denunciadas por concejales de la capital del país. 

El primero, Antonio Sanguino, sostiene que no se puede hacer una prórroga por más de la mitad del tiempo sobre la concesión original.

Además no se hicieron estudios técnicos que soporten una prórroga y mucho menos se mejoraron las condiciones del servicio del SIM.

El consorcio tiene decenas de incumplimientos y no se ampliaron los centros o los puntos de atención, situación que era obligatoria además de sentido común, ya que al aumentar el parque automotor en la ciudad se debían incrementar las oficinas donde se realizan los trámites. 

“No es posible que se haya prorrogado un contrato que no estaba en el tiempo y mucho más a quienes ya son multados por la Contraloría Distrital por incumplimiento al contrato de concesión”, explicó.

Entre tanto, la concejal Sandra Jaramillo sostiene que la prórroga aumenta el tope de la adición por encima del porcentaje límite legal.

De igual manera, asegura que el contrato de prórroga no tiene las firmas correspondientes a los recibidos y las correspondientes revisiones de los funcionarios del Distrito.

Ambos cabildantes coinciden en que el contrato del SIM desde que se adjudicó no ha cumplido con sus exigencias y por el contrario se ha dado incumplimientos que motivaron las sanciones del ente de control.

Dinero.com conoció una serie de documentos que dan cuenta de las inconsistencias del contrato a cargo del consorcio y avalado por la entidad distrital.  

En el año 2007, la Secretaría de Movilidad contrató al consorcio SIM, Servicios Integrales para la Movilidad, para la prestación de los servicios administrativos de los registros distrital automotor de conductores y tarjetas de operación.

El plazo inicial del contrato era de ocho años y dos meses, los cuales empezaban a contar a partir del primero de marzo de 2008 lo que significa que el contrato terminaría el 30 de abril de 2016 bajo el contrato 071 de 2007.

El actual secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, decidió dos años y dos meses antes de su vencimiento, prorrogar el contrato por seis años más sin acudir a un proceso licitatorio y contraviniendo la ley de contratación que en su artículo 40 expone que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial.

Adicional a lo anterior, se constató que el consorcio ha sido multado por una suma cercana a los $220 millones por fallas administrativas, deficiencias en la prestación del servicio y en la gestión documental y por el no pago de impuestos, según informe de auditoría de la Contraloría Distrital en 2012.

Por otra parte, se evidenció en varias visitas a los puntos de atención del SIM que el tiempo para radicar documentos llega en muchas ocasiones hasta tres horas lo cual excede lo pactado entre el concesionario y el Distrito Capital que es de 32 minutos.

Sospechosamente los digi-turnos que se entregan para realizar los trámites no muestran la hora en que se inician los mismos.

También no se entiende si, como lo menciona el mismo otrosí por el cual se prorrogó el contrato, la tendencia histórica de vehículos registrados en la ciudad ha aumentado en un 250% entre el año 2007 y 2011 sólo se haya abierto un nuevo punto de atención durante la ejecución del contrato.

En el otrosí mediante el cual se aumenta el plazo, se justifica tal decisión en necesidad de construir una bodega para almacenar los archivos de la concesión.

Como lo cita la Revista Semana en varios artículos, los contratos de movilidad tanto en Bogotá como en el resto del país están en manos de unas pocas firmas.

Taborda Vélez; Data Tools S.A.; Quipux S.A.S.; Suitco y Sitt y CIA S.A.S., hacen parte del consorcio que logró quedarse con el contrato 071 del SIM en Bogotá.

Sin embargo, varias de estas firmas han sido partícipes de otros contratos en varias regiones del país donde han surgido irregularidades con varias investigaciones.

Por ejemplo, Quipux S.A.S., estuvo bajo observación de las contralorías de Caldas, Antioquía y Quindío donde operaba un software en las ciudades capitales de estos departamentos.

En su momento el gerente, Darío Amar, dijo a Semana que desconocía esas observaciones y que las responsables directas de lo que pasaba eran las secretarías de Tránsito. 

“Nuestro negocio consiste en proveer un ‘software’ y cada municipio puede contratar actualizaciones anuales, pero cada secretaría maneja el sistema libremente”, explicó. Sin embargo, uno de los informes de la Contraloría precisamente señala que el sistema “tampoco es confiable porque los ingenieros de la concesión tienen acceso total a las tablas de la base de datos”, Vea http://bit.ly/1k0nfVt.

Por otro lado, se descubrió que las cuatro multas que se le han impuesto al concesionario no fueron enviadas a la Cámara de Comercio de Bogotá y por supuesto en las hojas de vida de las empresas no aparecen escritas, a pesar de que la Ley 80 ordena que se inscriban las sanciones. 

A la fecha no se ha podido obtener que la entidad expida el registro de los proponentes de Quipux. En cuanto a Suittco y Sitt CIA S.A.S no tienen los registros al día como ordena el Código de Comercio.

La primera no tiene el llamado RUP (Registro Único de Proponentes)  ni renueva matrícula desde diciembre de 2012 y la segunda tampoco posee renovación del RUP.

Esta parte denunciada por la concejal Sandra Jaramillo, da por cuenta las irregularidades y una serie de preguntas como, por ejemplo, el manejo de la Cámara y si en verdad las empresas son constituidas o son firmas de papel.