Ejecución de la Ley de Víctimas necesitará $357 billones hasta 2030

Este jueves la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas presentaron un informe de seguimiento a la Ley de Víctimas en Colombia.

Según las autoridades, la política de víctimas se encuentra en un “escenario de incertidumbre” sobre su financiación, nuevas metas y la atención a esta población.

Añaden a este informe que la pandemia del coronavirus puede aumentar las vulnerabilidades de las víctimas y, por ende, la ejecución de la Ley.

Lea también: Contraloría intervino 308 proyectos de infraestructura crítica por $6,8 billones

“Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo de las 1.813.644 víctimas, que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema”, destacaron los encargados del informe.

Además, las autoridades encontraron que, tras la firma del Acuerdo de Paz, la disputa por los territorios ha generado nuevos desplazamientos, y poblaciones ubicadas en el Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio (Chocó) han tenido que esperar hasta seis meses para recibir ayuda humanitaria.

De forma puntual, sobre la Ley de Víctimas, en el informe se señala que no hay una hoja de ruta clara ni tampoco una proyección sobre los recursos necesarios para su cumplimiento. Además, no existen políticas, como un Conpes, para la implementación de los decretos.

Recomendado: Gobierno explica los límites de inversión en el Presupuesto General

“El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas”, aseguran las autoridades.

Según lo estima la Contraloría General de la República, para 2030 se requieren $357,4 billones para ejecutar las 14 medidas establecidas en la ley, distribuidos de la siguiente manera: derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones); retornos y reubicaciones ($20,5 billones), y educación y salud -SGP ($197,3 billones), entre otros.

A la fecha en el país se han indemnizado 879.821 víctimas en Colombia, lo que corresponde al 13% de las 9 millones de víctimas registradas. “A este ritmo se necesitan más de 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación”, dicen los entes de control y seguimiento”.

Según el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, el informe dará respuesta a algunas de las siguientes preguntas y establecerá el plan a seguir para otras: ¿se han materializado las ofertas del Gobierno nacional? ¿Se ha realizado la articulación con la política social?

Le puede interesar: Procuraduría designó agente especial para conciliación en caso EPM

“Es la hora de tener un debate abierto en esta materia, con las entidades que reúnen gobernadores y alcaldes […]. Cómo metemos este debate de nuevo por la puerta de adelante en la discusión del Presupuesto General de la Nación que se está dando en el Congreso de la República. Si algo ha faltado es articulación de autoridades”, precisó Carrillo.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público reiteró la importancia de hacer seguimiento a las acciones gubernamentales para disminuir el impacto de la pandemia en la población víctima del conflicto.