Aumentan pérdidas por paro camionero

En días pasados las autoridades y los empresarios que decidieron no participar en el paro camionero convocado por la Asociación de Transportadores de Colombia ATC, reportaban que en cálculos generales se estimaba que el paro camionero le estaba costando al país $5.000 millones, sumando las afectaciones a vehículos, pérdidas en comercio y parálisis de la economía en la frontera colombo-ecuatoriana.

Sin embargo la situación ha cambiado pues de acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera Colfecar, dicha suma aumentó a $7.000 millones diarios como consecuencia de las recientes manifestaciones de violencia que han acabado con la propiedad privada de los transportadores de carga pesada que optaron por continuar trabajando.

Pese a que la ministra de Transporte, Natalia Abello, ha sostenido múltiples diálogos con los protestantes desde antes del 23 de febrero del año en curso, los diálogos han sido infructuosos y siempre terminan con una de las partes levantándose de la mesa de concertación.
 
El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, indicó que a raíz de la inmovilización que se registra en algunas regiones del país se dejan de transportar diariamente 375.000 toneladas de mercancía, esto sin contar el flujo del libre comercio en las zonas afectadas por el cese de actividades.
 
“La protesta social pacífica goza de protección constitucional, por lo que Colfecar rechaza los actos de vandalismo e intimidación que rodean la denominada inmovilización camionera” señaló.

De otra parte, el dirigente gremial afirmó que el mecanismo para la reposición del parque automotor carece hoy de la dinámica, transparencia y agilidad requerida para controlar la sobreoferta por la vía de la modernización del parque automotor.

Así mismo, planteó que se debe racionalizar los costos operativos que ahogan al sector haciéndolo inviable y poco competitivo, especialmente en lo referente a los precios de los combustibles que tienen una incidencia del 33% en los gastos de los transportadores.

“También hay que atacar las malas prácticas comerciales y el incremento de las habilitaciones para prestar el servicio esencial; dar celeridad y transparencia a los procesos de chatarrización de vehículos constituyen los puntos más neurálgicos que deben abordarse en las instancias de concertación dispuestas y materializarse en actos de Gobierno”, aclaró.