Contra la pared, sistema de recolección de basuras

La Contraloría de Bogotá hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que adopte medidas efectivas, con el fin de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dé cumplimiento a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional que la obliga, a través del proceso licitación, a dar continuidad a la prestación del servicio público de aseo en la ciudad.

De acuerdo con Diego Ardila Medina, jefe del ente de control, la UAESP tiene plazo máximo hasta el 8 de agosto del año en curso, para planear, estructurar y ejecutar el proceso licitatorio que incluya la formalización y regularización de la población de recicladores que trabajan en Bogotá y no incurrir en un abuso de la figura excepcional de la Urgencia Manifiesta.

“El no dar inicio al respectivo proceso licitatorio, indicaría no solo una presunta falta de planeación, deficiencia administrativa y baja gestión pública, en la medida que no se han subsanado las falencias detectadas en los procesos licitatorios presentados a lo largo de casi una década, sino que desobedecería una orden judicial que obliga su realización”, indicó el Contralor de Bogotá.

De esta forma, el alto funcionario explicó que hacer caso omiso a la solicitud del ente Fiscalizador, permitiría, además de quebrantar los principios de la Función Administrativa, Contractual y de la Gestión Fiscal, abrir investigaciones de tipo disciplinario y penal por celebración indebida de contratos, la violación de los derechos al debido proceso, al trabajo y a la igualdad de cerca de 25.000 recicladores de la ciudad.