Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, será investigado por la Procuraduría General por su relación con Gustavo Moreno y el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia, así como el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, y la exgobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado, relacionados con el mismo caso.

De acuerdo con la Procuraduría General, las investigaciones son el resultado de unas declaraciones del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, en las que aseguró que los tres exgobernadores le habían “entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”.

En ese sentido, la entidad agregó que realizará varias pruebas para la etapa de indagación preliminar, para la cual los tres implicados no tienen derecho a algún tipo de recursos más que designar un apoderado y rendir versión libre.

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Fernando Carrillo, procurador General, designó al procurador delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, como funcionario especial de los tres casos.

A estos tres funcionarios se les unen el exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, y su sucesor, Daniel Pineda García, quienes serán investigados por la Procuraduría por su relación con las irregularidades en la contratación para construir el Estadio de Softball “José Gabriel Amín Manzúr”, uno de fútbol, uno de béisbol llamado “18 de junio” y las obras de mantenimiento del Estadio Happy Lora.

En este caso, la entidad pública aseguró que buscará “determinar posibles irregularidades contractuales en la ejecución de estos proyectos y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las presuntas faltas disciplinarias”.

Por otro lado el alcalde del municipio El Rosal, Hugo Orlando Arévalo Pulido, así como los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez, fueron citados a audiencia pública en la misma Procuraduría por presuntamente exigir tierras y recursos a cambio de no modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de su municipio.

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La Procuraduría explicó que el alcalde Arévalo “presuntamente exigió a los dueños de un predio una casa por cada hectárea utilizada en su proyecto de vivienda, una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario y al parecer pidió, en la sede de la alcaldía, dinero a una tercera persona, quien había solicitado audiencia para expresar su inconformismo frente al Esquema de Ordenamiento Territorial”.

A su vez, y para no modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial aprobado en 2015 para ese mismo municipio, los concejales Milton Mauricio Chacón, Henry Bohórquez Fierro, Hernán Clavijo, Jairo Hernán Pardo y Luz Adriana Sabogal Rodríguez, habrían exigido un pago de $1.200 millones.

Finalmente, por presuntamente hacer modificaciones irregulares al uso del suelo en Cajicá, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra el exalcalde de ese municipio, Oscar Mauricio Bejarano Navarrete.

La Procuraduría señaló que Bejarano habría modificado “sustancialmente” el uso del suelo en ciertas partes del municipio de Cajicá mediante un Plan de Ordenamiento Territorial a través de la aprobación de los planes parciales y la expedición de licencias de urbanismo y construcción a favor de diferentes empresas que habrían adelantado proyectos en el municipio, por lo que habría violado el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

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