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| 9/3/2020 5:19:00 PM

Constitucional declara exequible el decreto de insolvencia, pero con excepciones

La Corte Constitucional colombiana declaró este jueves exequible, pero con algunas excepciones, el Decreto 772 de 2020 por el cual se adoptaron medidas transitorias dentro del régimen de insolvencia empresarial.

El Gobierno nacional expidió este decreto para atender la difícil situación económica por la que pasan muchas empresas en el país, y así tomar medidas para agilizar los procesos de insolvencia y apoyar la recuperación de las micro y pequeñas firmas. 

El decreto adopta medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, que son adicionales y complementan las del Decreto Ley 560 de 2020. Esto permite contar con mecanismos que harán los procesos más ágiles y eficientes, según el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano. 

La norma creó dos procesos de insolvencia para la micro y pequeña empresa con menores trámites. Uno consiste en la reorganización abreviada y otro en la liquidación judicial simplificada. 

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El primero establece un régimen de insolvencia rápido para las pequeñas empresas, con el fin de atender la proliferación de procesos de reorganización y de liquidación judicial.

A la vez, ofrece una solución rápida a las micro y pequeñas empresas, por lo que brinda un proceso de reorganización abreviado y un proceso de liquidación judicial simplificado. 

Esta medida reduce los requisitos formales, permite el uso de inteligencia artificial, la implementación de formatos electrónicos como parte de la solicitud de admisión y establece el levantamiento de medidas cautelares en procesos de cobro coactivo. 

Por lo que, según la alta corte, las consideraciones que llevaron a expedir la normativa revelan que el Gobierno expuso "adecuadamente y con suficiencia" las razones por las cuales la crisis empresarial exigía una intervención. 

Sin embargo, algunos enunciados plantearon problemas de inconstitucionalidad, por lo que el artículo 3 quedó condicionado, mientras que los artículos 7, 11, 12 y 13 quedaron parcial o totalmente inexequibles. 

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De acuerdo con la Corte Constitucional, “se estimó por la mayoría que la protección prevista en el artículo 3, parágrafo 1, en favor del acceso a la administración de justicia de los deudores que manifiesten no poder acceder a formatos y radicaciones electrónicas, debía extenderse a todos los sujetos del concurso, por lo cual, las facilidades en las radicaciones, permitiendo incluso diligencias físicas, se entienden extendidas a todos los interesados en el proceso de insolvencia”. 

Respecto al artículo 7, que estableció una medida para fortalecer la lista de auxiliares de la justicia para los procesos de insolvencia, por unanimidad se dijo que las figuras de interventor e intervención no llenan el juicio de conexidad material. 

Sobre el artículo 11, la alta corte dijo que “la carga procesal impuesta al acreedor de sustentar la objeción formulada sobre el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto durante la audiencia, so pena de entenderla desistida, era desproporcionada e irrazonable”. 

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De otra parte, los parágrafos 3 de los artículos 11 y 12, que permitían al Gobierno modificar el monto de los activos, se vieron como opuestos a la Constitución. Por último, se concluyó que el artículo 13 no satisfacía los juicios de motivación suficiente, incompatibilidad y ausencia de arbitrariedad.

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