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| 7/23/2020 12:01:00 AM

Venta de activos: gran desafío

La pandemia puso al Gobierno a ajustar cuentas y a buscar recursos para enfrentar las vacas flacas. En los próximos dos años tendrá que vender activos por $18 billones. Para llegar a esa cifra, cualquier decisión debe tener en cuenta a Ecopetrol y/o sus filiales.

Por la factura del coronavirus, las cifras no le cuadran al Gobierno. La deuda como porcentaje del PIB subiría a máximos históricos superiores a 60%; el recaudo este año caerá cerca de 2 puntos del PIB, y el crecimiento de 2020 será de -5%, en el mejor de los casos.

Las expectativas que reflejó el Gobierno en su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el año entrante mejoran, aunque muchos las han calificado de optimistas. Pero habrá que girar un cheque muy cuantioso. Para 2021, de acuerdo con las cuentas del Gobierno, habrá un hueco de $20 billones. Ese déficit fiscal aumentará como consecuencia de la suspensión de la regla fiscal, pero en menos de dos años debe retomar su senda. La perspectiva de crecimiento de la economía es alta, pero todavía no es clara la dinámica del aparato productivo.

Tampoco hay claridad sobre el impacto real de la pandemia, tanto que el Gobierno esperará hasta que tenga mayor información, seguramente el año entrante, para jugársela con una reforma tributaria.  

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Sin embargo, la tarea de buscar recursos no da espera. La crisis pateó el tablero fiscal y el Gobierno tendrá menores ingresos, pero una obligación de gastos alta. Por eso tiene que empezar a moverse. El MFMP contempló entre otros mecanismos vender las participaciones de la Nación en activos que el Gobierno no considera estratégicos. Las cuentas plantean ventas por $12 billones para el año entrante y $6 billones para 2022. “Para garantizar los servicios no todo puede ser con deuda y tendremos que vender algunos activos”, dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

En ese sentido, empresas como Ecopetrol (o algunas de sus filiales) e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) se convierten en el as en la manga del Gobierno. Sin embargo, concretar ventas de activos se ha convertido en una tarea titánica, por las tensiones políticas que despierta, las oposiciones jurídicas y la presión sobre las operaciones. La más reciente, hace casi un lustro, fue la enajenación de más de 50% de Isagen. Sin embargo, fue un proceso largo y traumático que duró 4 años, hasta que se pudo cristalizar y la compañía quedó en manos del fondo Brookfield. Los recursos obtenidos, $6 billones, sirvieron para apalancar proyectos de infraestructura, en especial dar impulso a las concesiones de Cuarta Generación (4G), y facilitar sus cierres financieros a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Entre los activos que pueden quedar en el proceso de venta, toma fuerza Cenit, la transportadora de crudo de Ecopetrol.

El panorama

Desde que llegó al Gobierno, Iván Duque puso sobre la mesa la venta de activos de la Nación. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que salir de activos que no rentaban lo suficiente era una tarea estratégica para el Gobierno, mucho más ante las necesidades apremiantes del país en materia social y de infraestructura. De hecho, el objetivo inicial del Gobierno era alcanzar en su cuatrienio ingresos por ventas por $30 billones. Esto lo dijo hace más de un año, cuando la pandemia no había roto los platos.

La Nación tiene un portafolio de acciones en más de un centenar de empresas. Carrasquilla en aquella oportunidad advirtió que esos activos valían más de $150 billones, dado el buen precio de mercado que entonces tenía Ecopetrol. 

Esas participaciones de la Nación en empresas se pueden dividir en cuatro grupos de compañías: Ecopetrol y sus filiales, e ISA, consideradas las joyas de la corona. En segundo lugar, ocho compañías regionales distribuidoras y generadoras de energía, como Urrá, Gecelca, Electrohuila y Electrocaquetá. Luego, las financieras organizadas en la nueva holding que creó el Gobierno, denominada Grupo Bicentenario, compuesta por 16 empresas entre bancos, fondos, administradoras, aseguradoras y fiduciarias. Y, finalmente, cientos de participaciones en pequeños negocios, que van desde plazas de mercado hasta servitecas que no generan valor y se han convertido en un desgaste administrativo para el Gobierno.

En los últimos lustros, cuando arranca la legislatura, el Gobierno, para cumplir la ley de enajenaciones, debe informar al Congreso sobre los activos posibles para vender. Y en principio todo está sobre la mesa. 

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Pero concretar esas ventas es un gran reto jurídico por los recursos y medidas cautelares, que los atrasan y dilatan. O incluso los hacen inviables, como sucedió con la venta de la ETB en Bogotá.

También es un gran desafío político. En su momento, la venta de Isagen logró poner de acuerdo a los partidos de izquierda y al Centro Democrático, que fueron los principales enemigos de la operación.

Incluso, el hoy presidente Duque, siendo senador de la República, fue uno de sus mayores opositores. “No concilio que se venda Isagen privando a la Nación de un patrimonio rentable y estratégico”, publicó en un trino el 6 de mayo de 2015.

"Yo creo que si esta privatización tiene lugar sería un gran despojo para la Nación y sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso: el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable, un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social", dijo Duque en ese momento en un debate en el Congreso.

Pero ahora en el Gobierno sus opiniones son a otro precio. El presidente, su equipo y el Centro Democrático tendrán que defender la estrategia, contra la que estuvieron en desacuerdo no hace muchos años. Más aún cuando la venta de activos ha estado presente en el Gobierno desde antes de la pandemia. Incluso, se había movido para avanzar en la estructuración de algunas ventas. 

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Por ejemplo, alcanzó a contratar una firma de abogados para iniciar el proceso de venta de ISA y se plantearon escenarios hipotéticos, como ventas parciales o solo las operaciones en el exterior. También alcanzó a pensar en una movida, criticada por varios analistas, como el fallecido exministro Guillermo Perry. Se trataba de que con recursos de un fondo que está en la FDN, a donde llegaron los dineros provenientes de la venta de Isagen, que están por fuera de las cuentas del Gobierno, se comprara la participación de algunos activos.

Pero la razón principal para abortar las ventas el año pasado fueron los resultados extraordinarios en utilidades que reportaron el Banco de la República y Ecopetrol, que sumados llegaron a cerca de $20 billones. Esas cifras históricas aliviaron en el último año las cuentas fiscales.

Sin embargo, la llegada de la pandemia obligó al Gobierno a jugar otras cartas y enfocarse ahora sí con decisión en vender los activos.

“El Gobierno, en cualquier movida en torno a venta de activos que haga, necesita pasar por Ecopetrol y/o sus filiales, como Cenit, para llegar a las cifras que ha proyectado”, dijo un analista que prefirió mantener en reserva su nombre. 

El Gobierno nacional, desde el principio, ha planteado la venta de activos como una de sus estrategias.

¿Cuáles son las opciones?

En 2007 se inició el proceso de democratización accionaria de Ecopetrol con la venta de 20% de acciones. Hoy queda pendiente por vender 8,5%. De acuerdo con cálculos de Corficolombiana, si el Gobierno vendiera ese porcentaje al precio actual de la acción, cercano a $2.100, recibiría $7,3 billones.

La pregunta es si se trata de un buen momento para vender o no. La caída de los precios del crudo se originó por dos choques: uno de demanda, por las cuarentenas extendidas en el mundo, y otro de oferta, con la puja entre rusos, árabes y el mercado de Estados Unidos que llevó a una sobreoferta. La incertidumbre de los precios y las dificultades que ha tenido en los últimos años de incorporar nuevas reservas pesan en la balanza de la venta de parte de Ecopetrol. A su favor suma que es una empresa integrada con activos valiosos.

Por ejemplo, Corficolombiana calcula que si vende 49% de Cenit, la empresa transportadora de petróleo, a un valor de 6,7 veces Ebitda y sin que Ecopetrol pierda el control, la petrolera podría recibir $17,6 billones y el Gobierno $15,6 billones, que llegarían vía dividendo extraordinario. “Es un múltiplo conservador si se tiene en cuenta que las transacciones de Ocensa en 2013 se realizaron con múltiplos Ebitda de 19,7 y 29,5 veces”, dice la firma analista. Advierte que la valoración calculada para Cenit equivale a un valor en libros de 2,4 veces. Algunos contemplan la posibilidad de listar a Cenit en Bolsa e iniciar un proceso de democratización accionaria. 

La venta de activos petroleros pasa por la incertidumbre en los mercados y en los precios del crudo.

ISA es un jugador relevante en el sector de transmisión de energía en el subcontinente y en el desarrollo de concesiones viales en Chile y ya inició sus planes en Colombia y Perú. Corficolombiana calcula que el valor de la participación del Gobierno asciende a $10,7 billones. Como la venta de 51% incluye el control, se podría aplicar una prima de 30% a esa cifra, con lo que el precio por acción llegaría a cerca de $14 billones. Es tal vez uno de los activos más atractivos, pues tiene ingresos regulados y mercados estables. Y ya hay varios inversionistas preguntando por él.

Acerca de las empresas de generación y distribución de energía, el Gobierno analiza distintas posibilidades. Una de ellas es conformar con estos activos un grupo empresarial y generar mayor valor y sinergias a la hora de vender. Corficolombiana estima para estos un valor de $4,7 billones.

En el caso de la holding financiera –Grupo Bicentenario– en el pasado se ha mencionado la posibilidad de vender algunos de esos activos, como La Previsora. Ahora, con la fusión en un solo grupo, no sería tan sencillo y, para distintos analistas, la posibilidad pasaría por listar en bolsa el Bicentenario. Sin embargo, hay algunos activos, cuya rentabilidad no es solo financiera sino social y de cobertura, como el Banco Agrario, que buscan cubrir deficiencias del mercado en el sector rural. 

Más allá de los precios que logre el Gobierno, las dificultades en las operaciones no son solo políticas y jurídicas. “Los tiempos están muy apretados. Soy muy escéptico de que con los riesgos políticos, pero también con los judiciales como las medidas cautelares que se implementan, el Gobierno pueda tener en 2021 un nivel de ingresos de $12 billones por la venta de activos”, advierte Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. 

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Ya volvieron a aparecer las voces de oposición a la venta de activos que se habían activado el año pasado con las protestas sociales. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), señaló en un trino: “Ecopetrol es el símbolo de la lucha de décadas de miles de trabajadores y la gloriosa USO. Ecopetrol es de 50 millones de colombianos. Ecopetrol no es de Duque ni de Carrasquilla. Ecopetrol no se pondrá en venta”.

Tampoco ayuda la coyuntura. En medio de una crisis global marcada por la incertidumbre, pero con liquidez, el mercado es de compradores y no de vendedores. Alcanzar los mejores precios será complejo, con valores posiblemente por debajo de las expectativas. Y los organismos de control estarán muy atentos.

Además, el Gobierno se va a enfrentar a una paradoja. Mientras tendrá que vender activos para cuadrar sus cuentas, seguramente deberá inyectarles capital a empresas de sectores estratégicos, como las aerolíneas, pero en serias dificultades financieras. El Gobierno ha advertido que se trata de darles impulso a sectores clave en la recuperación y en el desarrollo futuro y ha advertido que saldrá de ellos más adelante. Sin embargo, lo cierto es que se apretarán las cuentas de corto plazo y quedará con activos mucho menos atractivos de los que tiene hoy. 

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Y también preocupa el destino de los recursos de las eventuales ventas. A muchos les inquieta que se conviertan en gasto corriente y se diluyan en el presupuesto, sin impacto en la productividad ni en la competitividad del país. La alternativa es que sean el impulso para nuevas obras, para ajustar ineficiencias de mercado y canalizar nuevas inversiones.

Los próximos años serán críticos. Buscar el equilibrio fiscal no será fácil en medio de las heridas que dejará la pandemia y de un proceso de recuperación lento tras la mayor crisis del último siglo. Pero también con un limitado margen de maniobra político del Gobierno, en una gestión que deberá venir acompañada de reformas estructurales, justo al inicio de las jornadas electorales. 

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