Las precisiones económicas del Consejo Nacional Gremial en las negociaciones de la paz

La carta pública y firmada por todo los gremios reseña que el país negocia la paz no porque crea que “la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos; tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República”. Se hace porque con el conflicto se han afectado la vida de miles de colombianos y porque los atentados conllevan a grandes implicaciones medio ambientales, en la infraestructura y la economía, lo que ha perjudicado el desarrollo y la lucha contra la pobreza del país.

Para el Consejo gremial Nacional, el Estado negocia “para acoger dentro de la legalidad a quienes se encuentran por fuera de ella”

Advierten que no se está negociando la creación de un nuevo orden político y social ni de espaldas a la Constitución. “El Derecho no es obstáculo para la conquista de la paz” afirma la carta.

Apoyan el desarrollo rural pues resaltan que, “las actividades agropecuarias son componente fundamental de la economía nacional, no solo para la generación de riqueza sino para la seguridad alimentaria del país". Las propuestas sobre Desarrollo Rural Integral y las soluciones a la pobreza rural "deben partir del respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma” han afirmado en su misiva.

Agregan que “el Desarrollo Rural verdaderamente integral, deberá conciliar, de una parte, las obligaciones del Estado frente a la pobreza rural y la producción minifundista, ampliando la oferta de bienes públicos en el campo y promoviendo decididamente la empresarización y asociatividad como instrumentos de competitividad y articulación a los mercados, y de otra, los retos de competitividad en altas escalas de producción para aprovechar las ventajas comparativas del país frente a una creciente demanda mundial de alimentos, un asunto estratégico en la urgente política de diversificación exportadora”.

El Consejo advierte que Colombia el conflicto ha subsistido “gracias a la existencia de cuantiosos recursos ilegales para financiarlo, tales como tráfico de drogas, apropiación de regalías, extorsión, minería ilegal, contrabando y secuestro”.

Han expresado preocupación, sin embargo, que “la erradicación se plantee como un mecanismo voluntario que supone acuerdos previos con las comunidades involucradas”; y que solo si ellos fracasan podría procederse a su eliminación forzada”. Lo ven inconveniente por cuanto con ello la acción estatal podría quedar paralizada a término indefinido.

Al final de su misiva el Consejo Gremial Nacional, reitera su respaldo a los procesos de finalización definitiva del conflicto con grupos armados al margen de la ley y resaltan que, asumirán un papel activo en la defensa de los valores democráticos y en la construcción de unas mejores condiciones de vida que permitan alcanzar una paz estable y duradera.