¿Culpables de qué?

Las ARL son las culpables de que los médicos y las enfermeras no tengan la dotación adecuada para atender a los pacientes con covid-19. Ese es el mensaje que transmitieron por los medios varios profesionales de la salud.

Pero la mayoría de la población no sabe por qué son culpables y menos aún que son las ARL. Debe quedar claro desde el principio que no es función de las ARL entregar dotaciones para el desempeño de las labores de los trabajadores; de acuerdo con la ley, esa es una obligación de los empleadores.

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) son las empresas que aseguran a los trabajadores formales frente a riesgos en el trabajo, por varias vías. Primero, las ARL hacen campañas de prevención con los empleadores y los trabajadores para reducir la probabilidad de contraer enfermedades o tener accidentes que les causen pérdida de capacidades o muerte.

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Segundo, cuando ocurre un accidente o una enfermedad laboral, las ARL cubren los tratamientos médicos y la incapacidad, de forma que el trabajador no pierda sus ingresos durante el tiempo de la licencia y la empresa no incurra en costos por una persona que no está produciendo. Por contraste, un trabajador informal, se queda sin ingresos mientras no trabaje, y debe pagar con sus ahorros o su patrimonio los tratamientos, cirugías, terapias, etc.

Tercero, si, como consecuencia del accidente o la enfermedad, se genera una invalidez permanente, el trabajador es pensionado con los recursos de la ARL; ante esta eventualidad un trabajador informal quedaría totalmente desprotegido.

Cuarto, si el trabajador fallece por una enfermedad o un accidente laboral, la ARL entrega una pensión a los correspondientes beneficiarios. Cuando eso ocurre a un trabajador informal, la familia no recibe ningún ingreso.

¿Entonces por qué les reclaman las dotaciones para los profesionales de la salud? La explicación radica en la pandemia del covid-19; el gobierno colombiano estableció mediante el Decreto 488 que, de forma transitoria, mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, las ARL destinarán el 7% de la cotización que pagan los empleadores y los trabajadores independientes a varios rubros, entre los que se incluye el suministro de elementos de protección a los trabajadores por sus labores “están directamente expuestos al contagio del virus”.

Lo que no se ha informado bien es que ese grupo de trabajadores son 985 mil, de los cuales 690 mil son profesionales de la salud. Los elementos de protección para estos últimos cuestan $430 mil millones mensuales y el aporte que están haciendo las ARL, que supera el 7% establecido en el decreto, asciende a $23 mil millones mensuales; esto representa el 5,3% del total requerido. Por lo tanto, el restante 94,7% deberían aportarlo los empleadores.

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Esas son las razones fundamentales que explican la falsa expectativa que tienen los profesionales de la salud en torno a la dotación de elementos de protección. Lo deseable es, desde luego, que todos los profesionales que en su abnegada labor luchan por la salud de los colombianos y se exponen al virus, tengan la protección adecuada. Pero también lo es que dimensionen realmente el alcance de la tarea asignada a las ARL, que vienen cumpliendo con profesionalismo y con la velocidad que la situación del mercado permite.

*Director de Estudios Económicos de Fasecolda.