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Contralor general anuncia demanda a la Ley de Infraestructura

De acuerdo con el contralor general, Edgardo Maya, uno de los artículos de la Ley de Infraestructura permitiría el pago de recursos a Odebrecht, la firma brasileña involucrada en corrupción y que tenía dos proyectos en Colombia.

7 de junio de 2018

Edgardo Maya, contralor general, advirtió que está dispuesto a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley de Infraestructura, ya que este podría obligar al Estado a pagarle a Odebrecht los sobornos que la misma pagó en el país para obtener la concesión de una de las vías 4G.

Maya agregó que "en el caso de Odebrecht, el Estado colombiano tiene que pagarle el soborno que cobró al contratista. Eso sale de las arcas del Estado y eso no es posible y se lo dije al ministro” y recordó que también advirtió su inconveniencia ante el Congreso, cuando este debatía la aprobación de la ley.

El artículo 20 de la Ley de infraestructura señala que los contratos de proyectos construidos mediante Asociaciones Público Privadas tendrán que incluir una cláusula que establezca “la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral”.

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E incluye una cláusula que advierte que, en el caso de los contratos terminados por orden de una autoridad judicial, “en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos! las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual”.

Sin embargo, el contralor destacó que está esperando que el Gobierno presente “un proyecto a ver qué sucede. En el evento en que no haya corrección, tenemos lista la demanda para presentarla”.

La mencionada ley fue aprobada por el Congreso el 14 de diciembre del año pasado, con 59 votos a favor en el Senado y 80 en la Cámara de Representantes, y sancionada por el presidente de la República el 15 de enero de este mismo año.

En su momento, el Gobierno explicó que la ley definía aspectos específicos de la licitación y contratación de obras en el país para “promover la pluralidad de oferentes, la sana competencia e igualdad de condiciones para todos los participantes y aumentar la confianza de los inversionistas".

De hecho el ministro de Transporte, Germán Cardona, señaló que la ley le permitiría al país “empezar a implementar los pliegos tipo, que eliminarán las malas prácticas en las contrataciones de obras públicas y aumentarán la transparencia en los procesos en todos los municipios de Colombia”.

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