| 1/17/2018 4:30:00 PM

Colapso de puente en Boyacá generaría pérdidas por casi $11.300 millones

El colapso del puente Quebrada Blanca, en Otanche (Boyacá), generaría la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial por valor de $10.792 millones determinó la Contraloría, señalando como responsable al Fondo Adaptación.

La Contraloría General de la República señaló que los contratos de obra e interventoría de este puente, situado en un tramo de la llamada Transversal de Boyacá, demandaron inversiones de $9.504 millones y $1.287 millones, respectivamente.

Al atender una denuncia sobre el tema presentada por el senador, León Rigorberto Barón, el organismo de control encontró que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502.994 millones, con lo cual el detrimento total llega a los $11.294 millones.

Para la Contraloría, el colapso de la estructura del puente afectó significativamente la mayor parte de los elementos estructurales del mismo, y en gran medida se debió a errores de ingeniería, como fallas en los supuestos de diseño y en las revisiones de la etapa de pre-construcción, que se podían haber evitado si se hubieran detectado a tiempo, con una adecuada supervisión.

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El puente vehicular de Quebrada Blanca fue entregado a la comunidad el 27 de febrero de 2017 para su uso pleno y presentó colapso estructural a los 3 meses (entre el 19 y 21 de mayo).

Antes de colapsar, se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente (lo cual era una clara señal de amenaza sobre la estructura del mismo), pero no se realizaron gestiones para tomar acciones que pudiesen prevenir o contrarrestar una amenaza agresiva sobre la estructura.

Por otro lado, la Contraloría evidenció que para el diseño final del puente no se tuvieron en cuenta los conceptos técnicos, los antecedentes geológicos, los riesgos por inestabilidad de la zona y los colapsos que tuvieron por este motivo obras anteriores.

De acuerdo a comunicación dirigida por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, al director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá Durán, “los estudios y diseños Fase III no cumplieron con la finalidad esperada, al no brindar un diseño que se ajustara a las condiciones y necesidades del sitio, situación que redundó en el colapso de la estructura”.

Por dicho motivo, se configura un presunto detrimento patrimonial por $395.807 millones, correspondiente al valor de los estudios y diseños para este sector.

De igual manera, las funciones de interventoría ejercidas sobre este contrato presentaron deficiencias por cuanto no advirtieron todas las situaciones descritas anteriormente, que incidieron en el colapso de la estructura, generando un posible detrimento al erario por un valor de $107.186 millones, correspondiente al costo de la interventoría de los diseños del puente Quebrada Blanca.

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De acuerdo con la versión de la Contraloría, es claro que el colapso de la obra no es producto de un fenómeno súbito de la naturaleza, sino de un fenómeno de remoción en masa local detectado en estudios anteriores y “que podía haber sido controlado adecuadamente si se hubiera prestado la debida atención y se hubieran diseñado las obras, tanto del proyecto, como de mitigación de riesgo, de manera adecuada”.

Aún más, el organismo de control consideró que ese “era un riesgo previsible y controlable, y las debilidades presentadas en el diseño y la ejecución del proyecto generaron la materialización de los riesgos asociados, lo cual repercutió en un detrimento de los recursos públicos, y el incurrir en inversiones posteriores que no estaban contempladas, lo cual también se constituye en presunto detrimento patrimonial”.

¿Qué dice el Fondo de Adaptación?

Frente a la investigación del ente de control el Fondo aseguró que, el 19 de mayo de 2017, se produjo un movimiento en masa de gran magnitud (no local) activado por las fuertes lluvias que afectó un sector de aproximadamente 10 hectáreas, 1,5 kilómetros de ladera, 300 metros de la vía nacional y el puente Otanche de 100 metros de longitud. Ante la emergencia presentada, según las declaraciones del Fondo Adaptación, se solicitó el acompañamiento a los organismos de control, incluida la Contraloría General de la República, y explicó lo sucedido a los medios de comunicación.

Entre tanto, la entidad daestacó que no es cierta la afirmación que asegura se hayan perdido más de $10.000 millones invertidos en el puente porque, de acuerd con el Fondo, se evitó el colapso total, se recuperó la superestructura que se reutilizará en otro punto como tienen previsto con el Invías. "Hay pólizas que cubren una posible pérdida económica si se demuestran fallas técnicas por parte de los contratistas".

Agregó que "el Fondo hizo la debida gestión contratando en el 2014 firmas idóneas de reconocimiento nacional e internacional para realizar los diseños, construcción e interventoría de las obras".

La entidad precisó que los estudios especializados contratados por el Fondo con el consorcio Vial Itacol concluyeron en el 2013, que se podría construir el puente Otanche sobre la quebrada Aguablanca; la interventoría Cal y Mayor y Asociados aprobó los estudios y diseños; y el contratista Unión Temporal Juanchito (Amezquinta Naranjo Ingeniería y SYM Ingeniería SAS) los asumió para su ejecución.

Desde la puesta en funcionamiento del puente (julio 2016) el Fondo y el Invías realizaron el seguimiento que normalmente se hace después de entregada una obra y sólo hasta el 2017 se evidenciaron movimientos cuyo origen no era fácil de determinar, lo cual llevó a incrementar el monitoreo permanente y a convocar a los diferentes actores para determinar la causa.

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Además, según la versión oficial, el Fondo contrató la firma especialista Bateman Ingeniería S.A. para determinar técnicamente si era previsible identificar el fenómeno que ocurrió y de ser así establecer las posibles responsabilidades.

"Actuamos oportunamente y una vez ocurrido el hecho activó un plan de contingencia para atender y proteger a las familias, así como para evaluar conjuntamente con el municipio, la gobernación, el Invías, el Servicio Geológico Colombiano, consultores especializados, el diseñador, los contratistas y los interventores; alternativas para proteger la estructura".

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