Empresarios dicen estar afectados por suspensión del POT

Dinero.com habló con el Secretario de Planeación del distrito, Gerardo Ardila, quien explicó que ante el Consejo de Estado han llegado diferentes cartas de algunos empresarios de la ciudad manifestando su preocupación e inconformidad con la suspensión, del Plan de Ordenamiento Territorial POT que expidió el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

Desde el mes de abril, empresas como Makro Supermayorista S.A.S, han emitido cartas ante los magistrados del Consejo de Estado pidiéndoles que les expliquen algunos de los alcances de la suspensión del POT incluyendo lo que sucederá con los proyectos constructivos que algunos habían iniciado y que quedaron suspendidos con o sin radicación de los trámites.

En la carta de esta empresa mayorista, el secretario general, Fabián de la Parra, manifiesta su preocupación cuestionando a los magistrados quién protegerá los derechos de los particulares que habían incurrido en cuantiosos gastos y tenían planes legítimos de implementación de proyectos. A su vez, manifiesta su preocupación por que asegura que, con la suspensión del Decreto 364 de 2013 y por ende, la vigencia del plan anterior (190 de 2004), la ciudad retrocede cerca de 20 años en desarrollo urbanístico.

El Secretario de Planeación, aseguró que la carta de Makro es sólo un compilado de las preocupaciones generalizadas de algunos empresarios que no estuvieron de acuerdo con la suspensión del POT y que empiezan a sentir que los recursos que habían invertido en proyectos o diseños fueron perdidos.

“No hay una cifra exacta pero son muchísimos los empresarios y los constructores que se dieron cuenta que las posibilidades del Decreto 364 eran muy amplias que permitían construir una ciudad distinta, mejorar los procesos y disminuir los tiempos de gestión lo cual implicaba una mejor posibilidad de manejar el capital”, dijo Ardila.

Según la Secretaría Distrital de Planeación, sin el POT propuesto por el alcalde Petro, la ciudad se quedó sin financiamiento del desarrollo urbano ya que al menos el 69% de lo que se construye al año en la Capital, no genera soportes en espacio público y vías para la ciudad. Según cifras de la entidad, la suspensión continuará acentuando el déficit de infraestructura pública dejando de obtener cerca de $150 mil millones por año para financiar infraestructura vial de la ciudad; 39 mil millones de pesos por año para financiar parques; y 49 mil millones por año para financiar equipamientos.

Para Ardila, algunas de las preocupaciones de los industriales no sólo son los precios del suelo que eran reducidos por el POT, también las herramientas del manejo de la telefonía, los impactos ambientales con la localización de viviendas en áreas de riesgo, los equipamientos para prestación de servicios sociales, la educación básica, aspectos de salud, casas de justicia y las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

Ardila manifestó que no sólo los proyectos públicos quedaron a la deriva sino también muchos proyectos de privados que quedaron estancados y aún sin una respuesta por parte del Consejo de Estado.

“Estábamos empezando a tener resultados, pero la suspensión por parte del Consejo nos tomó por sorpresa y sin darnos la posibilidad de explicarle a la consejera (María Elizabeth García González, ponente de una de las demandas de nulidad del Decreto) los impactos que tendría una medida como esa. Han hecho mucho daño a un sector muy grande del empresariado bogotano”, explicó Ardila.

Para la Administración, la suspensión del POT impedirá la inversión de $240 mil millones por año en infraestructura pública y se congelarán los mecanismos de financiación para la ampliación y modernización de redes locales de acueducto y alcantarillado que tendrán que subsidiar los bogotanos, en vez de ser asumidos por cada proyecto; ingresos proyectados de $70 mil millones anuales.

Ardila fue enfático en reconocer que para algunas personas la suspensión del POT no tuvo daños trascendentales y aseguró que quienes sí han sentido los impactos negativos son los empresarios que tuvieron que hacer ajustes a sus planes y presupuestos.

Por el POT fueron radicados 5.111 solicitudes de licencias entre 2013 y 2014 con corte a abril de 2014, 312 solicitudes aprobadas, 581 solicitudes desistidas y 37 pendientes de revisión. Actualmente, la Secretaría de Planeación Distrital tiene 4.218 solicitudes de licencias diligenciadas pendientes de estudio.
Por lo anterior, Ardila pidió celeridad al Consejo de Estado para que brinde una pronta respuesta al distrito y ahora, a los muchos empresarios que sienten están desprotegidos y que sus altas inversiones están perdidas.

“No podemos hacer nada hasta que no se pronuncien y dependemos de ellos para saber hacia dónde cogemos y entre más se demoren, más difícil será para la ciudad porque esa falta de decisiones son muy dañinas para la economía, la confianza en la ciudad, la construcción y la ciudad en general”, subrayó el funcionario.

Ardila aseguró que la decisión del Consejo de Estado fue inapropiada y que confía en que la sala primera, en donde la Administración Distrital puso su acción de súplica, reconsidere la suspensión y analice una perspectiva más colectiva.