Denuncian error técnico en proceso de adjudicación del dominio .CO

Todo parece indicar que los errores técnicos se han tomado los procesos que adelanta el Ministerio de las TIC. El pasado viernes 3 de abril se llevó a cabo la adjudicación del nuevo operador del dominio .Co, una de las acciones más importantes que ha adelantado la cartera en los últimos años. Sin embargo, tal y como pasó en el inicio, el proceso ha despertado polémica. 

Luego de conocerse la decisión que dio como ganador al actual operador, .Co Internet SAS, DotCo, uno de los oferentes que participó en la licitación y en la audiencia de adjudicación, anunció que impugnará el resultado del proceso por un posible error en el cálculo. 

El consorcio, conformado por CentralNIC Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS, solicitó la revisión del proceso de cálculo del límite inferior para la evaluación de las propuestas económicas y que se revoque el acto administrativo de adjudicación de la licitación del recurso, “debido a que el Ministerio no siguió los criterios especificados en los pliegos”.

Según el consorcio, la cartera erró en su cálculo para la evaluación de las propuestas económicas durante la audiencia por un error en la formulación de la hoja de Excel que usó en la audiencia. “La fórmula introducida por el Ministerio en la hoja de cálculo usada durante la audiencia nunca fue puesta a disposición de los interesados para su revisión y la misma no se ajustó a los criterios y reglas establecidas en los pliegos de la licitación. Como consecuencia de lo anterior, los participantes en la audiencia fueron inducidos al error respecto del cálculo de la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes”.

La controversia está en que, según los pliegos de licitación, el límite inferior de las propuestas resultaría en 19,6% y, de acuerdo con el análisis realizado por DotCo, la propuesta de .CO Internet es de 19%. Por su parte, la propuesta del consorcio fue presentada por el valor de 36%. Esto habría llevado a que el actual operador fuera descalificado en el proceso. 

“Son matemáticas. Simplemente el Ministerio está permitiendo la participación de un proponente que tiene que ser descalificado por las mismas condiciones de los pliegos. No puede continuar un proceso así pues sería ilegal hacerlo. Hemos realizado las necesarias solicitudes de revisión y consideración a través de Secop, y esperamos que la ministra Sylvia Constaín obre con la transparencia y diligencia necesaria ante esta grave irregularidad”, afirmó Gerardo Aristizábal, representante de uno de los proponentes.

Durante el proceso, .CO Internet obtuvo el mayor puntaje de las dos empresas (99), desglosado de la siguiente manera: 19 puntos por la propuesta técnica, 10 puntos por su aporte a la industria nacional y 70 puntos por la propuesta económica, la cual se derivó de un 19% del factor de participación propuesto por la compañía. 

Asimismo, la compañía estuvo en el ojo del huracán pues cuando el Ministerio anunció que abriría licitación para buscar un nuevo administrador del bien público, entabló una demanda al Estado por US$350 millones y fue uno de los principales críticos del proceso. 

Al respecto, DotCO resaltó que el actual operador “ha ganado cientos de millones de dólares operando el dominio de los colombianos entregando al Estado una participación mínima”. También destacaron que “no existen registros de supervisión y auditoría sobre la operación saliente, de que ha decrecido el número de registros del .CO en los últimos años”.

Ante esta afirmación, los detractores señalan que según cifras del Ministerio, el dominio . CO ha decrecido en los últimos años. Así, se han perdido unos 70.000 dominios en las últimas dos vigencias. 

En diálogo con Dinero, la ministra Constaín aseguró que “a futuro para nuevos contratos esperamos que el porcentaje que recibe el país por la administración del dominio se triplique y eso obviamente dependerá de todo el proceso que está en curso y del trabajo que desempeñe el nuevo operador”. 

En ese sentido, el bien público en los últimos diez años le ha dado al país más de $41.000 millones, cifra que se espera multiplicar en el próximo lustro tiempo en el que tendrá vigencia el nuevo contrato.

“Lo último que puede ocurrir en este proceso con tanta revisión y que ha dado tanto de hablar es que se desarrolle ahora con irregularidades desde el Ministerio. El contrato se estima en potenciales ingresos para el país, de más de $500.000 millones, por lo que una total diligencia de parte del despacho de la ministra Constaín es imprescindible”, concluyó el consorcio.