Los polémicos decretos de la emergencia que tendrá que defender el Gobierno

Al gobierno de Iván Duque le llegó la hora cero para conocer si las normas decretadas durante la primera emergencia económica por el coronavirus cumplen o no con todas las de ley.

La encargada de determinar esto será la Corte Constitucional, que deberá revisar uno por uno los decretos que el Presidente y su gabinete expidieron para mitigar la crisis de la covid-19, tal y como lo dictan las reglas de juego para estas situaciones.

Buena parte de las normas involucraron cambios económicos y fiscales que, de no estar en línea con la Carta Magna, podrían caerse en su control constitucional.

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Sin embargo, el Gobierno ya ganó un primer round en el alto tribunal, que le dio su bendición al decreto con el cual se declaró la primera emergencia económica en marzo.

En este caso, la Corte sentenció que “no cabe duda de que las dimensiones de la calamidad pública sanitaria y sus efectos en el orden económico y social son devastadoras, al producir perturbaciones o amenazas en forma grave e inminente, que impactan de manera traumática y negativamente en la protección efectiva de los derechos constitucionales que tienen millones de personas”.

Con estas palabras, los magistrados declararon exequible la primera norma expedida por el Ejecutivo, que ahora deberá pasar al tablero para responder por otros 70 decretos.

La defensa de Palacio está a cargo de una persona conocida en la Rama Judicial. Se trata de Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia, quien además de hacerle control previo a los decretos, defiende a capa y espada cada línea allí escrita.

González ya ha intervenido en 67 de estas discusiones y ha entregado pruebas en más de 50, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, que hace las veces de escudero de Palacio. La última palabra, no obstante, la tendrán los magistrados, quienes deberán deliberar sobre varios temas álgidos.

Papas calientes

Una de estas tiene que ver con el traslado de más de 20.000 pensionados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones, con el argumento de que las desvalorizaciones generadas por el desplome de los mercados pondrían en riesgo los ahorros de dichos jubilados.

Congresistas, sindicatos y universidades coinciden en que, si bien parte del Decreto 558 es positivo –pues permite hacer una reducción voluntaria de los aportes a pensión–, este incluye el "veneno" de trasladar a miles de personas que están pensionadas, bajo la figura del retiro programado.

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En su concepto, se vulneraron principios como la igualdad y la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por un lado, porque solo se limitó dicho salvavidas a quienes estuvieran jubilados por esa modalidad y, por el otro, existe preocupación por darle esa carga adicional a Colpensiones, lo que agravaría su equilibrio fiscal, pues solo le pasan pensionados y no cotizantes.

Colpensiones está del otro lado de la mesa, junto con la Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Trabajo, desde donde señalan que era imperativo decretar este cambio, con el fin de garantizar a las personas que seguirán recibiendo sus mesadas.

A pesar de lo anterior, desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que esto podría desencadenar mayores demandas de los ciudadanos para solicitar un traslado exprés desde un fondo privado a Colpensiones.

Otra norma que podría tambalear en su control constitucional es el Decreto 444, con el que se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). En pocas palabras, esta es la bolsa general con la que el Gobierno está financiando la crisis del coronavirus. Sin embargo, varios puntos han levantado ampolla en diversos sectores. Uno de ellos tiene que ver con el préstamo que hizo el Ministerio de Hacienda del Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet).

Para el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional, no existe justificación constitucional suficiente para que se obligara este traslado de recursos, que además cubrirá “funciones que no son propiamente pensionales y que perjudican a mediano plazo los dineros del fondo”.

Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana considera que el decreto puede ser aceptado, siempre y cuando el tribunal condicione que los recursos del Fome queden centralizados, en aras de que haya transparencia y posibilidad real de vigilar sus destinaciones.

La discusión no se queda allí. La Corte también tendrá que decidir si es o no constitucional el nuevo impuesto solidario para funcionarios y contratistas del Estado con ingresos de más de $10 millones y a quienes tienen pensiones de ese mismo monto o superior.

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Casi 200 personas han enviado comentarios al respecto con posiciones divididas. Por un lado, algunos aseguran que la norma vulnera el principio de igualdad (el impuesto solo aplica para el sector público) y, por el otro, unos más destacan que el decreto es progresivo. Esto, teniendo en cuenta que grava a quienes tienen mayores recursos.

La respuesta desde Presidencia fue que el piso de $10 millones permite que esto solo afecte a 2% de los trabajadores oficiales. Y añadió que la medida no se extendió al sector privado, pues implicaría darles un golpe a los empleados, muchos de los cuales han tenido que rebajarse sus sueldos o irse a licencias no remuneradas para no perder sus puestos.

Se espera que, en las próximas semanas, la Corte se pronuncie gradualmente sobre los diferentes decretos expedidos en la primera emergencia económica. Asuntos pensionales, de impuestos y de derechos están en juego en estas decisiones. Una discusión nada fácil.