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No solo las reformas impulsaron las marchas. Los asesinatos de líderes sociales e indígenas también han indignado a la gente. | Foto: Guillermo Torres

PROTESTAS

El cambio de agenda después de las protestas

Las jornadas de protesta que comenzaron en el país impulsaron un diálogo nacional. La administración Duque deberá atravesar esa prueba de fuego para construir las reformas del futuro. ¿Lo logrará?

29 de noviembre de 2019

A partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional, que fortalezca la agenda vigente de política social; trabajando así, de manera unida, en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales, nos permita luchar contra la corrupción con más efectividad y nos permita construir, entre todos, una Paz con Legalidad”.

Así respondió el presidente Iván Duque a las multitudinarias marchas de protesta que empezaron el jueves 21 de noviembre y derivaron hacia actos de violencia que desencadenaron el toque de queda en Bogotá y Cali.

Las jornadas de protesta permitieron a miles de colombianos expresar su inconformismo por la manera como está avanzando el país. De esta manera, empezaron a replicar en Colombia las manifestaciones registradas en los últimos meses en Ecuador, Argentina, Bolivia y, en especial, Chile.

Precisamente, el sociólogo español Manuel Castells describió recientemente en Chile, en un evento del Centro de Estudios Públicos en Santiago, lo que pasa en la región: “Esta violencia no es producto de provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático y pacífico no puede más y entonces se enfrenta a la policía (…) No piensen que esto va a pasar, que esto es un mal sueño, desaparece y ya está. Hay causas muy profundas. Las soluciones las tienen que encontrar ustedes, pero nadie piense que con cuatro medidas de algún tipo, esto ya está”, agregó.

Los miles de colombianos que han marchado pacíficamente esperan soluciones. El presidente Duque empezará a conversar en un escenario complejo, con poco margen de maniobra político, divisiones internas en el Centro Democrático –su partido– y un gran empoderamiento de las masas.

Pero, además, el Gobierno no ha podido sintonizarse con el país y sus logros parecen más estrategias individuales de cada cartera que el resultado de un plan estratégico. Además, tampoco ayuda la distancia en conceptos entre ministerios clave en estas circunstancias y metidos en medio del huracán, como Hacienda y Trabajo. El ministro Alberto Carrasquilla trata de explicar por qué hay que cambiar el régimen de pensiones de prima media. Y la ministra Alicia Arango lo desautoriza y advierte que el presidente Duque no está de acuerdo con esa iniciativa.

En esas circunstancias, el Gobierno seguramente tendrá que ajustar el rumbo de plan de gobierno para afrontar las reformas necesarias.

“Escuchar, interpretar, actuar”, ese fue el camino que señaló el presidente Duque. Lo hizo al anunciar que todo el Gobierno, incluida la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, irá por las regiones en las próximas semanas para recoger las inquietudes de los colombianos de aquí al mes de marzo.

Pero más allá de recoger unas inquietudes, a la hora de plantear las reformas habrá una sensiblidad muy alta. Resulta casi imposible hoy discutir, por ejemplo, sobre temas claves en una reforma al sistema pensional, como edad y cotización; o tocar el régimen de prima media o eliminar los beneficios para las pensiones altas. O definir de dónde saldrán los recursos para atender a los ancianos no pensionados porque podría significar disminuir recursos de otros rubros.


El presidente Iván Duque, en medio de tensas jornadas de protesta, abrió las puertas al diálogo.

Lo mismo sucede con la reforma laboral, sobre todo con las propuestas de Anif y Fenalco. El primer gremio propuso pagar 75% del salario a los jóvenes para facilitar su ingreso al mercado laboral. Y el segundo planteó acabar con la indemnización por despidos, las horas extras y dominicales y festivos, así como establecer un salario mínimo diferenciado por regiones o sectores. La forma de trabajo en el mundo está cambiando y será necesario incorporar, por ejemplo, pagos por horas que incluyan las prestaciones sociales y no se diluyan.

Las discusiones serán muy complicadas en especial por dos hechos. Uno, que en un escenario de estrechez fiscal y grandes necesidades en el país no habrá recursos para todo y será necesario priorizar la agenda. Y dos, que debe buscarse una mayor eficiencia, para que, por un lado, los recursos lleguen a quienes en verdad lo necesitan; y, por el otro, la dinámica económica de crecimiento se mantenga e incorpore nuevos sectores claves como la construcción, la industria, el agro y el sector minero-energético.

Preocupa en especial que las reformas tributarias hechas en Colombia –una cada dos años a lo largo de este siglo– no han servido para reducir la desigualdad, sacar más gente de la pobreza y entregar los recursos con más eficiencia y productividad.

En ese contexto, la analista chilena Sylvia Eyzaguirre señaló en el caso de su país que la ineficiencia del gasto fiscal se debe en gran parte a su captura por los propios intereses de los parlamentarios, del gobierno y los grupos de poder.

Una circunstancia parecida a lo que vive Colombia. “La gran mayoría de los programas de desarrollo social están mal evaluados, pero siguen financiados a pesar de no tener impacto. Tenemos la oportunidad de reformular el gasto fiscal privilegiando las transferencias directas que van directamente a quienes hoy tienen menos”, dijo en una columna en el diario La Tercera. Y agregó: “Pero tenemos un problema. En tiempos convulsionados suelen salir ganando los grupos que tienen mayor poder de coacción que sin pudor alguno buscan agrandar aún más su tajada a costa de las personas más pobres. ¿Tendrá nuestra clase política las agallas para resistirse de una vez a las amenazas de los grupos con más poder para realmente beneficiar a los más pobres?”

Sin duda, el Gobierno debe prioritariamente explorar mecanismos para mejorar el bienestar de los colombianos. Pero como mencionó el exministro Carlos Caballero Argáez en su columna en El Tiempo, hay un alto riesgo: “Temo que el desenlace refuerce en el Gobierno la idea de evitar cambios económicos e institucionales que pudieran incrementar el descontento. El riesgo sería, entonces, no solo el inmovilismo, sino el populismo”. La discusión apenas empieza.