El Consejo Gremial Nacional indicó que tuvo la oportunidad de socializar con los presidentes de las organizaciones gremiales del país sus observaciones con relación al destino del patrimonio ilícito de los grupos insurgentes.

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Posteriormente el CGN, le manifestó al fiscal Néstor Humberto Martínez a través de una carta, que comparte lo dicho por él y que ve con preocupación las consecuencias que puede generar la implementación del Decreto-Ley 903 del 29 de mayo de 2017, en relación con que esos recursos “no sean usados para la reparación material de las víctimas en el marco de la reparación integral” y que por el contrario terminen preservándose parte de los recursos ilícitos para financiar las actividades establecidas en el capítulo 3 del Acuerdo Final.

El Consejo Gremial también aseguró que la sociedad colombiana no entendería cómo el patrimonio obtenido de manera ilegal por los grupos guerrilleros quede a disposición de estos.

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Asimismo, el Consejo Gremial afirmó que considera que es el Congreso de la República el llamado a realizar “las enmiendas necesarias mediante ley ordinaria, con el propósito de salvaguardar la soberanía presupuestal del Estado y así garantizar la reparación material a las víctimas generadas por las Farc”.

Finalmente, el gremio aseguró que el sector empresarial del país espera que en la norma no se vulnere el criterio de autonomía del Gobierno Nacional sobre el destino de esos recursos y que por tanto la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) “se limite a su labor de constatar la implementación del Acuerdo”.

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