A Bogotá se la llevó el POT

A muchos sectores de la economía le resultó sorpresiva la modificación por decreto, por parte del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a pesar del pronunciamiento negativo del Concejo Distrital y de las recomendaciones que surgieron en numerosos foros y eventos que se adelantaron en la ciudad, con la participación de los sectores productivo, académico, comunitario, político y de los organismos de control,  en los cuales se hizo evidente la inconveniencia de su adopción.   

Pero el problema es más crítico cuando las mismas empresas de construcción, quienes desarrollarían los proyectos teniendo en cuenta el POT, señalan que como negocio no es atractivo participar por la rentabilidad de los proyectos.  

El gerente de la constructora Oikos, Luis Aurelio Díaz, dice que independientemente de que la mayoría no comparta el documento de Petro, no está de acuerdo en que una decisión tan trascendental para el desarrollo de una ciudad con la dimensión de Bogotá se tome con la imposición de un decreto, “hay cosas para el gobierno, que por más diferencias que existan, deben ser convenidas, evaluadas, estudiadas, para que al final sean las más convenientes”.

Fuera de eso, Díaz destaca la pretensión del alcalde de incentivar más zonas verdes dentro del desarrollo urbanístico pero advierte que la manera de hacerlo significa un golpe al sector constructor porque el costo es alto y, al tratarse de proyectos que involucran Vivienda de Interés Prioritario, no resulta rentable para los desarrolladores.

“Sería viable incrementándole al precio de esas viviendas entre un 15% y un 25%, pero eso sería contradictorio porque dificultaría el acceso a la población que el alcalde de la ciudad quiere beneficiar”, señala el directivo.

En eso coincide el gremio de constructores, Camacol, que augura una caída del sector debido a que el POT, tal y como se decretó, obliga a las empresas que adelantan los proyectos a disponer de 20% del área construida para viviendas destinadas a los más pobres, o pagarle al Distrito el valor equivalente para que promueva proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

Por supuesto, tal y como lo explicaba el gerente de Oikos, deberán disponer también de aquellas áreas para espacio público y, además, responder por las redes de servicios públicos.

Para los constructores, otro aspecto a evaluar es la manera en que el documento incentiva un crecimiento que mezcla los usos del terreno sin importar las zonas. 

Los documentos anteriores intentaban regular y evitar la mezcla de usos en las diferentes localidades de la ciudad, estableciendo límites para las zonas comerciales, las zonas de tolerancia, las discotecas, etc, pero el actual POT (decretado por Petro) no tiene en cuenta esos límites, desencadenando un desarrollo de la ciudad sin ningún orden en ese sentido.

Camacol B&C había realizado un exhaustivo análisis cuyos resultados fueron entregados a la Administración, advirtiéndole de los riesgos que representaba para la ciudad la propuesta ya que carecía de sustento técnico y rigor jurídico para su adopción.

El Gremio se unió a voces de catedráticos, la Procuraduría, la Contraloría, las universidades, la Veeduría y otros gremios de Bogotá, así como del mismo Gobierno Nacional, para pedir al Alcalde un espacio de socialización en busca de una propuesta de modificación que le apostara al desarrollo de la ciudad y estuviera dentro del marco de la Ley, solicitud que no fue atendida por el mandatario.

Por ello, los dirigentes gremiales estuvieron de acuerdo en que el panorama que le espera a Bogotá no es para nada alentador, pues desde hace año y medio la construcción en la ciudad ha registrado los niveles más bajos en sus indicadores. 

Desde enero de 2012 a julio de 2013, el volumen de lanzamientos de vivienda se ha reducido en 13.200 unidades, siendo la vivienda social el segmento de mayor contracción. La oferta de vivienda nueva en la ciudad es hoy en 9% menor que hace un año, y 34% inferior al nivel máximo de los  últimos cinco años; además de la pérdida de empleo, que llega a más de 72.000 puestos de trabajo durante el último año. Así lo que puede pasar en adelante es que la ciudad entre en un estancamiento total.

El decreto firmado por el alcalde Petro se basa en objetivos que él ha enumerado y  sustentado así:

Con la adopción de la modificación POT, la ciudad cuenta con mecanismos concretos para que los más pobres puedan acceder a una vivienda digna en las zonas centrales de la ciudad, cerca al trabajo y no en los extramuros que son inundables.

Según explicó el secretario Ardila, “con la modificación del POT se podrán construir equipamientos de todo tipo en los barrios populares, para asegurar el acceso a derechos fundamentales (colegios, juzgados, hospitales, universidades, etc). Las normas se adecuaron para que se facilite la prestación de servicios sociales”.

La densificación de la ciudad que hoy es una realidad, se ordena gracias al ajuste del POT, para mejorar las condiciones de vida, a través de la generación de nuevos parques, vías y equipamientos.

Las zonas de conservación ambiental se aumentaron en 36,900 hectáreas (de las cuales 5.254 hectáreas se incrementaron en suelo urbano), con el fin de recuperar espacios del agua y fortalecer los procesos ecológicos y la biodiversidad.

La infraestructura de transporte podrá ser financiada por el desarrollo urbano, para agilizar la implementación del sistema de transporte masivo en la ciudad.

Los pequeños industriales tienen ahora la oportunidad de salir de la ilegalidad, ya que ahora pueden obtener una licencia; tal es el caso de zapaterías y textiles en el Barrio Restrepo, al igual que los talleres para reparar bicicletas en el sector de La Sabana.

El centro ampliado tendrá 186 hectáreas de nuevos parques que mejorarán las condiciones de vida en la ciudad. Entre esos se encuentra el Parque Corredor Ecológico del Río Fucha, que conectará los cerros con el Río Bogotá.

El Decreto que modifica el POT protege a los campesinos de Bogotá porque limita la expansión de la ciudad sobre las áreas rurales y permite la producción campesina compatible con la conservación ambiental.

De igual forma los ajustes al POT convierten al Distrito en líder de la iniciativa de gobernanza y gestión ambiental urbano-regional, que contempla subprogramas como el ordenamiento alrededor de los espacios del agua, manejo participativo y concertado del sistema distrital de áreas protegidas y la gestión de bordes y franjas de transición urbano-rurales.

La simplificación normativa promueve la legalidad, reduce trámites al desarrollo urbano y previene la corrupción, porque establece reglas de juego claras y sencillas en una sola norma: el POT.

Así mismo deroga todas las normas que estaban vigentes en el Acuerdo 7 de 1979 y Acuerdo 6 de 1990 (deroga más de 1,000 actos administrativos), y convierte la aplicación de los planes de implantación, regularización y planes parciales en instrumentos excepcionales facilitando y agilizando la gestión para el desarrollo urbano.