| 4/6/2018 2:19:00 PM

¿La dosis mínima estimula el microtráfico de estupefacientes?

El debate se intensifica tras las propuestas del Fiscal General de la Nación. Dinero consultó el punto de vista de dos expertos para tratar de dilucidar el asunto.

Hace pocos días el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, abrió de nuevo el debate sobre la relación eventual que podría existir entre la normatividad jurídica de la dosis personal de algunas sustancias psicoactivas y el microtráfico ilegal de estupefacientes.

El Fiscal General sugirió que las normas vigentes sobre el porte legal de la dosis personal de algunos estupefacientes, que en consecuencia no es punible, facilita la impunidad de su comercialización en pequeñas cantidades, que es ilegal. En su opinión, la legalidad del porte de esas sustancias y la indeterminación precisa de la cantidad que constituye la dosis personal impiden, con frecuencia, la judicialización de los microtraficantes sorprendidos por las autoridades en flagrancia. Insinuó, por tanto, que sería necesaria una reforma a esas normas o por lo menos una modificación a la jurisprudencia de las altas cortes, para que la lucha contra el microtráfico fuera más eficaz.

En la actualidad la jurisprudencia no determina la cantidad exacta de los estupefacientes que constituye una dosis mínima, sino establece que esta es la que cada consumidor habitual necesita. Por eso, según las declaraciones del Fiscal General, los sospechosos de microtráfico alegan ante los jueces que la cantidad de estupefacientes que portan cuando son sorprendidos por las autoridades, sin importar su magnitud, es para su consumo personal, no para su comercialización. Por esta causa, en cumplimiento de lo ordenado por las normas y la jurisprudencia vigentes, los jueces no los pueden castigar. Como efecto de ello, no pueden privarlos de la libertad y regresan a las calles para seguir delinquiendo.

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El avispero se alborotó de tal forma, por las declaraciones del fiscal, que el tema llegó a los debates entre los candidatos en la actual campaña presidencial en el país.


Por tal motivo, Dinero consultó el punto de vista de dos expertos para tratar de dilucidar el asunto.

De manera amable Yesid Reyes, exministro de Justicia, nos explicó que en su opinión la jurisprudencia de las altas cortes al respecto es acertada, porque expresa los principios de la libertad individual y del libre desarrollo de la personalidad, consagrados en la Constitución de 1991. Penalizar el consumo de estupefacientes atentaría contra esos preceptos.

Pero legalizar su comercialización tampoco sería acertado, porque se estaría exponiendo a los menores de edad a los peligros de una narco dependencia temprana, cuyas consecuencias no estarían en plena capacidad de prever todavía.

Por tanto, para disminuir la impunidad en el microtráfico no sería necesaria una reforma a las normas vigentes ni una modificación de la jurisprudencia sobre la dosis personal, que en su concepto son adecuadas. Por el contrario, lo que se requeriría sería una mayor eficacia en la investigación que las autoridades hacen de este delito, para probar de una manera eficaz que los delincuentes sorprendidos en la comercialización ilegal de estupefacientes no son simples consumidores, sino narcotraficantes.

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El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas –CESED– de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, estuvo de acuerdo en que el consumo de drogas, como el de alcohol, hacen parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, no deben ser castigados. Un consumidor de estas sustancias atenta contra su integridad física y sicológica, pero no contra los derechos de los demás. Por esta razón no debe ser penalizado. En consecuencia, las normas vigentes y la jurisprudencia de las altas cortes sobre la dosis personal serían acertadas.

No obstante, en su opinión cabe preguntarse entonces, ¿por qué se lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes? El director de CESED cree que con ello se busca prevenir el daño que puede infligir a individuos vulnerables. Entonces la meta es minimizar el daño asociado tanto con el consumo como con el tráfico de esas sustancias. La ilegalidad aumenta ese daño en todas las etapas, desde la producción hasta el consumo de las drogas. El consumo no permitido de algunas de ellas aumenta, por ejemplo, el riesgo de contagio de enfermedades y el peligro de las sobredosis. Desde esta perspectiva, el consumo de drogas, como establecen las normas y la jurisprudencia sobre la dosis mínima en Colombia, debe ser permitido.

El problema estriba quizá en que el consumo legal de narcóticos implica, de acuerdo con las normas vigentes, el aprovisionamiento por medio de una transacción que es ilegal. En esas condiciones es difícil distinguir entre el aprovisionamiento y el porte de una cantidad para el consumo personal y el almacenamiento ilegal para la comercialización prohibida.

Para ello, tal vez se podría establecer la magnitud a partir de la cual el porte de narcóticos sería ilegal. Con ello se resolvería la frustración del Fiscal, pero se correría el riesgo de castigar a algunos consumidores que almacenarían o portarían, de forma desprevenida, cantidades superiores al mínimo.

Para evitar ese riesgo, no parece conveniente establecer límites precisos a las magnitudes de la dosis personal. En consecuencia, el director del CESED coincide con el punto de vista del exministro Reyes, en contra de lo que sugiere el Fiscal, que lo que se requiere, más que una reforma a las normas y la jurisprudencia vigente, es una mayor eficacia de las autoridades en la investigación y recolección de las pruebas para demostrar que un sospechoso es un microtraficante.

En contraste con la opinión del exministro, el director de CESED cree que la solución adecuada sería la legalización y regulación de la producción y la comercialización de los estupefacientes. Con ello se reduciría el espacio para las demás actividades delincuenciales que ocurren alrededor de los mercados ilegales y para el consumo de sustancias cuya producción no está regulada.

En suma, en opinión de estos expertos, no hay evidencia de que la dosis personal estimule el consumo ni el tráfico de estupefacientes. Por tanto, para prevenir la expansión del microtráfico y los ambientes delictivos a su alrededor, lo que parece indispensable es una mayor eficacia de las autoridades, en lugar de una reforma de las normas vigentes.

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