| 11/15/2017 2:53:00 PM

Con su fallo, la Corte blindó a los empresarios de la JEP

Dinero explica el alcance de la decisión de la Corte Constitucional frente el sector privado y el largo camino de debates que existió para llegar hasta allí.

La Jurisdicción Especial para la Paz se había convertido en uno de los fantasmas que rondaban a la clase empresarial. La posibilidad de que los procesos en esa nueva jurisdicción terminaran convertidos en una “cacería de brujas” era uno de los principales temores que generaba la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla. El tema había generado escozor en los gremios y era quizás el mayor punto de resistencia que tenía el sector privado frente a ese nuevo modelo de justicia transicional que está a punto de conformarse en Colombia.

Sin embargo, todos esos temores se disiparon en la noche del martes. En un fallo muy esperado, la Corte Constitucional aclaró los alcances que puede tener la JEP respecto a terceros. El alto tribunal determinó que el acceso forzoso de quienes no son combatientes en el conflicto armado a la Jurisdicción Especial para la Paz era inconstitucional. El argumento fue que esto anularía la garantía del juez natural y el principio de legalidad. Por lo anterior, los terceros solo podrán concurrir de forma voluntaria a la JEP.

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La decisión de la Corte tiene que ver con esas personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados “hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”. El alto tribunal aclaró que esta decisión no va en desmedro de las competencias que tenga la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, respecto de delitos como genocidio, delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.

En el fallo también se aclara qué se entiende por “participación determinante”, uno de los temas que generaba dudas por la interpretación a la que podría prestarse. Para la Corte esto significa una “acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos enunciados anteriormente”.

Un pulso difícil

La reciente portada de la revista Dinero había analizado la incertidumbre que la Jurisdicción Especial para la Paz generaba en el sector privado. Los empresarios manifestaron su inquietud por cuenta de que la JEP pudiera prestarse para que terceros terminaran respondiendo por situaciones del conflicto en la que muchos de ellos fueron víctimas, como las extorsiones que ganaderos y agricultores tuvieron que pagar a los grupos armados durante muchos años en Colombia. Como el concepto de participación determinante no había sido desarrollado por una autoridad judicial, existía el temor de terminar vinculados a procesos penales por cuenta de esta situación. Eso, para ellos, podía significar ser juzgados como financiadores o cómplices de los paramilitares.

Ese no era el único recelo de la comunidad empresarial. Frente a la evidente corrupción que se ha visto en la justicia, muchos creían que la JEP podía llegar a crear unas mafias de falsos testigos que terminen por salpicar a compañías en la búsqueda por encontrar la ‘verdad’. Por otra parte, existía también la idea de que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la cárcel será confesar crímenes no cometidos.

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Esos miedos cogieron una fuerza mayor hace unos meses. Justo cuando se debatía el punto de justicia en La Habana, se conoció una lista de 57 empresas que podrían ser investigadas por presuntos vínculos con los grupos paramilitares. A pesar de que en un principio se presentó como si fuera un listado oficial de la Fiscalía, luego se aclaró que era producto de una investigación académica que recoge los nombres de las empresas mencionadas en los procesos de Justicia y Paz contra los paramilitares desmovilizados en el gobierno de Uribe. El entonces fiscal, Eduardo Montealegre, confirmó esos datos pero aclaró que las investigaciones no estaban adelantadas y que creía que era necesario abrirles la puerta de la justicia transicional también a ellos. Ante la magnitud de la participación de los civiles en el conflicto, el expresidente César Gaviria se atrevió a plantear una fórmula definitiva pero audaz: pasar la página de todos los procesos judiciales como fórmula de reconciliación nacional.

En medio ese panorama, comenzaron a levantarse voces contra la posibilidad de que los terceros terminaran siendo juzgados por la JEP. En el plano político, quienes más rechazaron esa fórmula fueron el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Como vicepresidente, este último dio una entrevista a SEMANA en la cual aseguró que "No podemos aceptar que a través de este alto tribunal ahora se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos (...) nadie entiende por qué 48 millones de colombianos quedamos sometidos a esa jurisdicción". El candidato repitió lo mismo en su reciente entrevista con Caracol Televisión.

El tema de los terceros en la JEP se convirtió en una especie de florero de Llorente que incluso estaba volviendo inviable su trámite en el Congreso. Por cuenta de este punto –entre otros argumentos- Cambio Radical decidió darle un No rotundo a la ley estatutaria de la JEP y en las últimas semanas esa también fue una posición que asumieron los conservadores. Como dijo Semana.com en su análisis de la sentencia, paradójicamente, el fallo de la Corte Constitucional puede terminar salvando el futuro político de la JEP pues le quitó al gobierno y al congreso el costo político de decidir los temas más espinosos.

Sin embargo, el fallo no resuelve tampoco todos los miedos. En el sector empresarial también persiste el fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI). El exministro y presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, en una reciente columna titulada la Tormenta perfecta, habla de la responsabilidad de terceros de cara a la CPI. "Tampoco le parecen adecuadas a la Fiscal Bensouda las definiciones relativas a la responsabilidad penal de terceros: o sea, de quienes de modo indirecto, y en condición de cómplices, participaron en el conflicto. Lo precisa de esta manera: “Si una empresa privada financia a un grupo armado involucrado en la comisión de los crímenes es irrelevante si el apoyo económico estaba específicamente dirigido a la comisión de los crímenes o apuntaba a la supervivencia del grupo”. Pésimo mensaje para los empresarios que hayan “comprado” protección de grupos ilegales”, escribió Botero.

El propio presidente Juan Manuel Santos intentó bajarle el tono al debate y a las preocupaciones del sector privado y en distintos escenarios advirtió que la justicia transicional no se trata de una cacería de brujas. “Es para cerrar el conflicto. No es para dejarlo abierto, no es para mantener vivas las heridas, ni la sed de venganza. Yo soy el más interesado en que esto se cierre lo más pronto posible”, dijo en la entrega que hizo el Consejo Privado de Competitividad (CPC) del Informe de Competitividad el pasado 2 de noviembre.

Foto: Juan Manuel Santos Presidente de Colombia / “A quién se le ha ocurrido semejante estupidez”, dijo Santos al comentar lo que califica como una noticia falsa: que a través de la JEP van a meter a todos los empresarios a la cárcel.

El debate de esos proyectos en el Congreso ha incluso dividido a los empresarios. Dos sectores –incluso algunos en ambos lados– están liderando las discusiones frente al Gobierno y al Congreso. Por una parte, el Consejo Gremial Nacional (CGN), que recoge 21 gremios del país (Acolfa, Acopi, Acoplásticos, Andi, Analdex, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fedepalma, Fasecolda, Fedegan, Fenalco y la SAC). Por otra, un grupo que surgió el año pasado, que se denomina Consejo de Empresarios por la Paz Sostenible, nacido a instancias del Consejo Privado de Competitividad, y en el que participan empresarios individuales y gremios como la Andi –que lo preside–, la SAC, Confecámaras, la Asociación Colombiana de Petróleo, la de Minería y Camacol, muchos de ellos también con asiento en el CGN. En la reglamentación de la JEP, si bien en aspectos clave de cara al sector empresarial prácticamente coinciden en todos; se distancian en otros, fundamentales en la discusión, como la participación en política de las Farc antes de pasar por la JEP.

Pero no solo la JEP les preocupaba a los empresarios. Un tema fundamental de debate ha sido el de la protesta social. El presidente de Promigas, Antonio Celia, lo dijo en el Consejo de Competitividad. “Hay que tener particular cuidado en sus reglamentaciones. Si bien es cierto que estas, justificadas y pacíficas, hacen parte de los mecanismos de una democracia, no pueden ser la forma permanente de relacionarse en una sociedad y debe, cuando se realice, esperar siempre el bien común. Demasiado nos han costado a todos los paros y bastante tenemos con los excesos de las consultas previas, y peor aún con las consultas populares. (…) La libertad necesita orden y cumplimiento y el Estado debe ser el garante”, agregó Celia durante el evento.

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El Consejo Gremial también se ha pronunciado sobre ese asunto. Para ellos, resultan inadmisibles para el CGN los beneficios que contempla el proyecto de ley, orientados a extinguir la responsabilidad y sanción penal de las personas que hayan cometido delitos relacionados con las asonadas, los disturbios y la protesta pacífica: “esas concesiones no guardan relación con el grupo guerrillero ni con el conflicto armado y pretenden beneficiar judicialmente a los movimientos sociales afines a las Farc, con lo cual se desbordan los objetivos planteados de la justicia transicional”.
Seguramente, la sentencia de la corte tendrá un desarrollo mayor a cada uno de estos cuestionamientos.

*Este texto es una edición de la reciente portada de la Revista Dinero titulada “Incertidumbre” y de una portada de la revista SEMANA titulada “Empresarios al banquillo”.

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