| 10/1/2018 5:18:00 PM

EPM denuncia penalmente a Gobernador de Antioquia

Continúa el corto circuito en la relación entre EPM y la Gobernación del departamento, tras la emergencia de Hidroituango.

Un nuevo capítulo en el distanciamiento entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Gobernación de Antioquia, originado por la emergencia de Hidroituango, se registró este lunes, cuando EPM decidió presentar denuncia penal contra Luis Pérez, gobernador de Antioquia, porque a juicio del conglomerado empresarial de servicios públicos, “con sus afirmaciones sin fundamento, relacionadas con la existencia de una presunta “lista negra” en la empresa, han afectado el buen nombre y la reputación de EPM. Sus imputaciones en distintos escenarios, desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos”.

La denuncia penal también incluye a la concejala de Medellín Luz María Múnera Medina. “Las únicas listas que tiene EPM son las listas de las necesidades de las comunidades, por las que durante 63 años de historia ha trabajado para contribuir a su calidad de vida y bienestar”, concluye la empresa en un comunicado.

Este enfrentamiento estalló, tras la polémica que se generó entre el Gobernador y EPM por una prueba de polígrafo que se realizó a varios ejecutivos de la empresa por una supuesta filtración de información, vinculada a la venta de activos de este grupo de servicios públicos para atender el impacto generado por la emergencia del proyecto Hidroituango.

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El pasado 26 de septiembre, el gobernador Pérez Gutiérrez anunció una denuncia penal y disciplinaria a los directivos de EPM que ordenaron realizar una prueba de polígrafo a varios empleados en agosto pasado. Según él, ese acto constituye intimidación, afecta el derecho a la información y genera terror. 

Ese mismo día, EPM en un comunicado advirtió que los resultados del examen poligráfico, que buscaban contribuir a identificar si funcionarios de EPM divulgaron información confidencial, no han sido entregados.

“El examen poligráfico no versa sobre personas específicas, sino sobre la falta al deber de confidencialidad consistente en la filtración de información que fue presentada en un debate público en el Concejo de Medellín por parte del Concejal Bernardo Alejandro Guerra. El compromiso de EPM es con la verdad y rechaza categóricamente la divulgación de contenidos que contribuye a la desinformación de la opinión pública”.

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Sin duda, la emergencia de Hidroituango ha generado un corto circuito en las relaciones entre la Gobernación y la Alcaldía de Medellín. En distintas ocasiones, tanto el alcalde Federico Gutiérrez, como el gobernador Luis Pérez han manifestado públicamente divergencias. Primero, por lo que el gobernador llamó “información manoseada” con relación al manejo de las comunicaciones por parte de EPM en la emergencia; luego por si existía o no un informe técnico, que generó incluso un fuerte comunicado de la Junta Directiva de EPM rechazando la posición del Gobernador.

Y ahora, las amenazas de denuncias penales llegan en medio del inicio de la estrategia financiera de EPM para afrontar la emergencia, que incluyen la venta de activos como la participación del 10% en ISA y la enajenación de la empresa de agua de Antafogasta y el parque eólico de Los Cururos, ambos activos en Chile, con lo que espera traer $4 billones. $2 billones más llegaran por cuenta del aplazamiento de inversiones y uno billón de pesos adicional por ahorros internos.

El debate apenas se está abriendo y también va a coincidir con el inicio del proceso electoral para escoger alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, cuyas elecciones se llevarán a cabo en un año.

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