¿Cuáles son los retos del Gobierno luego del primer año?

Hace poco más de un año, cuando Iván Duque ganó las elecciones a la presidencia a Gustavo Petro, los mercados y empresarios se tranquilizaron y muchos apostaron por el repunte de la economía que venía con bajo crecimiento. Sin embargo, las expectativas en el corto plazo superaron la realidad: el crecimiento del año pasado, tras un ajuste en la cifra de 2017, fue de 2,6%, dentro del margen de los analistas. Pero el dato del primer trimestre de este año, de 2,8% o 2,3% desestacionalizado, encendió las alarmas. En efecto, se ubicó muy por debajo de las perspectivas del mercado, en medio de un hecho fundamental que preciona las cuentas del Gobierno: la llegada de más de 1,5 millones de venezolanos.

El gobierno mantiene su expectativa de crecimiento en 3,5% para este año. Pero el Banco de la República la rebajó a 3%.

La ley de financiamiento de finales del año pasado no alcanzó para aquietar los mercados y dejó sin cubrir más de $7 billones en las necesidades del Estado. Y el impacto en la economía de la polarización política –debate por el que se enfrentaron el Gobierno y el gerente del Banco de la República– condujo a que la actividad económica entrara en una especie de letargo. Al fin y al cabo, la confianza del consumidor ya lleva más de dos años sin levantar cabeza.

A los ojos de las instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional, Colombia va a crecer este año cerca de 3,4% y el Gobierno ha mantenido su meta en 3,5%. Sin duda, el país está en mejores circunstancias que vecinos como Brasil, Argentina o el propio México. Sin embargo, internamente la visión parece distinta y ya algunos analistas, como Bancolombia y el Banco de la República, recalculan sus proyecciones a la baja, hasta situarlas alrededor de 3%.

La complejidad de la situación tiene sus principales ejemplos en el debate de las objeciones de Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la difícil agenda en el Congreso. En esta se destacan apenas la Ley TIC, el avance en la discusión del proyecto de regalías, la ley de financiamiento y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que estuvo a punto de naufragar. Todo ello sumado a la estrategia del presidente de no entregar ‘mermelada’ para sacar adelante proyectos, pero tampoco de dar representatividad política a los partidos que lo apoyan diferentes al Centro Democrático.

Este primer año del gobierno Duque ha estado enmarcado, en materia económica, por uno de los mantras más significativos de su discurso: el crecimiento de la economía. Pero esta dinámica no ha generado la suficiente tracción para solucionar los dos principales problemas que hoy enfrenta el país: el desempleo, que viene desde hace 9 meses en doble dígito, y el déficit de cuenta corriente, que ya supera 4,6%. El mercado laboral cayó en un deterioro desde finales del año pasado hasta el periodo abril-mayo de 2019. Según los datos del Dane, en ese lapso se destruyeron cerca de 775.000 puestos de trabajo, dato que no se veía desde la década pasada. Según los datos más recientes, aunque el desempleo se mantiene muy cerca al doble dígito, ya no se registra destrucción de puestos de trabajo. Pero tampoco hay generación de nuevo empleo y gran parte de la gente está dejando de buscar puesto.

Por el lado externo también están encendidas las alarmas. Un debilitamiento de la economía global y una desaceleración de Estados Unidos preocupan y podrían poner en riesgo el crecimiento y llevarse por delante el empleo. A esto se suma la vulnerabilidad que registra el creciente déficit de cuenta corriente, en la medida en que la fortaleza del país está concentrada en el petróleo y hay poca diversidad de la economía, bajos niveles de ahorro y la inversión aún no alcanza los niveles esperados.

Lo que viene

Cualquier análisis del primer año de Gobierno tiene una alta dosis de espejo retrovisor. Y el caso de Duque no es diferente: recibió herencias complejas de la administración Santos. Eso convirtió en la agenda prioritaria chicharrones como Electricaribe, que debería quedar asignado para antes de finalizar el año; la emergencia en Hidroituango; el debate sobre el fracking; el destrabe de los proyectos de concesiones de Cuarta Generación (4G) y sus cierres financieros, y la atención a miles de venezolanos que requieren servicios de salud o educación y que representarán gastos cercanos a 0,5% del PIB. Pero ahora tendrá que pensar en el mediano y largo plazo, en estabilizar las finanzas públicas, en pasar con tranquilidad el escrutinio de las calificadoras internacionales y no perder el grado de inversión.

El tema fiscal pasa hoy por un escenario complejo. Por una parte, porque el Gobierno acaba de presentar el proyecto de Presupuesto General de la Nación por más de $254 billones, pero a juicio del ministro Carrasquilla faltan $8 billones. Y, por otra, por los rumores de ‘gimnasia financiera’ que estaría haciendo el Gobierno para vender activos al parecer sin privatizarlos; por ejemplo, que Ecopetrol o alguna de sus filiales compren a ISA. También deberá avanzar con decisión en reformas clave que ya ha anunciado. Entre estas, la de protección a la vejez, que cubriría la discusión pensional; la del Mercado de Capitales, la reducción del tamaño del Estado y la de regalías, que avanza en el Congreso. Pero además tendrá que abordar tarde o temprano una reforma laboral, y la del Sistema General de Participación (SGP). Eso sin contar el impulso que debe darle al proyecto de ley anticorrupción y a temas como la Justicia. Algunas de estas medidas no serán populares. Tendrá que definir si está del lado de la política económica o de la economía política.

El presidente enfrentará su verdadera prueba de fuego en el desafío de buscar mecanismos para asegurar el crecimiento que permita disminuir el desempleo, garantizar que más gente salga de la pobreza y reducir las cifras de quienes hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad. Retos que van más allá de la discusión política.