COMUNICACIONES
¿Duque presentó un proyecto sin cambios en el autorregulador?
A su llegada, el nuevo gobierno intentó dar por terminada la polémica por un único regulador del sector de telecomunicaciones con un proyecto de ley que reemplazó la propuesta del gobierno Santos. Sin embargo, nuevamente hay voces de protesta.
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Durante el primer semestre de este año el sector de telecomunicaciones protagonizó una polémica motivada por el proyecto de ley del anterior gobierno, cuya bandera era la creación de un “regulador convergente” para el sector telecomunicaciones, fusionando las distintas entidades que hoy existen y eliminando la dispersión de funciones.
El proyecto, que contaba con mensaje de urgencia del entonces presidente de la República para que aprobara antes de finalizar el anterior gobierno, recibió una lluvia de críticas de diferentes voceros de la televisión pública, que advirtieron que en el mismo había varios artículos que habrían apagado al sector, dejándole espacio únicamente al sector privado.
Como resultado, el mismo Gobierno le pidió al Congreso que archivara el proyecto por considerar que este “atenta contra la industria de la televisión pública en Colombia”, señalaba una carta firmada por la entonces viceministra de Economía Digital, Juanita Rodríguez.
Una semana después, las comisiones Sextas de Senado y Cámara de Representantes atendieron la solicitud de Rodríguez y durante el primer debate del proyecto de ley aprobaron la solicitud.
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Pocos meses después, el nuevo gobierno retomó la idea y representados por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, presentó el nuevo proyecto de ley para modificar la regulación del sector.
Al presentar el proyecto, la ministra Constaín aseguró que se trata de una actualización de la normativa actual, y aseguró que en su propuesta “se garantizará el fortalecimiento de la televisión y la radio pública, así como los contenidos públicos audiovisuales de carácter nacional y regional, pues los recursos que históricamente se han destinado a este rubro se mantendrán con un incremento anual”.
Capítulo repetido
Sin embargo, las críticas no tardaron en volver a aparecer. Nuevamente, figuras de la televisión pública advirtieron que la propuesta del Gobierno termina quitándole el oxígeno a su sector e incluso algunos señalaron que el documento entregado al Congreso tiene muy pocos cambios frente a la propuesta del gobierno anterior.
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Entre los puntos que más protesta han generado está nuevamente el plazo establecido para las licencias otorgadas a todas las plataformas en el espectro electromagnético, que sería de hasta 30 años, renovables por un periodo de igual duración.
De aprobarse, este artículo convertiría a Colombia en uno de los países de la región con las licencias más largas para uso del espectro para uso privado, lo que según representantes de la televisión pública terminaría por crear un duopolio en la televisión, a favor de los canales privados.
En un documento de análisis del proyecto de ley, los investigadores Diana Lombana, Omar Rincón, Diego García y Débora Pérez plantearon una licencia de máximo 15 años, renovables por un periodo consecutivo de la misma duración.
Sin embargo, en entrevista con Dinero la ministra Constaín defendió la propuesta y señaló que “lo que se propone en el proyecto es otorgar licencias de hasta 30 años, dependiendo de cuál es el proyecto de inversión, con unos criterios técnicos claros de tal forma que si la inversión es muy grande, la asignación de espectro así lo reconoce y se entrega por un periodo más largo”.
Constaín señaló que se debe tener en cuenta que la propuesta busca estandarizar la regulación del sector y aclaró que el artículo no obliga a que las licencias de televisión se otorguen por 30 años.
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Otra de las críticas de los investigadores está en el cambio del Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Fontic), que seguiría bajo administración del Ministerio TIC y se fusionaría con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión (Fontv), que hoy está bajo la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).
De acuerdo con Rincón y sus compañeros, no es claro de dónde saldrán los recursos que alimentarán el Fontic ni cómo se distribuirán los mismos.
Pero la ministra Constaín explicó que las fuentes de los recursos serán las mismas que en la actualidad, por ejemplo el pago de sanciones impuestas a los operadores del sector, y habría una garantía para que la televisión y la radio reciban como mínimo, la misma cantidad máxima de recursos que han recibido durante los últimos 4 años.
La ministra agregó que la fusión de fondos es consecuencia de la disminución que se está viendo en la actividad de la televisión y la radio, que le ha dado espacio a otros canales como el internet, y que ocasiona un menor flujo de recursos al Fontv.
La investigadora Débora Pérez presentó también un documento individual con varias críticas al proyecto de ley, que tiene varios puntos en común con el documento conjunto.
Entre las coincidencias está la advertencia de la ausencia de una convergencia real en la regulación, ya que si bien se eliminan la ANTV y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, las funciones de estas entidades quedarían dispersas entre el mismo MinTIC, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
Pérez advirtió en su análisis que la convergencia de la regulación no solo debe ser técnica, sino transdisciplinar e incluir al sector de las OTT, teniendo en cuenta la publicidad, la protección a la niñez y el fomento a la producción nacional y regional para la televisión pública.
Nuevamente, el sector pide al Gobierno que se le tenga en cuenta para presentar un proyecto de Ley que resulte en una regulación realmente convergente para el sector de telecomunicaciones y que garantice, por muchos años más, la producción de calidad en la televisión pública.
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