¿Cómo va el lío de Electricaribe?

Electricaribe les ha causado un severo dolor de cabeza a los últimos dos gobiernos. La mala calidad del servicio, las constantes quejas de los usuarios y la falta de inversión han puesto a la Costa Caribe en serias dificultades para atender el suministro de energía.

Cuando parecía que el Gobierno le pondría fin esta novela, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció un nuevo aplazamiento del proceso, previsto para el 28 de febrero. Ahora quedó programado para el próximo 20 de marzo.

¿Qué pasó? Dinero consultó a la Superintendencia con el fin de determinar si había otras razones para este segundo aplazamiento. En dicho organismo explicaron que simplemente algunos interesados pidieron ampliar el plazo 3 semanas para completar lo requerido y poder participar con ofertas.

No obstante, muchas las versiones indican que podrían existir otras razones, particularmente relacionadas con el futuro del Plan Nacional de Desarrollo, que está en manos de la Corte Constitucional. Hay varios artículos relacionados con Electricaribe. Entre ellos está la sobretasa en las tarifas para alimentar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, de donde saldrán los más de $860.000 millones destinados a las inversiones de este año. También el que ordena que el Gobierno asuma el pasivo pensional. Mientras tanto, algunos analistas temen por el futuro de algunos subsidios y por quién los asumiría si Corte tumba la ley.

No solo hay demandas puntuales contra los artículos. También otras relacionadas con vicios de forma que afectarían la totalidad del Plan Nacional de Desarrollo. Así sucedió con la Ley de Financiamiento, que el gobierno tuvo que presentar nuevamente a finales del año pasado.

El proceso

Electricaribe cubre la distribución de energía en siete departamentos, atiende cerca de 10 millones de habitantes y tiene cerca de 23% de participación en el mercado nacional. Su operación es crucial para el país.

Para hacer la subasta más atractiva y garantizar que llegue a buen puerto, el Gobierno tiene dos caminos. Uno, dividir el mercado en dos bloques: Caribe Sol y Caribe Mar. El primero abarca los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira; y el segundo a Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. El segundo camino consiste en mantener la unidad de la empresa.

Entre las empresas preseleccionadas que podrían presentar ofertas estarían las colombianas Celsia –que opera Enertolima y Epsa–, EPM, Alberto Ríos y las internacionales Inkia, Electrificadora de Portugal (EDP) y fondos de origen estadounidense. Por fuera quedaron Enel y Grupo Energía Bogotá, que por sus controversias internas prefirieron no participar.

Solo una no puede pujar por el mercado completo. Se trata de EPM que hoy maneja 23% de la comercialización de energía del país. En efecto, por ley, ninguna empresa puede tener más de 35%. La empresa pujaría por Caribe Mar, una zona de su interés en el sur de la Costa Caribe y cerca de Antioquia, lo que podría generar sinergias con el conglomerado paisa.

Quienes ganen el proceso estarán obligados a implementar un plan de inversión por $8 billones para los próximos 5 años.

Lo deseable para el Gobierno sería que una sola empresa se quedara con la operación. Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, le dijo a Dinero, antes del último aplazamiento, que están preparados para cualquier eventualidad y desmintió los rumores que indicaban que solo había apetito por uno de los dos bloques (Caribe Mar). Aunque no lo explicó, Avendaño señaló que, si no hay ofertas por Electricaribe, el Gobierno tiene listo un plan b.

No ha sido un proceso fácil y la compañía atraviesa una situación compleja. Con datos públicos a 2018, Electricaribe presentaba ingresos por $4,8 billones, pero con una pérdida de casi $500.000 millones para ese año.

Volver atractiva la empresa le ha salido caro al Gobierno. Por una parte, asumió el pasivo ‘postintervención’ que incluyó $1,6 billones, por el pensional; $400.000 millones causados para garantizar el servicio y otros $860.000 millones que corresponden al plan de inversión para 2020 que quedarán contratados y en ejecución. Esto le permitirá al o a los nuevos operadores iniciar su plan de inversiones en 2021.

Según Ángela Rojas, agente interventora de la compañía, Electricaribe tenía un rezago de 10 años en términos de inversión, por lo que había fallas constantes en los servicios. Desde noviembre de 2018 han venido haciendo cambios importantes, como una inversión por $150.000 millones provenientes de recursos propios, con los que logró aumentar los inventarios de equipos en 24% para mejorar el servicio.

Según cálculos de la Superservicios, las deudas pre intervención ascienden a $2,4 billones, repartidos así: $1,8 billones al sector financiero, $390.000 millones a los generadores y $245.000 millones a otros proveedores.

El Gobierno no asumirá estas deudas y quedarían en el limbo, ya que entran automáticamente en proceso de liquidación. Teniendo en cuenta que la empresa ganadora tomará todos los activos, no habrá manera de responder.

Para el Gobierno esta subasta representa la oportunidad de liberarse de esta ‘papa caliente’. Y, al mismo tiempo, garantizar el mejoramiento del servicio para todos los habitantes de la Costa Caribe. Para las compañías preseleccionadas significa la posibilidad de quedarse con la región con mayor crecimiento en la demanda de energía del país.

Este ha sido uno de los principales chicharrones que ha tenido que enfrentar el gobierno Duque. El país está a la expectativa de ver en esta operación, finalmente, la luz al final del túnel.