Colombia: ¿un conflicto por la tierra?

Colombia. En el escenario del conflicto por la tierra están, por un lado, Goliat: la minería -en pos del coltán, del oro, el uranio- y la agroindustria, con sus plantaciones de palma africana, por ejemplo. En el otro lado, David: los desplazados, los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos. Entre ambos, la violencia y la impunidad.

En “El acceso a la tierra, un camino para la paz en Colombia”, una conferencia en la Maison de la Paix en Bruselas, Fabián Oyaga, especialista en la problemática rural, explicaba lo preocupante de la perspectiva de la pacificación de un país en el que convive una economía boyante con un cruento conflicto interno.

Pocas hectáreas para tantos desplazados

Desde la óptica de los desplazados –más de seis millones de personas en los últimos veinte años- la perspectiva no es esperanzadora. En el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –que entró en vigor en enero de 2012- 2,5 millones de hectáreas ha prometido restituir el gobierno colombiano a las víctimas del conflicto armado despojadas de sus tierras.

En lo que va del año, en 13.824 solicitudes, han sido reclamadas ya 1.040.000 hectáreas. Pero, según datos que manejan las organizaciones de la sociedad civil, a seis millones podrían ascender las hectáreas usurpadas por la narco guerrilla y los paramilitares al servicio de diversos intereses.

“Esto podría superar la capacidad institucional del Estado colombiano, que no tiene un universo claro ni de las víctimas ni de la dimensión del despojo de tierras”, explica Oyaga, que trabaja para el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, apoyado por la agencia de cooperación alemana Misereor.

¿Misma violencia, otras víctimas?

Según un recientemente publicado informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) basado en los resultados de una misión internacional de observación a finales del 2011, los grupos de víctimas de la violencia en Colombia han cambiado: ahora se orienta hacia los líderes de la lucha por la restitución de tierras y de la oposición a los proyectos mineros y de la agroindustria. Según el informe, el 50 por ciento de los hechos violentos se aduce al paramilitarismo, el 17 al ejército, el 4 por ciento a la guerrilla. En 2011, 28 dirigentes sociales que reclamaban tierras fueron asesinados; en los últimos cuatro años, este tipo de asesinatos suma 55 casos.

Por otro lado, según Oyaga, a la situación de violencia aporta el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno colombiano: la implementación permanente y progresiva de titulación minera en todo el país se superpone con las zonas de población afrocolombiana, indígena y de reservas campesinas.

“17 millones de hectáreas van a ser dedicadas a la explotación de coltán, oro, hierro y platino. A ellas se suman las de explotación de petróleo y carbón. Y los proyectos mineros coinciden con la presencia ancestral de 12 pueblos indígenas de la Orinoquía y la Amazonía colombianas, en peligro de extinción social y cultural”, explica el especialista.

¿Perspectivas?

¿Cuál es la perspectiva, entonces, para el campesino y las minorías colombianas? “El contexto les es adverso”, responde Oyaga a DW y agrega: “hoy la minería está invadiendo territorios que deberían estar destinados a la producción de alimentos; más que a la producción de alimentos, el gobierno colombiano está apoyando la minería extensiva en territorios originariamente agrícolas”.

“Por otro lado, hay una sistemática y permanente agresión a los líderes campesinos; hay una estrategia de eliminación y oposición a la restitución de tierras por parte de actores ilegales y de intereses económicos en los territorios”, afirma Oyaga.

¿Y qué hace Europa?

En el marco del diálogo bilateral sobre derechos humanos, la Unión Europea debería llamar la atención hacia la protección de esas comunidades y debería aportar a superar la impunidad, pues “en Colombia ha habido poca o nula investigación judicial y condenas por desplazamientos forzados”, afirma Oyaga.

Además, “hay que generar espacios de reflexión acerca del acaparamiento de tierras, pues son también empresas europeas las que están generando desabastecimiento y violando derechos humanos. La UE debe revisar y certificar esas empresas”, concluye Oyaga, diciendo que en esta lucha por la tierra, en su opinión la base del conflicto colombiano, Europa se ha puesto, hasta ahora, siempre del lado de Goliat.