El enorme daño fiscal de los Nule

En junio próximo se cumplen cuatro años de haber estallado el escándalo del carrusel de la contratación en la capital del país.

Un tema que además de costarle el puesto al ser destituido al entonces alcalde Samuel Moreno Rojas, se evidenciaron contratos irregulares por pago de anticipos e incumplimiento en las obras que afectaron en especial el proyecto de Transmilenio por la Calle 26 de Bogotá.

Los encargados de la megaobra que garantizaría la movilidad desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto Eldorado, estaba a cargo de los Nule, que además tenía en concesión otros proyectos de infraestructura en el territorio nacional.

Una vez que estalló el escándalo las diferentes autoridades judiciales y de control intervinieron con el fin de castigar a los responsables, en este caso Guido Nule Marino y sus primos Manuel y Miguel Nule Velilla.

Sin embargo, todo ha surgido a paso lento y sólo hasta 2012, la Fiscalía General imputó alrededor de cinco cargos a los Nule, así como a Mauricio Galofre, Julio Gómez, este último quien aceptó cargos y Manuel Sánchez Castro, quien se encuentra cobijado con principio de oportunidad.
 
Pero el tema ha sido más traumático en materia fiscal dado a los miles de millones que se vieron comprometidos en los contratos que en su mayoría eran dineros del patrimonio público.

La Contraloría General de la República adelanta investigaciones por alrededor de $600.000 millones, de los cuales se han recuperado apenas un 2.5%, es decir $15.658 millones.

En años anteriores las investigaciones en curso alcanzaban los $300.000 millones, lo que ha representado un incremento en el monto gracias a las actuaciones del ente de control que adelanta más de 25 procesos.
 
Todos los recursos corresponden a las empresas imputadas del Grupo Nule como Ponce de León; MNV S.A., y otras 229 vinculadas donde de alguna forma tenían un vínculo accionario.

Precisamente no hay que olvidar a EnerTolima y EnerPereira donde se dio una jugada accionaria con Vergel y Castellanos que llevó a un nuevo lío jurídico.

Sin contar los recursos que quedaron en vilo en los proyectos viales tales como la Autopista Bogotá – Girardot; Pereira – La Victoria y la concesión vial Zona Metropolitana de Bucaramanga.

Se tendrán que recuperar al menos unos $591.342 millones para lo cual la contralora Sandra Morelli, volvió a insistir a la Superintendencia de Sociedades en levantar en velo corporativo para poder intervenir.

Pese a la declaración de alrededor de 15 sociedades como un verdadero Grupo Empresarial en control de los Nule, las acciones de investigación y de medidas para evitar la elusión de bienes no han podido pasar de los patrimonios ilíquidos de dichas sociedades en virtud de la existencia de la figura jurídica, que no permite ir más allá de la persona jurídica.

Esto ha dejado sin posibilidad de perseguir bienes de socios, de acuerdo con lo manifestado por la Contraloría General de la República a través de su Unidad Anticorrupción.

De otro lado, la contraloría General también inicio procesos ante la Superintendencia de Sociedades, que pese a la evidencia de la situación injustificada del estado patrimonial de las sociedades del grupo, continúa sin librar la medida de levantamiento de velo corporativo, que se deriva de manera expresa de la Ley 1450 de 2011.